Basta la silvestre declaración del abogado defensor de Pedro Castillo en el sentido de que su cliente pudo haber estado “sedado” (querría decir intoxicado porque el delincuente no estaba dormido) cuando anunció su autogolpe de Estado, para que el presidente López Obrador corrigiera sus injerencistas expresiones y se disculpara con las autoridades constitucionales de Perú.
“Cuando leyó el mensaje, unos minutos antes le dieron una bebida y después se sintió atontado. Por eso leyó… Todos vieron que leyó de forma temblorosa y mi hipótesis es que estaba sedado”, dijo el penalista Guillermo Olivera.
Otro defensor, éste oficioso, el congresista Guido Bellido para el periodo 2021-2026 (ex presidente del Consejo de Ministros de Castillo cuatro meses del año pasado), revela también lo peligroso de que el malhechor siguiera en el cargo:
“El estado psicológico de Pedro Castillo, al leer el mensaje a la nación, evidencia que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido. Urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de palacio…”.
Por irresponsable o por ingenuo, Castillo cubre sobrados requisitos para que, como lo determinó el congreso de su país, proceda en su contra la moción de “incapacidad moral permanente” que el sujeto del sombrero descomunal desparramaba.
Sin embargo, López Obrador ha de tener otros datos:
“Aunque parezca increíble, lo destituyeron por incapacidad moral. Lo cierto es que son intereses creados y todo esto afecta al pueblo. ¿Por qué no les gusta Castillo? Porque es un maestro de un pueblo de la sierra de Perú, no es un fifí…”.
En alto contraste, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró:
“Siempre es lamentable que un presidente electo democráticamente tenga esta suerte, pero entiendo que todo fue remitido en el marco constitucional”.
Y el gobierno chileno del socialista Gabriel Boric, a través de su cancillería, dijo lamentar “profundamente” lo acontecido y deseó que la crisis peruana “se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de derecho”.
Ambos personajes de la izquierda latinoamericana viven de cerca la realidad peruana.
Mucho más ajeno y lejano, el gobierno mexicano se precipitó con el sujeto que cargaba ya con seis denuncias y una acusación sobre diversos actos de corrupción (en beneficio de familiares y colaboradores), a los que hoy se suman cargos por delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Luego de que lo hiciera Daniel Ortega, el criminal dictador de Nicaragua, AMLO expresó su resuelto apoyo a Castillo y acusó a las élites económicas y políticas de haberlo estado hostigando.
Pese a la protesta de la cancillería peruana por la evidente intromisión y en detrimento de la otrora respetada imagen internacional de la diplomacia exterior, por desgracia se antoja cada día más improbable que López Obrador acepte su penosa y rotunda equivocación...