"Por encima de la ley está el pueblo,
está la democracia. Yo voy a estar aquí
mientras el pueblo me respalde".
Andrés Manuel López Obrador
Uno podría suponer que la primera preocupación de un legislador que esté trabajando en una nueva ley secundaria sería evitar que ésta tenga aspectos inconstitucionales. No en nuestro país. En el afán por obedecer las órdenes del "señor Presidente", y en coincidencia con la filosofía del "y que no me vengan con que la ley es la ley", los senadores están aprobando una nueva legislación electoral secundaria a sabiendas de que es inconstitucional.
No lo digo yo. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, doctor en derecho por la UNAM, identificó 21 "bloques" de inconstitucionalidad en la iniciativa del Presidente, que se aprobó con dispensa de trámites, sin dar tiempo siquiera para leerla, en la Cámara de Diputados. En el Senado, Monreal trató de que sí se discutiera y se enmendaran sus aspectos inconstitucionales, pero el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, violando la autonomía de la Cámara, ordenó que 15 de los 21 fragmentos con problemas de inconstitucionalidad fueran aprobados por la mayoría oficialista.
Los problemas no son pequeños. La orden de reestructurar el INE, que proviene de un viejo rencor del presidente López Obrador, viola la Constitución, pese a que mucho de lo que ahora se está desmantelando es producto de propuestas de la izquierda cuando era oposición y quería todavía un sistema electoral más justo. Es inconstitucional limitar las facultades de los Organismos Públicos Locales (OPLES), eliminar las 300 juntas distritales permanentes, reformular el procedimiento para designar a funcionarios de casilla, eliminar la Secretaría Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, duplicar el número de afiliados para crear un nuevo partido, destituir al actual secretario ejecutivo, eliminar la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, establecer el requisito para que la papelería electoral la imprima la Secretaría de Educación Pública, permitir el voto desde el extranjero solo por internet y legalizar la personalización de la propaganda gubernamental.
El secretario de Gobernación solo dio permiso para el retiro de seis de las medidas inconstitucionales. Una de ellas era la que impulsaron el Partido del Trabajo y el Partido Verde para reducir la posibilidad de una pérdida de su registro y su negocio como partidos políticos.
¿Por qué han insistido el gobierno y sus legisladores en aprobar una legislación inconstitucional? Una razón es el desprecio a las leyes. El presidente López Obrador está haciendo lo mismo que los mandatarios del viejo PRI al impulsar medidas inconstitucionales porque considera que su voluntad tiene más peso que cualquier artículo de la Constitución. AMLO, además, confía en su creciente control sobre la Suprema Corte de Justicia, que piensa le permitirá obtener cualquier fallo que ordene, aunque sea inconstitucional. Le ayuda que las reglas obligan a que una mayoría de ocho de los 11 ministros tenga que votar para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Por lo menos dos de los votos en la Corte, los de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ya están de antemano comprometidos con cualquier iniciativa suya.
El Presidente quiere establecer reglas que favorezcan a Morena y dejar como herencia política un sistema de partido hegemónico como el que tuvimos de 1929 a 1997. Por eso está dispuesto a eliminar muchas de las medidas que permitieron el surgimiento de un árbitro electoral independiente, la alternancia de partidos en el poder y su propia llegada al poder.
· CASTIGO
Lamento la muerte de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, pero no puedo evitar recordar sus palabras sobre el fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle: "Yo gané. Me la robaron. Los castigó Dios".