El hallazgo de siete cuerpos con huellas de violencia en la comunidad El Jabalí, en Aquismón, San Luis Potosí, fue el corolario, en junio pasado, de una marejada de ejecuciones, secuestros, extorsiones y desapariciones llevados a cabo por el crimen organizado. 

Los siete hombres fueron abandonados en la carretera libre Valles-Rioverde. La mayoría estaban desnudos y presentaban huellas de violencia extrema. 

 

Se trataba de otro de los coletazos que, según las autoridades, desató en San Luis la captura en abril pasado del líder Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo Treviño. 

Desde hacía dos años, aquel estado célebre por sus colindancias con diez entidades de la República ―lo que lo convierte en un punto de importancia mayor para las organizaciones criminales―, se había visto arrasado por la violencia. 

Un día aparecieron amontonados en los asientos de dos camionetas abandonadas en la Interestatal, los cadáveres de 13 personas. En el parabrisas de uno de los vehículos habían dejado una cartulina que avisaba lo que le iba a pasar “a todas las jaliscas”. 

 

Por los mismos días seis cuerpos más fueron tirados en Vanegas. 

En un fin de semana ocurrieron en San Luis 46 homicidios. Los medios mostraron un desfile de encobijados, maniatados, torturados y acribillados con armas de alto poder. 

Desde mayo de 2020 una manta colocada al lado de cuerpos sin vida anunciaba: “Ya llegamos, somos CJNG”. 

 

El clima ominoso que recorría al menos una decena de municipios y se centraba en San Luis Potosí y Soledad, era ya inocultable. 

Un reporte de la Sedena fechado el 21 de agosto de 2022, que forma parte los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, revela la operación en el estado de ocho organizaciones criminales: 

el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, los Alemanes, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Los Talibanes y el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación. 

Los militares detectaron, además, la presencia de un grupo conocido como Cártel de los Independientes, cuyos miembros se alquilan al servicio de organizaciones mayores como halcones, sicarios y distribuidores de droga. 

 

Según el documento, la disputa territorial más violenta está ocurriendo en dos municipios: San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Ahí se ceba la pugna ente el Cártel Jalisco y Los Alemanes (grupo que fue liderado hasta su detención por Alfredo Alemán Narváez, El Comandante Alemán). El reporte indica que a resultas de esa lucha el CJNG “está mermado en sus capacidades” debido a la cantidad de elementos abatidos “y las cantidades de armas aseguradas”. 

El 22 de agosto, agobiados por la inseguridad, la violencia, las balaceras y la estela de sangre, los presidentes municipales de Ciudad Valles, Rioverde, Tanlajas, Tamazunchale, Tamuín, San Antonio, Axtla, Rayón, Tancahuitz, Huehuetlán y Tamasopo, se reunieron, según una minuta filtrada por Guacamaya, con el general Arturo Fuentes, comandante de la 12ª Zona Militar. 

De acuerdo con la minuta, los alcaldes expusieron el clima de violencia, las extorsiones al sector azucarero y minero, y hablaron de las disputas de territorios “a los cuales nunca acuden autoridades de seguridad”. 

Para entonces, entre enero y agosto se habían cometido 442 homicidios, relacionados en su mayor parte con la delincuencia organizada. 

El documento indica que el general Fuentes manifestó la importancia de que los presidentes se coordinen con sus directores de seguridad pública, para que “cuando haya un evento, ellos sean los que deberán hacer frente en un primer término o en su caso que se vea rebasado proporcionará apoyo la Guardia Civil del Estado y si aun estos se ven rebasados solicitarán apoyo de las fuerzas de la federación” aunque solo por delitos de alto impacto “ para no realizar desgaste de recursos humanos y económicos”. 

El general agregó, según la minuta, que “en caso de que personal militar coadyuve con autoridades civiles en cuestiones de seguridad de sus municipios, deberán prestar el apoyo de instalaciones con alojamientos dignos a fin de elevar la moral de las tropas”. 

Antes de concluir, el general explicó los motivos por los que la Sedena gestiona predios para la construcción de Bancos del Bienestar: “todo primordialmente encaminado al desarrollo social”. 

Manifestó, para cerrar, que el Ejército solicitaría la anuencia de la Secretaría de Educación Pública del estado para que se permita la entrada de personal militar “a las escuelas de distintos niveles a efecto de poder interactuar con la niñez mexicana y llevar programas de respeto a los símbolos patrios”. 

La minuta, número S.I.I.O./OPS/4859 asienta que el personal asistente “mostró buena actitud” al contar con el apoyo militar.