Plantas tratadoras, el negociazo
En 2012, a su llegada al Gobierno de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu creó el Programa Emergente de Operación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales con la finalidad de rehabilitar las que ya estaban construidas pero no funcionaban, y construir otras tantas. Lo que nunca dijo es que serían hechas con los estándares mínimos de calidad y los cobraría como si los tubos fueran de plata.
De acuerdo a un estudio denominado Operatividad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales del estado de Morelos, las principales causas de contaminación de las aguas en las cuencas del estado de Morelos son fundamentalmente de tres tipos: descargas municipales, descargas Industriales y contaminación difusa de agroquímicos, lixiviados u otros elementos contaminantes, producto de actividades agrícolas o la existencia de desechos sólidos mal confinados.
Sin embargo, las descargas residuales municipales son las que mayor impacto tienen sobre las cuencas en la entidad, principalmente por su volumen y la estructuración de sus puntos de descarga. Donde los parámetros de coliformes fecales y coliformes totales, manifiestan concentraciones superiores a los 10 mil puntos, cuando los niveles de DQO5, DBO y SST revelan una calidad aceptable.
Ese estudio, realizado por la Asociación Mexicana de Ingeniería Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA), en 2015 existían en la entidad 52 plantas de tratamiento municipales. Sin embargo, sólo 36 plantas funcionaban con normalidad, 19 se encontraban fuera de operación y dos colapsaron por desbordamientos fluviales. El 64% de la capacidad de tratamiento está centralizado en tres municipios: Jiutepec, Cuautla y Cuernavaca, aunque conjuntamente albergan sólo el 39% de la población.
La planta de tratamiento de aguas residuales de Acapantzingo, construida en el gobierno panista de Marco Adame, nunca ha operado al cien por ciento y, a menos de diez años de su inauguración, su tecnología ya es obsoleta y podría salir más caro actualizarla que descontinuarla y poner nuevas plantas en operación, según dio a conocer el primer titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Constantino Maldonado Krinis, quien recordó que, a pesar de que fue ampliamente publicitada como la más grande por su “capacidad” para tratar un alto volumen de aguas residuales, solo trató un 30% de las aguas negras que se generan en la ciudad.
Explicó que el déficit ambiental no se debió propiamente a la operación de la planta, sino a una obra de infraestructura hidráulica que quedó incompleta. Desde principios de este sexenio fue evidenciada la inoperatividad de la planta y las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) señalaron que tomarían acciones legales contra la empresa que tiene la concesión, Aqualia, por los escasos resultados que hay en el cuidado ambiental, pues no está cumpliendo con el tratamiento ni del poco volumen de agua que recibe, sin que hasta el momento se haya informado si ya se presentó la demanda correspondiente.
Contra quien sí hay una acción legal pero en materia penal es el anterior secretario de Desarrollo Sustentable (SDS), Topiltzin Contreras MacBeath, el que parecía ser el más honesto del gabinete de Graco y ya lleva prácticamente cuatro años en juzgados y despachos de abogados.
Justamente ayer la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado para dar a conocer que logró que magistrados de la Sala del Segúndo Circuito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocaran el auto de no vinculación a proceso dictado por una Jueza a favor de Topiltzin N.
Lo anterior, al considerar la juzgadora que la Fiscalía aportó los suficientes datos de prueba para vincular a proceso al exsecretario de Desarrollo Sustentable y dos exfuncionarios más por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, al presuntamente pagar más de 12 millones de pesos por una planta valorizadora de residuos ubicada en el municipio de Mazatepec, la cual, no fue operada de forma correcta y tampoco recibió el mantenimiento necesario, por lo que ahora se encuentra inservible.
En audiencia de apelación, relacionada con el toca penal 122/2022-13-OP, los magistrados declararon fundados y motivados los agravios expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, ya que durante la imputación presentó los datos de prueba suficientes para lograr la vinculación a proceso.
De acuerdo a la información que ha difundido la FECC, por presumiblemente ser omisos en la vigilancia, seguimiento de la construcción y operación de la planta valorizadora de residuos ubicada en el municipio de Mazatepec, fueron imputados Topiltzin "N" ex secretario de Desarrollo Sustentable de la anterior administración estatal, José Iván "N" ex subsecretario de Gestación Ambiental y Noé "N ex director general de Gestión Ambiental.
Presuntamente, los imputados recibieron la planta de valorización de Mazatepec para operarla por dicha dependencia o a través de concesión y mantenerla a niveles óptimos de funcionamiento, lo que no sucedió, ya que la empresa que la operó no tenía la capacidad técnica ni certificación para hacerlo apegándose a los manuales y protocolos de funcionamiento, y tampoco dio mantenimiento preventivo, lo que ocasionó daños severos, dejándola inservible.
Presuntamente, el 29 de noviembre de 2016 firmaron el acta de entrega física y formal de una planta de valorización de residuos sólidos en el municipio de Mazatepec, construida por la empresa Fabricantes y Distribuidores de Materiales para la Construcción S.A de C.V (FADIM), por la que se pagaron 12 millones 121 mil 297 pesos con 50 centavos.
Los exfuncionarios tenían la obligación de vigilar que la planta fuera entregada operando eficientemente, así como verificar el correcto uso del equipo y la capacitación de las personas que lo manejaban, pero al recibirla no se ocuparon de revisar si funcionaba de forma apropiada y tampoco verificaron que cumpliera con lo establecido.
Ante esto, los magistrados de la Sala del Segundo Circuito del TSJ determinaron vincular a proceso a los exfuncionarios y ordenaron a la juez citar a audiencia para determinar el plazo de investigación complementaria.
Por lo que, tras la audiencia se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Desde nuestro particular punto de vista a Topiltzin le ha faltado un buen abogado pues no advertimos que haya habido una intención de favorecerse económicamente, más bien un descuido en el manejo de las finanzas.
Las ironías de la vida: el que fuera reconocido activista ecológico hoy sigue yendo a firmar al Penal de Atlacholoaya y quien se dedicó a cobrar los “moches” que daban las empresas constructoras por cada concesión o contrato, hoy está bien tranquilo analizando cómo va a influir en las próximas elecciones para gobernador.
HASTA MAÑANA