La estrategia del gobierno en prevención del delito ha resultado fallida, al igual que la capacidad de realizar detenciones en flagrancia.
La incapacidad del Gobierno de Morelos para prevenir la comisión de delitos y realizar detenciones en flagrancia han resultado factores determinantes en el aumento del nivel de impunidad de crímenes que sitúa a la entidad en el segundo lugar nacional de casos no resueltos, apenas por debajo de Oaxaca.
De 2016 a 2021, el estado gobernado por el morenista Cuauhtémoc Blanco tiene un porcentaje de impunidad acumulada que es del 99.8 por ciento, de acuerdo al estudio “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022″, realizado por la organización civil Impunidad Cero.
En Morelos, solo dos casos por cada mil homicidios dolosos ocurridos tienen a un culpable detenido.
En cuanto al delito de feminicidio, la entidad se coloca en el sexto peldaño con una impunidad acumulada del 86.5 por ciento, debajo de Oaxaca y Tlaxcala, estados que no reportan casos con sentencias, mientras que Chihuahua ocupa el tercer sitio con 98.8, seguido de Colima con 92.1 y Puebla con 88.7, según reporta la organización con base en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
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A finales de octubre, el ex delantero americanista rechazó toda posibilidad de cambiar de estrategia en materia de seguridad porque gracias a ésta su gobierno ha detenido a importantes delincuentes.
“No podemos cambiar de estrategia porque hemos agarrado, ya se los he repetido muchas veces, a delincuentes que nadie se ha metido con ellos y ahí están las pruebas”, presumió durante un evento en un mercado de Cuernavaca.
Pese a que la violencia ha aumentado de forma exponencial en el estado, los responsables de la seguridad no parecen sentirse aludidos para atender este flagelo, ni con la intención de reforzar la prevención de los delitos como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro y el robo en general.
Los número hablan y contradicen la eficacia de la estrategia de seguridad
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Los datos actualizados a noviembre del SNSP sobre homicidios dolosos cometidos en 2022, apuntan a que el año culminará con un alza respecto a 2021, que totalizó con mil 35 muertes violentas, mientras que a noviembre del presente, Morelos acumula 956 crímenes.
Cifra a la que de sumar los 55 asesinatos reportados en el informe de seguridad diario registrados hasta el 19 de diciembre, eleva el número de muertos a mil 11.
En cuanto a los casos de feminicidio, hasta noviembre suman 30 casos, esto es, 3 más en comparación con el año anterior.
En los delitos de secuestro, robo total y extorsión, las cifras también escalaron respecto a 2021. En lo que corresponde al primer delito citado, Morelos acumuló de enero a noviembre del presente año 22 casos en comparación con los 21 ocurridos durante la anterior anualidad.
En robo total, hasta noviembre de este año suman 13 mil 955 delitos cometidos, en tanto que el año anterior, en el mismo periodo se registraron 13 mil 530 y, en cuanto al delito de extorsión existe una diferencia de dos casos, mientras que hasta noviembre de 2022 totalizaron 141, en 2021 el número fue de 139.
Estas cifras reflejan el fracaso en la estrategia de seguridad del Gobierno, evidencian un notorio fallo.
El fracaso en seguridad, prevención y detenciones en flagrancia
Aunque el Mandatario local y el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, no lo ven así.
A estas autoridades les han sobrado argumentos para justificar el alza de la violencia.
Mientras Blanco suele reiterar el grave déficit de policías en la entidad cuya suma, ha subrayado, rebasa los 10 mil efectivos; llama la atención que en el “Diagnóstico y Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales del Estado de Morelos” realizado por el titular de la CESP en 2019, reconoció un déficit de 1.3 elementos operativos en activo.
Esto es un faltante de 2 mil 640 elementos, que significa una diferencia de 7 mil 360, entre la propuesta del Vicealmirante y la deficiencia que señala el Mandatario estatal.
Para Ortiz Guarneros, la problemática de seguridad en Morelos se resolvería captando nuevos policías, por lo cual consideró que un estado de fuerza óptimo sería de 1.8 policías por cada mil habitantes (3 mil 620), de ahí que propuso como meta contratar 150 elementos anuales en promedio, para totalizar con 750 más al finalizar del mandato.
En fechas recientes, Ortiz Guarneros ha insistido en endosar la factura de la violencia a los grupos criminales asentados en Morelos.
En la entidad, reveló en agosto, existe la presencia de al menos 14 grupos criminales que se pelean el dominio territorial, entre éstos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Comando Tlahuica, Los Rojos y el Cártel del Noreste (CDN).
Desafortunadamente no existen cifras oficiales que refieran el dato de detenciones en flagrancia efectuadas por la Policía de Morelos, sin embargo, el propio titular de la CESP reconoció en su última comparecencia ante el Congreso local que han sido escasas.
En el mes de septiembre, ante el ambiente de inseguridad y total impunidad que prevalece en Morelos, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez exigió un cambio en la estrategia de seguridad o la sustitución del titular de la CESP.
En un comunicado, el legislador del Partido Nueva Alianza reprochó a Ortiz Guarneros su falta de interés por detener a los delincuentes que tienen “secuestrada” a la entidad, en donde a diario ocurren actos delictivos en espacios públicos sin que haga algo para evitarlos.
“Es más lamentable que a pesar de que todos los días escuchamos sobre asaltos, robos, balaceras y asesinatos, la corporación policiaca estatal no implemente operativos para frenar a los grupos criminales, parece ser que no hay ningún interés por parte del titular de la dependencia, José Antonio Ortiz Guarneros”, expresó entonces el legislador.