La magistrada Graciela Rocío Santes desestimó las acusaciones de soborno que implicaban al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y otros litigantes, quienes estaban siendo investigados por un caso de presunta extorsión en perjuicio del abogado Juan Collado, arrestado a mediados de 2019.
“Este tribunal de alzada aprecia que contrariamente a lo alegado, la imputación contiene incongruencias sobre la versión de los hechos que se atribuyen a los imputados y a Julio Scherer Ibarra, así como omisiones acerca de las acciones o conductas que ejecutaron y que impiden ejercer la facultad de reclasificar la hipótesis delictiva propuesta”, señala la magistrada en el expediente 147/2022, cuyo contenido fue revisado por MILENIO.
El documento radicado en el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito señala que se encontraron versiones incongruentes e inconsistencia en los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual presentó 20 elementos de prueba, entre los que se encuentran las declaraciones de Collado y su hijo, además de un oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por ello, la magistrada determinó el pasado 26 de octubre el no ejercicio de la acción penal en contra de los demandados.
“Del análisis de cada uno de estos datos prueba, es posible insistir en las inconsistencias expuestas. Lo anterior porque sólo permiten acentuar las omisiones de la investigación, ya que se limitan a informar el contexto en que se imputan las conductas ilícitas a Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández, sin precisarse la forma en que intervinieron ante la Unidad de Inteligencia Financiera”, apunta Santes.
El caso destapado desde prisión por Juan Collado indicaba que Araujo y González, litigantes vinculados a Scherer, solicitaron 10 millones de pesos al abogado de Enrique Peña Nieto, a cambio de hacer las gestiones necesarias para que no fuera remitido a prisión por delitos relacionados con lavado de dinero y crimen organizado. El dinero habría sido entregado en la terraza del Hotel Hyatt de Polanco, en la Ciudad de México.
Poco después, los abogados cercanos a Scherer habrían exigido otra tanda de dinero a Collado, quien asegura que entregó, a través de intermediarios, más de un millón de euros en el hotel Wellington, de Madrid, España.
La magistrada encontró incongruencias en las horas de las supuestas reuniones y falta de evidencias para dar credibilidad al relato que hizo Juan Collado sobre el presunto caso de soborno.
Otro de los alegatos del ex abogado de Peña Nieto consistía en que los enviados de Scherer le solicitaron vender una de sus empresas, Caja Libertad, para que ésta pudiera ser adquirida a un precio bajo por inversionistas cercanos al ex consejero Jurídico de la Presidencia. De acuerdo con la versión de Collado, le exigieron “Libertad por libertad”.
“La incongruencia de la narrativa de la imputación da lugar a considerar, que la Fiscalía pretende ejercer la acción penal contra los imputados porque obligaron a Juan Collado a entregar dos diversas cantidades de dinero, suscribir un contrato y vender su empresa de servicios financieros, aún cuando este último conocía que su origen o propósito tenía relación directa con una conducta antijurídica diversa”, argumenta la magistrada.
Es por esto que Graciela Rocío Santes confirmó el auto de no vinculación a proceso, es decir, que no continúe la investigación en contra de este grupo de abogados, quienes ya no podrán ser llevados a juicio.
La magistrada también resaltó que la fiscalía acusó sin pruebas al propio Poder Judicial —para el que ella trabaja— e incluso dejó claro que de haber ocurrido los hechos que denunciaba Collado, éste no era extorsionado sino parte de la estructura, ya que a cambio de dinero pretendía obtener su libertad o llegar a un acuerdo reparatorio.
Cabe recordar que desde el pasado 19 de mayo, Jesús Delgadillo Padierna, el juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Sur, resolvió que no existía ningún dato de prueba que corroborara las declaraciones de Juan Collado y su hijo, Juan Ramón Collado Dot, sobre el supuesto dinero que entregaron en una maleta en un hotel de la Ciudad de México.
La resolución de la magistrada constituía la última instancia judicial para probar que los abogados vinculados a Scherer exigieron sobornos millonarios a Juan Collado.
Así cayó el caso Collado vs Scherer
Las acusaciones de Juan Collado contra Julio Scherer, retomadas por la FGR, fueron cayendo una a una al no poderse comprobar un caso de soborno en el que habrían intervenido cuatro abogados cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia.
A mediados de 2019, el ex abogado de Peña Nieto fue encarcelado por delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, en un movimiento inesperado, en mayo de este año Collado habló a través de una carta difundida en varios medios de comunicación.
Acusó a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández, cercanos a Julio Scherer, de extorsionarlo con el aval de su amigo poderoso en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
De esta manera, según Collado, a cambio de mucho dinero y la venta de su empresa llamada Caja Libertad, Scherer, que estaba bien conectado en todo el gobierno federal y el Poder Judicial, lo ayudaría a recuperar su libertad.
Sin embargo, el expediente 147/2022 que se guarda el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y que MILENIO revisó, revela que desde el pasado 26 de octubre del 2022 la magistrada Graciela Rocío Santes reveló las deficiencias de la imputación, donde resaltó las versiones incongruentes presentadas por la FGR.
Esta historia empezó desde el año 2020, cuando Collado le pidió a Julio Scherer que fuera intermediario en un acuerdo reparatorio propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su carta pública describió al entonces consejero así:
“Encontraron (sus hijos) en él una persona muy humana, empática y dispuesta a escucharlos. Somos conocedores de las capacidades jurídicas y de gestión que en la Administración Pública Federal desarrolla, por lo que tenemos mucha fe en que el licenciado Julio Scherer Ibarra”.
Dos años después, la versión de Collado sobre Scherer cambió, acudiendo ante el fiscal federal. Después, en mayo de este año, el Ministerio Público intentó vincularlos a proceso por tráfico de influencias, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La supuesta extorsión
El relato de la FGR señala que Araujo convocó a Collado en 2018 para decirle que tendría todo el apoyo de Scherer, su colega, quien pronto conquistaría el control del aparato de justicia.
Este sería el inició de lo que podría ser el nuevo thriller de abogados mexicanos. Y es que tiene todo: acusaciones, traiciones, incongruencias y muchos amparos.
Esta versión dice que el 28 de mayo del 2019, los litigantes se reunieron otra vez con Collado, para hablar de un reportaje que se publicó en un periódico nacional, en el cual se aseguraba que se realizaría una revisión fiscal en su contra. El twist: podrían ayudarlo con la participación de Julio Scherer, quien para ese entonces, se había convertido en el consigliere principal del Presidente.
De cualquier manera, el 7 de junio de 2019, se presentó una denuncia de hechos ante la FGR, acusando a Juan Collado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y entonces, según Collado, Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández volvieron a entrar en escena: el 18 de junio de 2019 le habrían presentado un documento oficial de la UIF, el oficio 110-F-B-2273-2019, por el que querían mucho dinero.
En la terraza del Hotel Hyatt de Polanco, en Ciudad de México, a las 14:30 aproximadamente, Collado y su hijo, Juan Ramón Collado Dot, entregaron una maleta donde había 10 millones de pesos.
Pero el destino de Collado estaba echado: el 9 de julio de 2019, y a pesar de haberle entregado el dinero, César Omar González le informó que nuevamente había una investigación federal por el uso de recursos ilícitos. Ese mismo día Collado fue detenido.
Al día siguiente, los abogados Araujo y González fueron al reclusorio Norte para decirle que Julio Scherer, con sus influencias, lograría que el tema se turnara a un tribunal específico, donde serían beneficiados.
“De esa manera lo siguieron extorsionando con falsas promesas y amenazas, ahora, la exigencia era por el pago de 3 millones de dólares, los cuales tenían que ser entregados fuera del país. Derivado de esta misma negociación, el 20 de febrero de 20 en Madrid, España, en el hotel Wellington, se le entregó un cheque a otro abogado, Isac Pérez Rodriguez, de 1 millón 381 mil 850 euros”.
Además que le condicionaron su libertad a cambio de que se vendiera su empresa Libertad Servicios Financieros. De ahí la famosa frase que Collado lanzó: “Libertad por libertad”.
“Todo ello con entrevistas y participaciones de Julio Scherer en los que se señalaron que los posibles compradores era el banco Afirme del señor Julio Villarreal Guajardo”, también, supuestamente cercano a Julio Scherer.
El caso
En palabras muy técnicas, el pasado 26 de octubre, la magistrada Graciela Rocío Santes confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de los abogados, al advertir “incongruencias” relevantes en la imputación y la solicitud de vinculación.
La deficiencia de la imputación se resume en que los hechos atribuidos con base en el tipo penal de tráfico de influencias, el cual contiene diversas versiones incongruentes entre sí. Y que afectan el evento fáctico, atribuido por los ilícitos de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que obstaculizan sostener el propósito delictivo con el que se imputó el delito de asociación delictuosa.
En vocabulario civil, esto quiere decir que la magistrada reveló que la fiscalía, en su solicitud de vinculación a proceso, planteó tres diversas versiones que son incongruentes, ya que no es posible establecer si los imputados promovieron la conducta ilícita de Scherer, para que éste realizara la gestión del trámite o resolución ilícita ante la UIF.
La magistrada también refiere la supuesta gestión que habrían llevado a cabo los abogados ante el Poder Judicial, para conducir el proceso de Collado dentro de un hospital o para lograr un acuerdo reparatorio.
Ante esto, dijo: “Se robustece la deficiencia de la imputación pues además de que se omite la especificación de las acciones de los imputados ejecutada, directa o indirectamente ante los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; tampoco se aportó dato de prueba alguna que permita deducir de la transgresión al sistema de turnos del consejo de turnos del Poder Judicial”.
Por otra parte, sobre la supuesta venta de la empresa Caja Libertad, en la que habría estado involucrado otro abogado, David Gómez Arnaut, dijo que desde la Fiscalía no se desarrolló la forma en que los imputados o Julio Scherer tuvieron injerencia en el procedimiento.
El dinero
Sobre los supuestos pagos de dinero, el expediente judicial aclara que la autoridad federal pretende ejercer acción penal contra los imputados, porque supuestamente obligaron a Juan Ramón Collado Mocelo a entregar diversas cantidades de dinero, suscribir un contrato y vender su empresa de servicios financieros, sin embargo aun cuando, y suponiendo que fuera cierto, Collado conocía que su origen o propósito tenían relación directa con una conducta antijurídica.
Y es que Collado y su hermano, Antonio Collado Mocelo, no eran ciudadanos desinformados: cuentan con un despacho de abogados, por lo que no se advierte explicación alguna para justificar que no tuvieran conocimiento del motivo irregular de la entrega del dinero, la firma del contrato de servicios profesionales y la venta de su empresa.
Sobre el tema de la asociación delictuosa, sucedió lo mismo que con los otros delitos: la magistrada dijo que la Fiscalía no pudo comprobar el propósito delictivo para formar la asociación delictiva que se pretendió asignar.
El maletín
Desde el pasado 19 de mayo, el juez Jesús Delgadillo Padierna planteó que no existía ningún dato de prueba que corroborara las declaraciones de Juan Collado y su hijo, sobre el supuesto dinero que entregaron en una maleta.
Y es que los abogados no negaron que existió esa reunión, sino que recibieran 10 millones de pesos a la hora de la comida, en un hotel concurrido. E incluso destacó que el propio hijo de Collado afirmó que el hecho ocurrió entre las 14:30 y las 14:45, mientras que la Fiscalía afirma que fue entre las 14:00 y las 14:45 horas.
Tampoco proporcionaron ninguna característica, por ejemplo, de la vestimenta del abogado César Omar González Hernández, ni cuál fue la mecánica específica, o por qué no se tomó ningún registro de esa entrega, si el propio hijo de Collado se sentó en otra mesa.
En la apelación que presentó la Fiscalía ante la Magistrada, y que MILENIO revisó, alegaron el impedimento del juez Delgadillo, otra vez recurriendo al tema de sus lazos familiares: el esposo de su tía (René Bejarano) fue procesado por la denuncia de una persona, representada en ese entonces por Juan Collado, aunado a que entre los defensores del esposo de su tía estaba Araujo Riva Palacio.
Desde mayo, la autoridad federal dijo que iniciaría una carpeta de investigación en contra Delgadillo Padierna, el juez de control del Centro de Justicia Federal en el reclusorio Sur, por tener una conducta inadmisible luego de que resolviera a favor de Scherer y abogados afines en primera instancia.
Sin embargo, fuentes al interior del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revelaron que no hay registros de quejas o denuncias en contra de Delgadillo Padierna.
Parece que el caso del ex consejero jurídico finalmente está llegando a su fin. Mientras tanto, los abogados acusados en esta presunta red, podrán seguir trabajando desde sus despachos.
DMZ