Sin pudor, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presumió antier la revisión que hizo al dictamen legislativo sobre la iniciativa de reforma constitucional político-electoral que se redactó en sus oficinas y no en la Cámara de Diputados, confirmando en público lo ilusorio de la separación de poderes en tiempos de la cuarta transformación.
Ayer por la mañana, las 934 páginas del mamotreto fueron recibidas en San Lázaro por los integrantes de las Comisiones Unidas para su dizque estudio y aprobación, a fin de que se apruebe en el pleno diputadil en que Morena y sus parasitarios aliados lo palomearán tal como fue pergeñado.
Para efectos prácticos, el ejercicio es una descarada farsa no solo por la improbabilidad de que los diputados y senadores de la oposición aporten el número necesario para alcanzar los dos tercios del Congreso de la Unión requeridos para que prospere la insensata propuesta, sino porque su principal promotor, el presidente López Obrador, la dio ya por muerta y aventuró un vulnerable “plan B” de modificación de leyes que casi de inmediato reconoció de difícil aprobación porque serían inconstitucionales.
Este lunes en MILENIO Televisión, con mi compañero Alejandro Domínguez, el investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Miguel Eraña, explicó lo que está en juego en lo que pareciera limitarse a las autoridades electorales pero en realidad invade otras áreas clave del Estado mexicano:
La propuesta “es profunda” porque perfila “un cambio de régimen” mediante la modificación de cuando menos 18 de los 136 artículos de la Constitución. Afecta a) el sistema electoral, b) el de partidos políticos y c) las relaciones entre los Tres Poderes de la Unión.
El planteamiento afecta órganos constitucionales autónomos (Instituto y el Tribunal Electorales), pero también la estructura misma del Congreso, por lo que en vez de una simple reforma lo que procedería es la conformación de un Congreso Constituyente.
Son aspectos tan de fondo que “hubo marcha y habrá una contramarcha” pero con eso del “apoyo popular, habría que recordarles a las dos partes que acabamos de celebrar el 16 de noviembre el Día Mundial de la Tolerancia”.
Para Eraña, “López Obrador ha capitalizado un tema que anunció desde una semana después de su triunfo electoral”, pero lo hace después de que “vio que su partido había decrecido de 26 millones de votos en el Congreso (en 2018) a 22 millones (en 2021)”.
Al “plan B” legaloide no le augura nada bueno: “Es imaginería política y buenos deseos”.
Para lo que morenistas y morenianos quieren se tiene que resolver tal número de contenidos constitucionales “que les impide prácticamente cualquier movimiento” porque “lo que tiene es un camino vedado en la Constitución…”.
La aprobación del “dictamen” legislativo redactado en Gobernación y “revisado” por el secretario López es, por lo mismo, una patética vacilada que será superada por la procesión bautizada como marcha del oficialismo del próximo domingo...
Carlos Marín