La historia del Instituto Nacional Electoral (INE) se puede relatar por sus momentos de enfrentamiento con el Gobierno. Las tensiones han sido mayores en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, que a cada tanto acusa al árbitro electoral de haber propiciado fraudes en el pasado y de estar al servicio de una cúpula de ricos y políticos de la derecha. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, un abogado y académico de 50 años, concluirá el 3 de abril su cargo como presidente del instituto, que ha ejercido desde 2014. Con él se irán otros tres consejeros electorales: Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. La designación de los cuatro reemplazos, incluido el de un nuevo presidente, augura un nuevo periodo de disputa en la Cámara de Diputados, órgano encargado de hacer los nombramientos.
El instituto y sus 11 integrantes tendrán este año la responsabilidad de implementar los cambios del “plan B” de la reforma electoral de López Obrador y organizar las elecciones en el Estado de México y Coahuila. También deberán preparar los comicios de 2024, donde López Obrador y una oposición cada vez más articulada disputarán la presidencia de la República y las dos Cámaras del Congreso. El tamaño de la responsabilidad requiere que los nuevos consejeros tengan un perfil profesional e imparcial para garantizar elecciones limpias, de acuerdo con los especialistas, pero en México los partidos acostumbran a repartirse los nombramientos como si se tratara de cuotas, lo que ha levantado sospechas de que algunos consejeros responden a intereses políticos más que ciudadanos. “Químicamente puro no vamos a encontrar a nadie”, dijo el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, el pasado 28 de diciembre.
El diputado morenista Hamlet García Almaguer declaró en noviembre que a su partido le correspondía quedarse con tres de los cuatro cargos en disputa. La aritmética demuestra que el partido en el Gobierno no lo tendrá tan sencillo como eso. La elección de los nuevos integrantes del instituto requiere del voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados (333 votos), según el artículo 41 de la Constitución. Aunque Morena reúne la mayoría simple con sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, tendrá que ceder en los nombramientos y aceptar perfiles que cuenten con el visto bueno de la oposición.
El proceso de designación ha iniciado con roces. La normatividad establece que debe constituirse un comité técnico que evaluará a los candidatos a consejeros electorales. El comité debe integrarse por siete especialistas autónomos: dos son designados por el Instituto de Transparencia (INAI), dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres por la Cámara de Diputados. El INAI ha postulado a Maite Azuela y a Sergio López Ayllón, dos académicos de larga trayectoria. En cambio, la CNDH, cuya titular, Rosario Piedra Ibarra, ha mantenido un enfrentamiento con Lorenzo Córdova, propuso a dos perfiles claramente afines a Morena y sin conocimientos en la materia electoral. Una de sus designaciones, María del Socorro Puga Luévano, terminó por ser retirada tras descubrirse que tenía un certificado en “yoga de la risa”.
El comité técnico tendrá que elaborar un listado de cinco aspirantes por cada cargo a ocupar. Una de las quintetas se integrará específicamente con los perfiles para presidir el INE. Los listados serán remitidos a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, que está conformada por los líderes de las bancadas. Una vez que este órgano apruebe las listas, pasarán al pleno de la Cámara baja para su votación. Si los perfiles no son aprobados, la Suprema Corte de Justicia elegirá a los consejeros de entre las listas mediante un sorteo.
La intervención de la Corte en el proceso de selección de consejeros fue un mecanismo incluido en la reforma electoral de 2014. Su finalidad fue evitar que los desacuerdos en la Cámara de Diputados trabaran las designaciones y que el instituto operara incompleto, como sucedió en la elección presidencial de 2012, cuando el INE operó sin tres de sus integrantes. En ese entonces, el instituto estaba conformado por siete consejeros. Con solo cuatro funcionarios, la toma de decisiones del órgano colegiado se vio entorpecida.
El académico Luis Miguel Carriedo, especialista en materia electoral, considera que la renovación del INE, y especialmente la salida de los consejeros Córdova y Murayama —que siempre han estado en el centro de las críticas de López Obrador y Morena—, puede destensar la relación entre el árbitro electoral y el Gobierno. “Si esa renovación se da finalmente con el consenso de la Cámara de Diputados, eso sería un síntoma de que los partidos estarán de acuerdo con los nuevos árbitros. Es una oportunidad de bajar la tensión y esa sería la mejor noticia que pudiésemos tener en términos electorales. Esto puede darle un aire fresco al instituto, despresurizar esa tensión entre el Gobierno y el INE y también entre el Gobierno y los partidos de oposición, porque las designaciones implicarán un acuerdo entre ambas partes”, afirma en entrevista.
Una vez ocupados los cuatro asientos vacantes en su Consejo General, el INE atravesará un año más que complejo porque, a la par de organizar las elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila, deberá implementar el “plan B” de la reforma electoral, que implica una reestructura del propio instituto y una modificación a sus facultades de fiscalización y sanción. Una vez que se promulgue la reforma —el Senado aún tiene pendiente acatar cambios hechos por la Cámara de Diputados—, el INE deberá eliminar su secretaría ejecutiva y su servicio profesional de carrera. Diversas direcciones, áreas y unidades administrativas desaparecerán o se fusionarán. Las juntas distritales pasarán de 300 a 260 y funcionarán de manera temporal, solo en años electorales. La reforma también le quita dientes al instituto, que ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves cometidas por los aspirantes ni sancionar actos de propaganda cometidos por funcionarios públicos. Es previsible que los partidos de oposición acudan a la Suprema Corte para que defina si las modificaciones establecidas por la reforma son constitucionales.
“Lo que se aprobó en el llamado ‘plan B’ fueron modificaciones amplísimas al funcionamiento del INE y a la estructura con la que este cuenta para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Son cambios que impactan tanto en la organización de las elecciones como en el arbitraje de las mismas”, afirma Pamela San Martín, que fue consejera en el instituto. “Esas modificaciones pueden llevar a una condición de no poder generar garantías de certeza sobre los procesos con los que se organizan elecciones. Cosa que es absolutamente dolorosa para nosotros. Llevamos desde la década de 1990 construyendo reglas, procedimientos y mecanismos que nos puedan generar esa certeza en el desarrollo de las elecciones, al menos en la parte del ejercicio material del derecho al voto”.
Córdova ha dicho que, tras dejar el cargo, volverá a su puesto de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aunque López Obrador aseguraba que el consejero electoral quería ser candidato presidencial de la oposición en 2024, la ley le impide aspirar a cargos públicos de elección popular durante dos años. Además, el propio Córdova ha negado que tuviera interés en participar en la contienda. Desde su cubículo universitario, es probable que por fin descanse de los constantes señalamientos del oficialismo.