Avezada en asuntos latinoamericanos, Yadira Gálvez Salvador, doctora en relaciones internacionales, me anticipó que la franca intromisión del presidente López Obrador y del canciller Ebrard en los asuntos internos de Perú podía llevar a lo que ya ocurrió: que las autoridades constitucionales de aquel país expulsaran de su territorio al embajador de México, Pedro Monroy, bajo la bochornosa fórmula persona non grata.
Habíamos grabado ya la charla que se difundió en dos partes las noches del 12 y 13 de diciembre pero, como no dejaba de ser una especulación, consideré que lo mejor era conservar la sólida argumentación de la experta sobre la indudable condición delincuencial en que quedó el imprudente ex presidente peruano al pretender dar un autogolpe de Estado.
Para expresar su solidaridad con él, AMLO dice algo de lo que no cabe la menor duda: que el ex profesor rural metido a la política fue elegido por su pueblo, pero los electores votan por candidatos o candidatas que no arrastran problemas con la justicia y quienes, ejerciendo ya su cargo cometen probables delitos, como es el caso de Castillo, o cuando como éste violentan el orden constitucional, no merecen mantener su puesto.
La tragicomedia del hombre del enorme y característico sombrero se da en una nación tan vulnerable desde el punto de vista institucional y criminal que en 32 años, atrapada en una enmarañada historia de corrupción, ha padecido presidentes que terminan siendo perseguidos por la justicia, están encarcelados, en arresto domiciliario o son sujetos de procesos de extradición (el caso más dramático es el de Alan García quien, a punto de ser capturado por sus tratos turbios con la empresa Odebrecht, se suicidó).
Ayuno de conocimientos y experiencia de gobierno, la incapacidad de Pedro Castillo es tan palpable que en año y medio tuvo cinco ineficientes gabinetes, bien porque sus ministros renunciaran o porque él los despidiera.
Pésimo el doble lenguaje diplomático de las autoridades mexicanas porque, aun después de las reiteradas expresiones injerencistas descalificando a las autoridades peruanas, tanto López Obrador como Ebrard siguen exaltando la política de “no intervención”, obsequiando a ese pobre diablo el trato de víctima de fuerzas oligárquicas que nada tienen que ver con su probada irresponsabilidad y violación de las leyes de su país.
Bien sin embargo que se honre la tradición de asilo político brindándoselo a la familia de Castillo, a pesar de que su esposa es investigada, pero no ha sido inculpada formalmente, por los presuntos actos de corrupción que antecedieron al autogolpe.
Como con sus colaboradores, el ex presidente peruano ha sido inestable inclusive para defenderse: sus abogados le renunciaron y uno de ellos llegó a decir que el golpista estaba intoxicado cuando leyó el decreto de su frustrado autogolpe.
Así las cosas, no procede la cacareada solidaridad con un sujeto tan indefendible como impresentable…
Felices fiestas, regreso el 9 de enero.