El Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los sucesos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, asevera que las autoridades no dijeron la verdad. Y denuncia un procedimiento inhumano que no es propio de un país civilizado como el que tenemos y queremos.

Dice que a 22 personas las mataron por la espalda y a una la quemaron viva.

De acuerdo con la CNDH, los asesinos pertenecen a la Policía Federal.

Cuando la autoridad es la que mata por la espalda e incinera a una persona, como dice el Informe, ¿qué se puede esperar de los delincuentes?

Vamos a tener versiones de la PF y de la CNDH, encontradas, y así se perderá la discusión en las semanas y meses hasta que llegue la siguiente matanza y un nuevo intercambio de acusaciones.

Pero lo que queda como lección, y urge resolver, es un grave problema de seguridad y derechos humanos en el país.

Ese problema comenzará a resolverse el día en que el Presidente anuncie el retiro del Ejército de las funciones de seguridad pública que le han encomendado.

No es que el Ejército, como institución, sea un violador de derechos humanos. Categóricamente no. Sino que retirarlo de las calles es la única forma de obligar a que el propio gobierno federal y los estatales formen policías de verdad.

Tampoco se trata de sacarlo de la noche a la mañana de las funciones que actualmente realiza, sino de anunciar un plazo perentorio de su retirada para que los gobiernos comprendan que no tienen de otra que armar buenos cuerpos policiacos.

Hace algunas décadas el gran problema que generaba inconformidad y recelo a las autoridades era la falta de limpieza electoral.

Hubo decisión política para crear el IFE, quitar a los partidos de la organización de las elecciones, se dio a representantes ciudadanos la mayoría del voto en el consejo del IFE.

Y sobre todo, hubo que invertir mucho dinero para contar con un “ejército” de capacitadores y funcionarios electorales, además de una credencial de elector con fotografía. Santo remedio.

Desde luego todavía hay problemas con algún candidato al que no le gustan los resultados cuando no le favorecen, o también de exceso de gastos en rubros que no tienen que ver con el perfeccionamiento de la democracia.

Pero lo sustancial se arregló. No se duda del INE, ni hay trampa a la hora de contar los votos, y ya no votan los muertos.

Se acabó con un gran foco de malestar cívico que en los años 80 hacía ebullición en el país.

Ahora son los temas de inseguridad y derechos humanos los que agobian a una gran parte de la ciudadanía y alimentan una pésima imagen de México en el mundo.

Hay, pues, que obligar a los estados a tener policías de primer nivel en un tiempo perentorio, pagar buenos sueldos, dar asesoría y equipamiento necesarios… e invertir mucho dinero.

¿No hay? Tiene que haber. Como lo hubo en su momento para crear el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La seguridad y los derechos humanos son una prioridad nacional, fuente de malestar social y de escarnio contra México en el mundo.

Twitter: @PabloHiriart