No sólo grupos delictivos operan el despojo en la Ciudad de México, también abogados, notarios y arquitectos, quienes se valen de documentos apócrifos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la misma Tesorería e instrumentos notariales.
“Se ha detectado la compraventa con contratos apócrifos, daciones de pago y juicios civiles en los que se presenta documentación falsa del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la Tesorería de la Ciudad e instrumentos notariales. En esta actividad participan abogados, notarios, arquitectos, grupos violentos, entre otros”, se lee en el Plan de Política Criminal 2023 entregado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México al Congreso local.
Debido a esto, la FGJ presentará una iniciativa de reforma para modificar el tipo penal del despojo y con esto puedan detener a los delincuentes en flagrancia, según revela dicho documento.
En él se establece que grupos delictivos planean y ejecutan despojos, pero también profesionistas, debido a que esta actividad deja ganancias económicas altas en la capital del país. Sus principales víctimas: personas de la tercera edad.
El informe detalla que se aprovechan de viviendas abandonadas, unidades habitacionales, edificios, predios, locales comerciales y vecindades del Centro Histórico, pero también colonias de alta plusvalía y zonas ejidales de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco.
EL UNIVERSAL dio a conocer que en la Ciudad de México se comenten todos los días 11.2 casos de despojo. Además, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año 2022 cerró con 4 mil 39 denuncias por este delito.
Restituir la propiedad
El Plan de Política Criminal presentado por la fiscalía refiere que en 2019 se aseguraron 106 inmuebles y se restituyeron únicamente 75. Para 2020, la FGJ aseguró 123 propiedades y restituyeron a los dueños legítimos 61.
Para 2021 bajó el aseguramiento a sólo 39, de los cuales las autoridades entregaron 28. La fiscalía capitalina destacó que el año con mayores aseguramientos fue 2022, con 462 y la restitución de 113 inmuebles.
Derivado de estos casos, autoridades capitalinas implementaron una estrategia y mesas de trabajo con Fiscalía de Investigación en Delitos de Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), Policía de Investigación (PDI), Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Administración y Finanzas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Vivienda (Invi).
La estrategia consiste en asegurar los inmuebles que son parte de un caso de despojo y posteriormente entregarlos a las personas que tienen un poder legítimo sobre ellos, para eso, se realiza una indagatoria previa y análisis de la documentación existente.
Como parte de estas acciones, este viernes se desplegó un operativo en la alcaldía Azcapotzalco donde elementos de la FIDAMPU realizaron una diligencia de desalojo de dos departamentos que habían sido despojados en el interior de un edificio ubicado en la calle Camino a Nextengo, colonia Santa Apolina.
El operativo estuvo coordinado con la policía metropolitana de la SSC, quienes resguardaron el inmueble.
Sin embargo, no todos los casos concluyen de esta manera. EL UNIVERSAL dio a conocer el pasado 30 de diciembre el de Laura, a quien despojaron de su domicilio familiares de presuntos elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo con la carpeta de investigación CI-FAO/AO-2/ UI-3 S/D/01964/05-2020.
La víctima dijo a este diario que el caso continúa detenido en la FGJ y que los predios ubicados con los números 13 y 47 de la calle Veracruzanos, en la colonia Bonanza, Álvaro Obregón, siguen ocupados de manera ilegal.
La FGJ precisa en su Plan de Política Criminal 2023 que los despojos no ocurren en la capital como hechos aislados, lo que los llevó a implementar esta estrategia de recuperación de inmuebles. “La iniciativa surgió del Plan de Política Criminal 2022 con el objetivo de investigar los delitos, no como hechos aislados, sino como resultado de la planeación delictiva”, precisa.
Las autoridades señalan que los casos de despojo, al ser delitos de ejecución instantánea, ponen “limitaciones para su judicialización”. Ante esto, la fiscalía pidió al Congreso capitalino una iniciativa de reforma al tipo penal del delito de despojo “que adecue su descripción y permita detener al despojante en flagrancia”.