Juicio político a Graco
Hugo Carbajal Aguilar |
2016-08-20
Es la petición, la exigencia de una buena parte de la sociedad morelense que se ha hecho escuchar a todos los niveles y en todos los ámbitos cansados ya de la sordera institucional y de la arrogancia de este régimen estatal perredista que sumó apoyos con la idea formal del cambio frontal contra una forma de gobernar de priístas y panistas que hicieron del poder fuente de ingresos con descaro total.
Juicio político que no se va a realizar dado que el Congreso en su mayoría reacciona en favor de las peticiones de este gobernador que se encaramó vendiendo la idea de que él fue el ejecutor de la salida de Jorge Carrillo Olea antaño su cuate y colega.
Ese Juicio Político que se realizó hace 17 años tuvo que ser legal y jurídicamente soportado. No sólo se debió a las marchas y a la participación de Graco en ellas, en las cuales tomó el micrófono para despotricar contra ese Carrillo Olea acusándolo de no hacer nada para detener el secuestro y la extorsión.
Efectivamente, algunos ciudadanos solicitaron con toda formalidad Juicio Político al gobernador Carrillo. Entre ellas estaban Graco Ramírez, Adrián Rivera del Pan, Julián Vences, José Luis Huete y otros. Una vez recibida la petición, la Comisión de Régimen Interno la valoró y en el pleno la entregó a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su procedencia y dictamen. Ninguno de los peticionarios –exceptuando a Huete (+)- regresó a darle impulso procesal al Juicio solicitado. No se volvieron a parar en el Congreso.
Como no había mucho sustento legal documentado, la Comisión de Gobernación pidió a J.L. Huete quele solicitara, a su vez, citar a algunos agraviados por los secuestros y los interrogara públicamente. Así se hizo. Llegaron varios agraviados y fueron interrogados uno por uno en una sesión pública. Coincidieron en que ni el Procurador, ni el propio Gobernador les habían hecho caso y se encontraban desesperados.
Aún más. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, encabezada por el compañero Nacho Suárez Huape (q.e.p.d.) tuvo conocimiento de que la Policía Judicial estaba tirando el cuerpo de un individuo que había sido torturado y muerto en los separos. Así que todo eso se integró.
Todavía más. Al abrirse la investigación fueron a dar a la cárcel el procurador de entonces Carlos Peredo Merlo, el director de la Judicial Miyazawa y el comandante responsable de la policía antisecuestros, Martínez. Este aguerrido personaje contaba ya con una seria acusación en el Estado de Guanajuato a donde fuimos a solicitar su expediente criminal mismo que nos proporcionó el propio Procurador de ese Estado junto con una estupenda información:
Nos dijo que una pareja de sus policías se había trasladado a Morelos a fin de pagar el rescate de un secuestrado fingiéndose sus parientes. Justo en el momento del pago (en una barranca) llegaron los policías embozados y cubiertos y la mujer policía de Guanajuato rescató la bolsa del dinero obligando al comandante Martínez a gritarle que ya había echado a perder el rescate. Ella lo reconoció y dio parte a su jefe.
El procurador de Guanajuato llamó al de Morelos informándole que su propia policía era la secuestradora. El procurador morelense Peredo Merlo le dijo que le llamaría al día siguiente a las diez de la mañana, una vez que hablara con Carrillo Olea.
Dijo el de Guanajuato: “Y nos dieron las 10… las 11… las 12 y la 1… como dice la canción. Así que yo –sigue diciendo- me comuniqué otra vez cerca de las 7 de la noche sólo para recibir la disculpa de mi colega morelense junto con esta explicación: “Estás equivocado. Ese policía me ha resuelto muchos secuestros, no es él”. Claro! Dice, él los provoca, él los resuelve”.
Ese expediente me fue entregado y fue integrado al ya voluminoso que habíamos forjado junto con otro más entregado por el Tribunal del Edo. de México.
En resumen, no fue Graco quien sacó a Carrillo Olea del poder, no fue tampoco el enojo del pusilánime vende patrias de Zedillo. Fue una sociedad agraviada que participó, que se expresó, que dio seguimiento a su exigencia, que obligó al Congreso del Estado a solicitar a la Suprema Corte que resolviera una controversia constitucional dado que el Tribunal Superior de Morelos regresó a los 3 días el expediente alegando que el Gobernador no era sujeto de Juicio Político. La Suprema, de manos del Ministro Genaro Góngora Pimentel, resolvió y dio la razón al Congreso.
Esa es la historia aun cuando faltarían algunos detalles. Y vaya que la conozco, los abogados responsables fueron Rogelio Ortiz y Manuel Salazar (q.e.p.d.) y quien presidió esa Comisión de Gobernación fue quien escribe este artículo que ya hacía falta.Es más, el expediente constaba de 2 mil 60 fojas (así se dice), 6 cassetes y tres videocasetes.
No puede colgarse milagritos el c. gobernador actual y seguirse haciendo el héroe, más bien, debería atender a esta comunidad de indignados por su proceder; hablar con el rector de la UAEM, disculparse con él de atentar contra esa sumamente importante institución morelense; explicar a los transportistas que no se trata de afectar sus intereses sino de mejorar el servicio; llamar la atención de su represora y cobarde policía única; incrementar la seguridad de los morelenses resolviendo extorsiones, secuestros y desapariciones.
Todo. En lugar de sentirse el próximo y más guapo candidato a la presidencia de la república aunque esta actitud es normal en todos aquellos a quienes ha enfermado el poder.
Esperemos tiempos mejores, pero no sólo esperemos, participemos a fin de edificar las condiciones necesarias para ello.