La semana pasada, el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal de la Ciudad de México abrió la posibilidad de que el proceso que la justicia mexicana ha seguido en contra de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social y Ordenamiento Territorial y Agrario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, concluya finalmente. 

Robles pasó tres años en prisión, cuando la ley le permitía enfrentar su proceso en libertad. El recurso para retenerla fue la falsificación –por parte de las autoridades– de una licencia para conducir. Se le acusó de ejercicio indebido del servicio público, a partir del caso conocido como “La Estafa Maestra”. 

Hoy, al amparo concedido por el Noveno Tribunal Colegiado, muy probablemente le seguirá el sobreseimiento del proceso penal que la FGR le abrió por el caso, y por el que Robles fue llevada a prisión en agosto de 2019. 
La exfuncionaria se declaró inocente desde el primer día y rehusó acogerse al criterio de oportunidad que pudo haberle reportado beneficios mediante el recurso de señalar como involucrados en la estafa a altos funcionarios del peñismo –el expresidente incluido. 

Su defensa ha ganado, paso a paso, cada uno de los recursos. A lo largo de tres años de persecución y confinamiento, no se halló en sus cuentas, ni en las de sus familiares, tampoco en las de las personas que forman parte de su entorno, indicios de los millonarios recursos que fueron desviados de las dependencias que tuvo a su cargo: miles de millones de pesos. 

“La Estafa Maestra”, sin embargo, ocurrió. Como probaron Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las dependencias involucradas en la estafa “contrataron” con dinero público servicios de universidades que a su vez subcontrataron empresas fantasma (cuyos socios vivían en remotas barriadas). Para armar el desvío de recursos se falsificaron convenios y se falsificó también la firma de diversos funcionarios (algunos de los cuales ni siquiera se enteraron de estos actos). Se falsificaron también, desde una oficina ubicada en Polanco, documentos que “probaban “que los trabajos contratados habían sido entregados en tiempo y forma. 
Aquel dinero fue saqueado. 

¿Dónde está? ¿Quiénes tramaron y ejecutaron la falsificación de documentos? ¿Quiénes autorizaron, liberaron y desviaron durante años los recursos de esas dependencias? 

Como se recordará, en el centro del gran entramado de corrupción que hizo posible la “Estafa Maestra” apareció muy pronto la figura del entonces Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, el funcionario de más alto nivel que firmó los convenios investigados por la Auditoría Superior de la Federación y denunciados ante la FGR. 

Y apareció también el círculo de funcionarios que actuaban bajo las órdenes de Zebadúa y que firmaron convenios y anexos que la ASF señaló como parte del mecanismo de desvío: Francisco Báez Álvarez, Enrique Prado Ordóñez, Claudia Gabriela Morones, Humberto René Islas, Miguel Ángel Vega García, Marcos Salvador Ibarra Infante. 

Zebadúa rindió una declaración ante la FGR el 19 de octubre de 2020. Admitió ser el eje de la malversación. Dijo que el dinero se había empleado para pagar deudas y compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto. Involucró a Rosario Robles y a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y llegó a un acuerdo con la fiscalía para acogerse al criterio de oportunidad. 

No puso un pie en la cárcel. Por el contrario. A diferencia de Robles, a la que no se le hallaron propiedades ni cuentas bancarias, a Zebadúa la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera le detectaron operaciones bancarias y adquisiciones de bienes que no corresponden con los ingresos que tuvo como funcionario, ni con las declaraciones patrimoniales que rindió. Hay investigaciones que lo ponen al frente de un imperio inmobiliario. 

¿A Zebadúa, altos personajes de la 4T le vendieron el criterio de oportunidad bajo el concepto de “reparación del daño”? ¿Dónde quedó el dinero de la estafa? O mejor dicho, ¿quién lo tiene y cómo se repartió? 

En el quinto año del sexenio, los únicos responsables son hasta ahora funcionarios de rango medio y bajo. A 14 servidores públicos les falsificaron la firma en diversos convenios. Alguno de ellos denunció que la suya fue copiada para dar curso a un convenio por 185.8 millones de pesos. Otro aseguró –y probó pasaporte en mano– que pusieron la suya en ocho convenios más, mientras se hallaba fuera del país. 

Hay una estafa alrededor de la estafa. Una estafa que involucra a funcionarios de la FGR y de la Consejería Jurídica: una estafa que involucra a jueces, magistrados y ministerios públicos, y que ha cubierto con el manto de la impunidad a personajes, del presente y del pasado, metidos hasta el cuello en aquel quebranto.