Para entender mejor el juicio en NY al ex secretario mexicano de Seguridad sirven algunos antecedentes y contextos, en particular el momentum (impulso, ímpetu de un cuerpo en movimiento) estadunidense durante el gobierno del desequilibrado Donald Trump (2017-2021).
En ese lapso fue capturado y liberado en Culiacán Ovidio Guzmán (17 de octubre de 2019), detuvieron en Dallas a Genaro García Luna (10 de diciembre del mismo año) y arrestaron en Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos (15 de octubre de 2020).
William Barr era fiscal general y lo fue con George W. Bush (2000-2009), después de pasar por la CIA, la Casa Blanca en asuntos de política nacional con Ronald Reagan y haber sido fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia.
De los republicanos más duros, promueve que el FBI pueda irrumpir en cualquier territorio extranjero (con o sin consentimiento local) para detener a los buscados por terrorismo y narcotráfico.
Desde el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena (1985, siendo presidente Miguel de la Madrid), Barr apuntó su sospechosismo hacia las altas esferas del gobierno mexicano, impulsando la patraña de que los titulares de la Defensa Nacional y Gobernación (Manuel Bartlett y Juan Arévalo), el gobernador (Enrique Álvarez del Castillo) y un cuñado de Luis Echeverría (Rubén Zuno) estuvieron en la sala de la casa del suplicio para asegurarse de que el policía de la DEA fuera torturado y muerto por la banda de Fonseca Carrillo y Caro Quintero.
La aprehensión de García Luna sucedió justo cuando Trump se confrontó con los servicios civiles y militares de inteligencia, a propósito de la intromisión rusa en sitios de internet críticos para la Seguridad Nacional de EU. Declaró entonces que confiaba más en la palabra de Putin que en las agencias de su país.
Con las detenciones de GGL y Cienfuegos trató de demostrar la ineficiencia de las agencias estadunidenses, al menos las civiles, pues un “protector de narcos” era reconocido y premiado por las dependencias oficiales. “Pudo engañar a todos”.
En México es normal analizar las relaciones con EU en algo así como clave México, cuando deben leerse, sobre todo, en clave Washington.
Y es que la estadunidense hacia nuestro país es más que propicia para debatir y polemizar sobre orientaciones ideológicas, migratorias e inclusive racistas.
Por eso en Brooklyn el fiscal del caso pretende impedir que funcionarios de las agencias estadunidenses contemporáneos de García Luna testifiquen, y permitir que lo hagan delincuentes que fueron aprehendidos, precisamente, por las policías que jefaturó el ex funcionario entre 2000 y 2012.
Estamos ante un episodio más de las disputas entre agencias para que, en función de “resultados”, puedan obtener más recursos presupuestales del Congreso gringo.
Por lo pronto, con los dichos ayer de El Grande, comenzó la degustación de taquitos de lengua que, de no sostenerse con evidencias, a muchos en México provocarán diarrea…
Carlos Marín