Ante la ola de inseguridad por la que atraviesa México, el clamor general de gobiernos municipales y estatales con la Federación es el de más presupuesto para pacificar sus regiones.

Debido a esta solicitud y cumpliendo con lo estipulado en la llamada “Reforma Militar”, en la recta final de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, los legisladores de Morena y sus aliados avalaron un recorte al presupuesto del Poder Judicial por mil millones de pesos para destinar recursos adicionales al fortalecimiento de las policías estatales.

Además de este dinero, los municipios recibirán para el próximo año 5 mil 692 millones 492 mil 286 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), el cual fue creado principalmente para fortalecer la seguridad de los municipios y pagar la nómina de las policías locales.

Sin embargo, gran parte de estos millones de pesos del erario no se sabe en qué ni cómo se utilizan.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló después de un análisis a la Cuenta Pública de 2021, que más de mil millones de pesos del FORTAMUNDF no se sabe en dónde quedaron

Los municipios que tienen que aclarar la mayor cantidad de dinero de las aportaciones federales son Chimalhuacán, Estado de México, con 166.9 millones de pesos; la alcaldía Cuauhtémoc y Coyoacán en la Ciudad de México con 122 millones y 82.8, respectivamente; San Luis Potosí capital con 82.2 millones de pesos y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con 78.4 millones de pesos.

En la lista de los municipios que deben de aclarar un porcentaje más alto del dinero federal que recibieron, se encuentran Huamantla, Tlaxcala, con el 92.4 por ciento; Orizaba, Veracruz, con el 90.6 por ciento; San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca con 74.1 por ciento; Juchitán, Oaxaca, con el 63.1 por ciento y Tala, Jalisco, con el 62.9.

De los mil 093.7 millones de pesos, monto total por aclarar, la ASF informó que del 80.4 por ciento de ese dinero (878.8 millones de pesos) falta documentación comprobatoria del gasto, el 7.9 por ciento (86.2 millones de pesos) son obras terminadas que no se encuentran en operación y el 7.5 por ciento (82.2 millones de pesos) son recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con el objetivo del fondo.

La Auditoría además concluyó que existe opacidad en el proceso de gestión de los recursos por la falta de planeación y porque los municipios no cuentan con metas u objetivos plenamente definidos.

En la Cuenta Pública de 2021, las principales anomalías que detectó la ASF fueron por falta de la comprobación de los recursos para fines establecidos con el 77.6 por ciento.

“En la Cuenta Pública 2021 se agudizó esta irregularidad por los cambios de administraciones municipales, siendo que las salientes no cumplieron cabalmente con los procesos de entrega-recepción establecidos en sus normativas locales”

“Una práctica que se ha observado con regularidad es que los recursos del fondo se emplean como ‘recuperaciones de caja’, es decir, se utilizan recursos de otras fuentes de financiamiento para el pago de los conceptos de gasto y posteriormente se transfieren los recursos del FORTAMUNDF a otras cuentas bancarias para recuperar los desembolsos, lo cual no está establecido en las disposiciones normativas y resta transparencia en el ejercicio del gasto”, concluyó la ASF.

La importancia del presupuesto

En 1992 se comenzó a descentralizar los recursos económicos del Gobierno federal y para 1997 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y se creó el Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1998.

La iniciativa del Ejecutivo federal de aquel entonces propuso la creación de tres fondos: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pero el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de dos fondos adicionales: el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los gobiernos deberán de utilizar prioritariamente los recursos federales que se otorgan a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para las necesidades de seguridad pública de los habitantes, el pago de derechos de agua, descarga de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación y mantenimiento de la infraestructura.

El FORTAMUNDF ha sobrevivido a varias modificaciones normativas, pero sigue manteniendo los mismos alcances de su aplicación y ejercicio. Además, es de vital importancia para los municipios ya que en algunas demarcaciones representa casi el 40 por ciento del total de los recursos transferidos.

Los recursos federales que se otorgan a través del FORTAMUNDF son para satisfacer las necesidades de seguridad pública de los habitantes, el pago de derechos de agua, descarga de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación y mantenimiento de la infraestructura

Un programa similar con el que contaban los municipios fue el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que fue desaparecido en el ejercicio fiscal de 2020.

A diferencia del FORTASEG, que se entregaba a los municipios o estados que ejercían la función de seguridad, el FORTAMUNDF aplica para todos los ayuntamientos y el monto se entrega de acuerdo a la cantidad de habitantes.

Debido a esta situación, alrededor del 80 por ciento de los municipios del país destinan más del 20 por ciento de los recursos del FORMANUDF a la seguridad pública. En total, el 43.7 por ciento de este fondo se destina a dicho rubro en todo el país.