La última suspensión de las obras del Tren Maya, otorgada por un juez federal el martes, complica la construcción del Tramo 5 del proyecto, que une Cancún y Tulum, en Quintana Roo. Adrián Novelo Pérez concedió un amparo a la asociación Sélvame del Tren debido a que el Gobierno no cuenta con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en muchas de las hectáreas que van a ser afectadas por la construcción de las vías. Con esta decisión, obliga a paralizar “cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la tala o el desmonte en los terrenos que comprende el Tramo 5 sur y norte del proyecto Tren Maya”. Este es el último obstáculo judicial al que se está enfrentando la megaobra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantiene una pugna desde el año pasado con las organizaciones civiles por continuar su proyecto estrella y que ya provocó otras suspensiones anteriormente por la falta de autorizaciones medioambientales.
El Tren Maya está prácticamente desde su inicio metido en un embrollo judicial. Numerosas asociaciones de medioambiente han ido interponiendo demandas sobre su construcción para muchos de sus siete tramos. El 5, que atraviesa largos tramos de selva virgen y amenaza el ecosistema de cuevas y cenotes, es uno de los más delicados. Desde abril de 2022, el Gobierno y las organizaciones están en un tira y afloja.
El pasado mes de mayo, el mismo juez ordenó la suspensión definitiva de la obra, manteniendo de manera indefinida la paralización provisional que impuso un mes antes debido a la falta de la declaración de impacto medioambiental (MIA). En junio, consiguieron las autorizaciones para retomar las obras y, aunque no contaban con la orden explicita del juez para volver a llevarlas a cabo, volvieron a iniciarlas un mes después con el argumento de que se trataba de un proyecto de “seguridad nacional”.
Unos días después, el juez volvió a poner freno al proyecto. En agosto, Novelo Pérez levantó las tres órdenes de suspensión ratificada durante los meses anteriores. La obtención de la autorización medioambiental fue determinante en esta resolución. De este modo, el proyecto tomaba un impulso clave para que la Administración pudiera acelerar las obras.
El proyecto busca construir 1.550 kilómetros de vía para unir un trayecto de ferrocarril a través de cinco Estados del sureste del país: Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Se encuentra dividida en siete tramos y, aunque los que los avances apenas pueden verse en cuatro de ellos, el Gobierno se ha comprometido a inaugurarlo completamente en diciembre de este año, antes del final del sexenio. “Va a continuar la obra, no van a poder detenernos”, aseguraba López Obrador en mayo de 2022, cuando anunció que recurriría a la segunda de las órdenes de suspensión.
El proyecto ha sido polémico por el impacto que ha provocado en el territorio. El Instituto de Ecología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reconocía que las obras realizadas entre la Playa del Carmen y Tulum provocarían una “afectación crítica” por la deforestación de más de 485 hectáreas de selva y vegetación que “gozan de un nivel alto de conservación”. En el informe, la autoridad enumeraba una treintena de impactos negativos, que iban desde el derrumbe del sistema de cuevas, hasta la alteración del flujo hídrico o la afectación a los ejemplares de jaguar, un animal en peligro de extinción en México. El Gobierno trató de rebajar la tensión con los ambientalistas con el anuncio de la creación de la reserva del Jaguar, un espacio natural protegido con una extensión de 2.249 hectáreas.