El rector de la UNAM, Enrique Graue, ha descartado este viernes invalidar el título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis. “No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite”, ha dicho Graue, en línea con la opinión del abogado general de la universidad que mantiene que la casa de estudios no cuenta con una regulación que permita anular un título ya otorgado, por mucho que el plagio haya quedado comprobado. El rector ha comparecido para tratar de atajar las críticas de la comunidad universitaria que demanda tomar medidas contra la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Sé muy bien que el prestigio de esta administración y de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos de forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios”, ha apuntado. Graue ha dejado la puerta abierta a seguir estudiando “alternativas” jurídicas con las que se puedan aplicar consecuencias para Esquivel y ha adelantado que convocará más adelante a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizarlas.
Graue ha programado su conferencia en medio de la grave crisis de reputación que atraviesa la UNAM por, lo que ha llamado, “el doloroso tema de las tesis”. La revelación de que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, presentada en 1987, era idéntica a una publicada un año antes por otro alumno ha puesto al descubierto toda una cadena de plagios de trabajos en el corazón de una de las universidades más importantes de América Latina. Después de una extensa investigación, el Comité de Integridad Académica encargado del caso dejó comprobado el plagio de la jueza. “El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico”, ha dicho este viernes Graue, que ha señalado directamente a Esquivel.
Sin embargo, pese a la confirmación de la infracción, el rector insiste en que “ni las autoridades ni la normatividad universitaria están facultadas para retirar o anular un título a un egresado por estos motivos”. Graue se ha respaldado para esta decisión en el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, en los titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aún así reconoce las voces expertas que sí ven posible aplicar medidas sancionatorias a Esquivel. En ese sentido, el rector va a convocar al Comité de Ética para que vuelva a analizar todas las evidencias del caso y ha anunciado que cuando este proceso haya concluido va a convocar a la Comisión de Honor del Consejo, que es justo el órgano al que pedía intervenir una parte de la comunidad universitaria.
Mientras tanto, la universidad va a tomar una serie de medidas preventivas como la implantación de un sistema tecnológico que compruebe las tesis escritas y ha convocado a la Comisión de Liquidación Universitaria para que proponga “las reformas que deben realizarse a la normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales de la actualidad”. Además, ha resaltado el rector, ya se ha despedido a Martha Rodríguez, la asesora de tesis de Esquivel. “Tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que pueda llegar a quedar impune”, ha reconocido Graue, que ha afirmado que su actuación no está marcada por “la timidez, el temor o el encubrimiento”: “Actúo en el marco de la legislación universitaria”.
La postura de Graue se corresponde con lo que los expertos denominan “una visión formalista” del derecho. Como explicaba el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, a EL PAÍS: “Estamos entrampados en un diferendo de maneras de entender al derecho”. Por un lado, “la visión muy rigorista que sostiene que la UNAM no cuenta con facultades expresas para poder retirar un título y que por lo mismo, simple y llanamente, no lo puede hacer”, y por otro, una más amplia “que sostiene que ante el plagio probado, la universidad sí puede pronunciarse sobre la nulidad del título”, en base a artículo del Estatuto General, del Código de Ética o de la Ley General de Exámenes.