Muy al principio, los integrantes de la actual legislatura nos hicieron pensar que serían diferentes, que erradicarían los vicios del pasado y darían paso a un parlamento distinto, mejor, opuesto a los anteriores que ha tenido Morelos. La esperanza duró muy poco, apenas unos cuantos meses; luego vino el caos, el enfrentamiento y la repetición de las mismas cosas que han hecho los tres congresos que los antecedieron. La regla volvió a prevalecer: resultaron peores.

Más por un sentimiento de esperanza que por alguna razón concreta, muchos confiamos que la 55 sería una legislatura distinta; razones tangibles para pensarlo no teníamos, por ello tomamos algunos elementos que podrían ayudarnos a mantener esa ilusión: había tres exalcaldes que venían de haber hecho un buen trabajo municipal, llegaba una mujer joven, feminista, activista social y nativa de la capital. También un empresario y una dama que representaba a las comunidades indígenas. Lo demás era lo mismo de siempre, nada que valiera la pena observar por separado.

A un año de distancia nada queda de la expectativa que despertó este congreso: los exalcaldes no han sabido conducir el destino del parlamento, ni tampoco cumplieron su promesa de impulsar una legislatura municipalista que apoyara a los ayuntamientos y a sus habitantes. La joven promesa tampoco brilló: dejó de lado sus convicciones personales y cambió su futuro por dinero. Lo mismo sucedió con el empresario y la mujer indígena.

Mucho han alegado los representantes populares respecto a su actuación y sus decisiones, afirman responder a un interés superior, a la gente que votó por ellos, pero con sus actos demuestran lo contrario. Incluso sus expresiones de honestidad quedan anuladas ante la evidente corrupción en que han convertido la sede legislativa; corrupción económica, política, social y hasta personal.

Dicen que su interés es ponerle freno al gobernador y acabar con la opacidad en el manejo de los recursos públicos; “Nosotros queríamos ponernos de acuerdo, pero él (Cuauhtémoc Blanco) nos trató con desprecio y nos maltrató como si fuéramos sus empleados. No se lo vamos a permitir”. Suponiendo que así haya sucedido, su desquite va más allá del ejecutivo, las acciones y decisiones tomadas afectan más a los ciudadanos que al gobernador.

La exposición que hizo hace unos días el senador “H” en el pleno del senado de la república sobre lo aprobado en el paquete económico 2023 para Morelos es contundente; Sergio Pérez detalló que se creó un fondo de casi 500 millones de pesos para “Infraestructura Regional Municipal” y se incrementó en 51 millones el Fondo de Acciones Municipales; también se aumentó en 88 millones el presupuesto para el congreso, lo que lo convierte en uno de los más costosos del país. “Cada diputado nos costará 24 millones de pesos al año, es decir, 2 millones cada mes”; la ampliación presupuestal autorizada a la cámara de diputados no contempla un incremento de sueldos para la base trabajadora, ni tampoco inversión en infraestructura o mejora de servicios, es dinero que se irá directamente al bolsillo de los legisladores.

Lo que al principio parecía una lucha contra el ejecutivo se ha transformado en una pelea de muchos contra el congreso, porque al conocerse las cifras autorizadas y la manera como se canalizará el dinero, los primeros en reclamar fueron los presidentes municipales. Al principio el debate era por la cláusula de transferencias anulada al ejecutivo; ahora lo que está en el panorama es un debate por los excesos cometidos, por la desproporción en el apoyo y la indefensión en la que han quedado muchas instituciones que dependen del presupuesto.

Reitero: los representantes populares pueden argumentar lo que quieran, pero ahora que se conocen los detalles de lo que aprobaron queda claro que más allá de tratar de ponerle un alto al ejecutivo, lo que tratan de hacer es robar como ninguna otra legislatura lo había hecho.

A algunos ciudadanos les puede resultar atractiva la idea de que el bloque de 15 legisladores “le pusieron un alto al gobernador en materia de transferencias”, pero ni los alcaldes ni el resto de la ciudadanía puede estar de acuerdo en que apoyen solo a 3 de 36 municipios, ni que cada representante popular se autoasigne un presupuesto anual de 24 millones de pesos, es decir, que cada mes se lleve 2 millones de pesos. Anular la cláusula de transferencias parece un distractor de su verdadero objetivo: robar.

Todos los elementos que están a la vista van más allá del debate público y de la percepción mediática, porque invariablemente serán considerados por las autoridades judiciales a quienes les corresponderá analizar la controversia constitucional.

Los integrantes de la 55 legislatura morelense tuvieron la oportunidad de hacer historia, de mejorar la imagen del parlamento y convertirse en una verdadera representación popular; no era tan difícil: los congresos que los antecedieron fueron terribles, llenos de corrupción, mediocridad, abusos y escándalos, lo único que tenían que hacer era no repetir los vicios del pasado, o al menos no en la misma intensidad. Sin embargo, lo hicieron… y los superaron.

Los abusos del presupuesto 2023 no son los primeros de la legislatura, recordemos que al llegar intentaron crear un fondo municipalista para realizar obra pública, un fondo con 540 millones de pesos que sería manejado por los propios diputados, a través de interpósitas personas, contraviniendo abiertamente la ley, porque ningún congreso en México está facultado para realizar obra pública. Luego está el dinero que se asignaban como “viáticos”: la panista Andrea Gordillo recibió casi 1 millón de pesos de viáticos en los últimos tres meses del 2021.

Los números son fríos y echan abajo el discurso de los legisladores: lo que aprobaron no es un presupuesto municipalista, ni mucho menos un presupuesto social; vamos, ni siquiera se trata de una propuesta financieramente equitativa en donde se privilegien los sectores y las comunidades más necesitadas, se trata de un robo disfrazado a través del cual los representantes populares no solo hacen política y cobran facturas personales al jefe del ejecutivo, de paso se asignan 88 millones de pesos más, con lo cual se convierten en el congreso más caro de México y ellos en lo individual, en los representantes populares mejor pagados del país.

Social y políticamente hablando, el presupuesto aprobado por 15 diputados es un abuso. Legalmente seguramente será echado abajo en una controversia. Lo que será imborrable será la imagen de corruptos de estos legisladores.

Por cierto, también son legisladores graquistas.

• posdata

Conocido en el Senado de la República como el “Senador H” por aquella intervención pública en la que solicitó que “se le quitara la H a Usos Horarios”, Sergio Pérez Flores presentó la semana pasada un punto de acuerdo para exhortar al congreso de Morelos, a propósito de la aprobación del Paquete Económico 2023. Así habló el “Senador H”

“Lamentablemente quince diputados y diputadas de Morelos acaban de aprobar un presupuesto en la más completa opacidad; entre otros rubros se están destinando 492 millones de pesos para un Fondo de Infraestructura Regional Municipal y se están incrementado 51 millones de pesos para el fondo de Acciones Municipales, dichas asignaciones se hicieron sin tomar en cuenta ningún criterio de planeación, ningún criterio constitucional como el plan estatal de desarrollo o los planes municipales de desarrollo, y aspectos tan importantes como las necesidades de los municipios, la extensión territorial y su número de habitantes; estos quince legisladores y legisladoras destinaron recursos a municipios donde casualmente gobiernan sus familiares o amigos, a esos municipios sí les incrementaron el presupuesto y dejaron fuera a municipios donde existen necesidades muy importantes de infraestructura, de salud y seguridad pública, como Cuautla, Amacuzac, Emiliano Zapata, Xochitepec, Zacatepec, Tepoztlán, entre otros; los dejaron fuera del presupuesto para el año 2023. En dicho presupuesto las y los legisladores de Morelos se incrementaron 88 millones de pesos, para eso sí hubo incremento, para sus dietas personales y para sus pensiones, es decir, para gastos que ejercerán ellos de forma directa y que llegaran a un monto de 488 millones de pesos; cada diputado le costara al pueblo de México y al pueblo de Morelos 24 de pesos al año, es decir, 2 millones de pesos mensuales lo que va a mantener al Congreso de Morelos como uno de los más caros del país. No obstante haber aumentado sus dietas, los legisladores locales no incrementaron el sueldo de los trabajadores, ni destinaron recursos para comprar insumos para las actividades cotidianas de mantenimiento del inmueble, entre otros gastos muy importantes; en este presupuesto de egresos los legisladores también vulneraron el derecho de los maestros jubilados y pensionados, maestros que ya trabajaron, que ya entregaron su vida a la enseñanza… eliminaron 38 millones de pesos que estaban destinados al pago de pensiones y prima de antigüedad de los maestros morelenses. Es importante este exhorto porque si no se reconsidera este presupuesto, estaremos teniendo graves consecuencias”.

• nota

El cierre de un ciclo en gobierno no concluye con la entrega de un cargo; la responsabilidad que conlleva una responsabilidad pública, sobre todo aquellas que implican manejo de recursos económicos, no termina con la renuncia, sobre todo ahora que las leyes contra los servidores públicos se han endurecido.

La compleja relación entre poderes no es un asunto menor, ni algo que pueda tomarse con ligereza por quienes actualmente forman parte de una administración pública; el enojo de los diputados y sobre todo el de los fiscales es un tema que todos los funcionarios estatales y municipales deben considerar al momento de tomar decisiones.

Desde hace tiempo las diferencias entre poderes han ido más allá de lo institucional, se han vuelto personales y consecuentemente se trasladarán a otros ámbitos. El pleito entre los legisladores y el gobernador ha subido mucho de tono y afecta a todos los integrantes de ambos poderes; hay más personas que se han metido entre las patas de los caballos y muy probablemente resultarán afectados.

Ojo: el congreso maneja la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y tiene una relación muy cercana con las fiscalías, de manera particular con la Anticorrupción. Estando en el cargo el panorama puede parecer maniobrable porque se cuenta con la protección del poder, pero el alcance legal de las acciones que puedan emprender cualquiera de estas dos instituciones es grande y sumamente peligroso, si el asunto se hace personal.

“Yo terminando esto me voy de aquí y no me importa lo que hagan” cuenta un funcionario que hizo personal el pleito con algunos diputados ¿En serio? ¿Y qué pasa si te inician un proceso legal? Silencio.

• post it

¿Qué opinará el secretario de gobernación de que un empleado suyo sea quien opere en el congreso morelense contra un gobernador amigo y aliado del presidente de México. Peor: que ese mismo personaje haga mancuerna con Graco Ramirez, un político que abiertamente se ha manifestado en contra de Andrés Manuel López Obrador y del proyecto de Cuarta Transformación.

• redes sociales

Percepción da y percepción quita: la buena imagen que tenían los diputados al inicio de la legislatura se ha perdido. Será muy difícil que se recuperen del desgaste que están sufriendo. Imposible justificar que se lleven cada uno 2 millones de pesos al mes.

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