Edomex: litigios estratégicos

De manera abierta y reiterada, Morena tiene una estrategia, por ahora contenida al Estado de México, donde emprende litigios estratégicos para censurar a la prensa y coartar la libertad de expresión. Lo que está haciendo es acusar a periodistas de violencia de género, para que se dicten medidas cautelares, eliminen sus críticas y blindar que juicios sobre el actuar público, no con el sexo de la persona, sean retomados por más comunicadores. Hasta ahora sus intenciones han sido frenadas, pero nada está escrito en los próximos meses, porque el laboratorio de pruebas de facto de Morena en el Estado de México, si empieza a tener éxito, se extenderá a las elecciones presidenciales y federales en 2024.

El primer botón para hacer escarmentar a periodistas y medios se apretó en 2021, cuando Leonardo Kourchenko y quien esto escribe fueron denunciados por violencia política de género por Michelle Núñez, en ese entonces candidata de Morena a la alcaldía de Valle de Bravo, luego de que publicaron que la candidata de la alianza opositora, Zudikey Rodríguez, había sido privada de su libertad por La Familia Michoacana para intimidarla y forzarla a abandonar la contienda electoral. Rodríguez se escondió y prácticamente dejó de hacer campaña, con lo cual dejó el camino abierto a Núñez.

El Instituto Electoral mexiquense dio entrada a la queja y comenzó un litigio en tribunales, donde los periodistas argumentaron que los planteamientos en sus columnas no se originaban en un tema de género, sino en su actuar público. Las columnas no sugerían un prejuicio contra las mujeres, sino analizaban la forma como el crimen organizado estaba actuando de una forma que, en los hechos, beneficiaba a Morena. Quien esto escribe apeló y ganó el caso; Kourchenko sigue peleando en tribunales.

El año pasado apretaron el segundo botón. Decenas de legisladoras de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una queja y solicitaron medidas cautelares en contra de dos periodistas, Denise Dresser y quien esto escribe, alegando que habían cometido actos de violencia de género en contra de Delfina Gómez, precandidata al gobierno del Estado de México. El Instituto Electoral mexiquense ordenó la eliminación de todos los comentarios escritos en las diversas plataformas, y abstenerse de volver a referirse a Gómez como una delincuente electoral.

Los señalamientos se sustentaban en que Gómez, cuando fue alcaldesa de Texcoco en 2015, retuvo un porcentaje del salario de trabajadores municipales, y que los más de 2 millones de pesos que les quitaron de manera no voluntaria, para financiar campañas de Morena. En enero del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a Morena por financiamiento ilegal, pero no lo hizo con Gómez porque, pese a que ella había cometido el delito, no había sido beneficiada en lo individual.

Dresser promovió un juicio donde argumentó que las autoridades electorales mexiquenses hicieron un análisis indebido sobre la violencia política en razón de género, porque sus comentarios no fueron discriminatorios ni contenían estereotipos por el hecho de ser mujer. Las medidas cautelares para que se abstuviera de difundir contenidos similares sobre Gómez, alegó, constituían una censura previa e infringían el derecho a difundir información plural, por lo que eran ilegales. Finalmente, dijo, la resolución de la autoridad producía un efecto inhibidor, inhabilitando la participación ciudadana en el debate político.

La Sala Superior del TEPJF revocó la resolución de los órganos electorales mexiquenses, pero sólo lo aplicó a favor de ella, por lo que se dejaron firmes las medidas cautelares para los demás denunciados. Quien esto escribe nunca recibió la notificación de la queja, pero sus abogados recomendaron presentar de cualquier forma un juicio electoral, donde además de retomar los argumentos de Dresser, se pidió que se reconociera el derecho de acceso a la justicia a quienes no se encuentran inmersos en la contienda electoral, como los periodistas, y que se pronunciara sobre el uso de las denuncias contra periodistas y comunicadores como mecanismos para inhibir la libre expresión de ideas en torno a los procesos electorales.

El último día del año pasado, la Sala Superior del TEPJF revocó las resoluciones de los órganos electorales mexiquenses porque no se acreditaba en la queja la violencia de género en contra de Gómez. Sin embargo, al igual que en la sentencia de Dresser, no se pronunciaron sobre el recurso para inhibir la libertad de ideas, ni hubo una resolución genérica.

Las resoluciones en el TEPJF tienen un sabor agridulce. Aunque en lo particular los periodistas ganaron sus casos, la amenaza permanece no sólo en un grupo, como los comunicadores, sino de cualquier persona en general, por la falta de una resolución que proteja a quienes sean denunciados en casos similares. Pero también dejan completamente desprotegidos a quienes no tengan una asesoría oportuna ni acceso a la justicia o recursos para defenderse. Sus resoluciones dejan puertas abiertas dentro del sistema legal para que se sigan esas prácticas inhibitorias.

El uso de las leyes para acallar a la prensa no es un caso único en México. Por ejemplo, en el contexto de la guerra en Ucrania, varios oligarcas rusos demandaron a una periodista del Financial Times por revelar detalles de sus relaciones con el presidente Vladímir Putin. Treinta y un estados en la Unión Americana tienen leyes que protegen a medios y periodistas de las demandas “SLAPP” –litigios estratégicos contra la participación pública–. Canadá y Australia aprobaron leyes similares y la Unión Europea va por ese camino. En México estamos retrasados, aunque los intentos para alterar y modificar los contenidos en los medios y acallar la libertad de prensa avanzan rápidamente.

Leyes, con Morena controlando las mayorías en las cámaras, no habrá. La libertad de expresión en procesos electorales está en las manos del TEPJF, que en las próximas denuncias de violencia de género tendrá la oportunidad, desperdiciada hasta ahora, de emitir resoluciones generales e integrales, que impidan litigios estratégicos emprendidos por los poderosos, como estamos empezando a ver de manera peligrosamente regular.