ESTRATEGIAS

El 15 de noviembre pasado fue presentada la Comisión Especial de Feminicidios creada por la Quincuagésima Quinta Legislatura y que encabeza el diputado Alberto Sánchez Ortega, que entre los casos que deberá “investigar” está el de Ariadna N, la joven cuyo cadáver fue encontrado en Tepoztlán, y que las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos no se ponen de acuerdo si murió por golpes o a causa de una broncoaspiración.

De acuerdo al boletín 050 emitido por la oficina de Comunicación Social del Congreso Local, “la Comisión anunció que en 15 días más se reunirá con los representantes de los medios de comunicación para dar a conocer la ruta crítica y los avances de su labor”.  No especifica si son días naturales o hábiles, pero en cualquiera de los casos el plazo ya feneció y al parecer el asunto ya se les olvidó.

Más bien, ya cumplió su cometido: atraer reflectores hacia los 15 diputados que tienen el control del Congreso y que están ávidos de prestigio social. Ya quedó en el registro de las televisoras el rostro del diputado Alberto Sánchez Ortega diciendo: “Lo decimos fuerte y claro: con la tragedia y el dolor de las mujeres víctimas de feminicidio no se juega, en eso estamos comprometidos las y los diputados de Morelos”.

A su lado, los rostros compungidos de Julio César SolÍs, Tania Valentina, Paola Cruz, Andrea Gordillo y Agustín Alonso, quienes integran la Comisión que en teoría tiene como objetivo: “elaborar un informe especializado que permita esclarecer las posibles omisiones legislativas, normativas y de actuación, de las entidades obligadas y responsables de un debido proceso, que asegure el pleno acceso a la justicia de las víctimas directas o indirectas por feminicidio en el estado de Morelos”.

Hasta las titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas y del Instituto de la Mujer, Penélope Picazo e Isela Chávez, respectivamente, estuvieron en la conferencia de prensa, para “engordarles el caldo”.

Puro choro. En los hechos la comisión fue creada para exonerar de cualquier responsabilidad al fiscal morelense como parte de un acuerdo político que incluye también el incremento sustancial a su presupuesto, mismo que será devuelto en plazas y “moches” a través de sus empresas constructoras.

A casi tres semanas de distancia no se ha proporcionado información sobre los avances en su trabajo. Ya sabemos que el fiscal Uriel Carmona les entregó copia de todo el expediente que exonera de Feminicidio a Rautel N, pero tenemos mucha curiosidad de saber si ya pidieron las carpetas de investigación que tienen ABIERTAS las Fiscalías de la Ciudad de México y la General de la República, y cuál fue su respuesta.

Y es que lo dijimos desde el principio y lo sostenemos: esa comisión legislativa no tiene facultad alguna para pedir ningún dato, y estará a expensas de la buena voluntad de las autoridades.

Nos extrañan las declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, al decir que no viola el debido proceso. Claro que no lo viola, siempre y cuando se mantenga al margen de las investigaciones.

Es como cuando en un levantamiento de cadáver se reúnen en torno al mismo reporteros de nota roja y curiosos para ver el acontecimiento. No se les puede impedir su presencia siempre y cuando estén atrás de la cinta amarilla.

Lo mismo aquí, los diputados y su equipo de expertos pueden preguntar todo lo que quieran, pero no tener acceso a las carpetas de investigación. Imagine usted, estimado lector, que en alguna de las “sábanas” de las empresas de telefonía aparezca el número de alguno de los amigos de los diputados como quien recibió alguna de las llamadas del tal Rautel.

Por eso es que la mencionada comisión no puede usurpar ni duplicar acciones del Ministerio Público o del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Morelos. A lo mucho -como lo explicamos en una columna anterior- podrá ser una especie de Visitaduría de Derechos Humanos, pero si es así entonces para qué queremos a la CEDH Mor que preside Raúl Israel Hernández Cruz.

Por otra parte, llama la atención que después de la “llamarada” mediática derivada de la conferencia de prensa que ofreció la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en los siguientes días vino un silencio sepulcral en torno al caso. Ya no han vuelto a mencionar al fiscal de Morelos en “La mañanera” ni en las conferencias de Claudia ni las de su fiscal Ernestina Godoy.

La Fiscalía General de la República, tampoco ha dado a conocer información oficial al respecto, aunque se supone que, al haber atraído el caso de la joven Ariadna, debe estar realizando las pesquisas necesarias para esclarecer si efectivamente la Fiscalía de Morelos intentó proteger a un feminicida, o la Fiscalía capitalina está fabricando un delito inexistente. Tan grave lo uno como lo otro.

Llama la atención que en las entrevistas subsecuentes al escándalo, el fiscal Uriel Carmona y su jefe de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez, siguieron sosteniendo su hipótesis de que Ariadna murió por broncoaspiración (aunque modificaron su primera declaración en el sentido de que “no hubo indicios de violencia”) en tanto que Claudia Sheinbaum no dejó de acusar al fiscal de Morelos de proteger al feminicida.

Dicen los conocedores que Claudia no se habría arriesgado a dar tal declaración si no tuviera las pruebas contundentes de que así fue, pues va de por medio su credibilidad no sólo como jefa de Gobierno, sino como una de las firmes aspirantes a la Presidencia de la República.

Es por ello que resulta por demás trascendente que la FGR emita cuanto antes su veredicto, por las connotaciones políticas que habrá de tener, cualquiera que sea el sentido del mismo.

Mientras tanto, ya metimos nuestra solicitud de información pública para que el Congreso nos informe si los miembros de la Comisión que encabeza Ariadna Isabel Urbina Ayala están recibiendo algún pago y de qué partida presupuestal lo están erogando.

HASTA MAÑANA.