La CNTE cumplió su amenaza y mantuvo la huelga en el inicio del ciclo escolar en Oaxaca y Chiapas.

Esa mesa de negociación con el gobierno está agotada. No hay nada más qué hablar.

Durante las conversaciones en Bucareli, a la CNTE se le dio la revisión de la evaluación a maestros, se liberaron a sus dirigentes presos por delitos graves, y se le dio rango de interlocutor político mientras delinquía en calles y carreteras.

Ya no hay nada más que conversar con la CNTE, pues dejó a millones de alumnos sin clases, al tiempo de haber recibido amplias concesiones en la mesa de diálogo.

Había que actuar con buena fe, escuchar y negociar, pero de la parte de la Coordinadora no hubo un solo gesto para frenar sus desmanes. Al contrario, impidió el regreso a clases en Chiapas y Oaxaca.

Lo que procede es el despido de los maestros cuando cumplan tres días sin asistir a sus labores.

Tal vez esa medida agudice más el conflicto, pero la debilidad no ha servido para persuadirlos de dejar de delinquir y de atentar contra la educación de millones de niños, donde más la necesitan.

Con ese tipo de maestros, ni Oaxaca ni Chiapas van a levantar cabeza nunca. No vale la pena seguirlos empleando en educar niños, cuando su ejemplo ha sido totalmente destructivo.

¿Qué van a aprender los niños de esos estados con los profesores de la Coordinadora?

El ejemplo que han dado es pésimo: se pueden obtener ventajas si se viola la ley.

Y la violan de manera violenta, al secuestrar funcionarios, rapar a quienes piensan diferente, cerrar carreteras, impedir que se muevan bienes de empresas trasnacionales, destruir mobiliario, tomar por asalto establecimientos comerciales y hoteles, así como radiodifusoras. Golpear policías, incendiar autobuses, bloquear vías de ferrocarril, etcétera.

Oaxaca y Chiapas están perdidos con esos maestros. Son su cáncer.

El programa de Zonas Especiales, que lanzó el gobierno federal para estimular a empresas que se asienten en esos dos estados –entre otros–, no tiene viabilidad alguna si no hay respeto para el trabajo ni certeza jurídica para las inversiones.

¿Quién va a meter un peso de su bolsa en entidades donde hay un ambiente hostil y hasta violento para el sector privado?

Obviamente nadie, mientras no haya legalidad.

Es que para que haya empleos tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber garantías. Y esas condiciones no existen en Oaxaca y Chiapas.

Como es probable que no corran a los maestros de la CNTE que están en paro –si se ausentan más de tres días seguidos–, esas entidades seguirán en el peor atraso del país. Con los más bajos indicadores educativos, falta de ingresos y pobreza extrema.

Tal vez no se les pueda hacer cumplir la ley a los miembros de la Coordinadora, por su capacidad de reacción violenta y sus ligas con la guerrilla, lo que va a eternizar el problema del rezago de esos estados, y la condena al futuro de millones de niños a vivir en la informalidad o de los subsidios del gobierno.

Twitter: @PabloHiriart