El pasado 16 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que poco antes de tomar el poder, en los días en que aún era presidente electo, tres miembros de su equipo más cercano, “muy buenos profesionistas” y “de confianza”, le recomendaron no cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco.

AMLO dijo que les había solicitado un dictamen que determinara si las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, debían o no ser canceladas. Recordó que Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú —quienes serían, respectivamente, su jefe de Oficina y sus secretarios de Hacienda y Comunicaciones y Transportes—, le entregaron una tarde el dictamen solicitado.

Relató el presidente:

“Y los tres coincidían en que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche, porque no estaba yo convencido…”.

AMLO relató que habló en privado con Jiménez Espriú para decirle que no aceptaba el dictamen. “¿Qué hacemos?”, le preguntó este. Esta fue la respuesta del mandatario:

“Bueno, vamos a dejar la última palabra a la gente. Vamos a convocar a una consulta a ver qué opina la gente (…). Y miren se hace la consulta y dice la gente: ‘No al aeropuerto de Texcoco’”.

Dicha consulta se llevó a cabo entre el 25 y el 28 de octubre de 2018. Fue organizada con “aportaciones voluntarias” de legisladores de Morena. No era vinculante ni se hallaba regulada por la ley. La información que López Obrador había recibido de sus colaboradores no se hizo del conocimiento de la gente.

La encuesta contenía solo una pregunta, relacionada con la saturación del AICM, y dos posibles respuestas. Con solo un millón de votantes —el 1.22% de la población—, se decidió parar la construcción del aeropuerto de Texcoco e iniciar lo que habría de llamarse Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA.

El mandatario desfiguró las cosas una vez más al recordar aquel episodio: durante la confesión que hizo el jueves pasado omitió mencionar que otro los consultados fue José María Rioboó, precisamente, el cerebro detrás del AIFA.

La opinión de Rioboó fue la que se impuso en los ánimos del presidente. Y Jiménez Spriú, cuyo dictamen había sido a favor de proseguir la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, no solo se plegó a los deseos de AMLO: incluso escribió un libro para defender “el pecado original” del presidente: la cancelación del NAIM.

Lo que aquella noche de insomnio le costó a México lo ha expresado el mismo exsecretario de Hacienda de AMLO, Carlos Urzúa, quien luego —al igual que Romo y Jiménez Spriú— terminó por bajarse del barco obradorista: unos 450 mil millones de pesos, si se toma en cuenta lo que costó la construcción del AIFA y lo que costó la cancelación del NAICM.

El doctor Urzúa se ha referido a la penumbra que rodea a estas cifras, dado que la inversión del AIFA “fue clasificada como inescrutable por razones de seguridad nacional”. En un primer momento, la Auditoría Superior de la Federación estimó “el costo de ese error presidencial”, escribió el exsecretario, en 332 mil millones de pesos.

“Aunque esta cifra posteriormente fue reducida por la ASF, creemos que es cercana a la realidad pues considera, además de todos los costos hundidos, un remanente de deuda a pagar del orden de 4,200 millones de dólares”.
Urzúa estimó que “las consecuencias del desatino presidencial no acaban allí”. A todo esto se deben agregar los costos de las obras de infraestructura para que los pasajeros puedan trasladarse al aeropuerto de Santa Lucía, y sobre todo, la pérdida de un centro de conexión internacional que pondría a México al nivel de los de Atlanta y Panamá.

El Felipe Ángeles se inauguró hace casi un año con bombo y platillo. Movió en cuatro meses 157 mil pasajeros, los que el AICM mueve en un solo día. Hacienda tuvo que inyectarle en su primer trimestre 144 millones para cubrir el costo de operación, ya que sus ingresos solo fueron de 223 mil pesos por día, y sus gastos diarios eran del orden de 1 millón 750 mil.

Un año después de aquel desatino, el AIFA, considerado por el presidente como el más importante de América Latina, está por debajo de los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Mérida y el Bajío.

El viejo aeropuerto capitalino movió a 36 millones de personas solo en 2021. El Felipe Ángeles cerró su primer año de operación movilizando a 700 mil.

El quebranto es brutal. Y el presidente acaba de confesar, con una sonrisa displicente, que pasó por alto y ocultó informes técnicos y financieros de quienes fueron miembros de su gabinete, “para que decidiera la gente”. Esa gente que tendrá que pagar durante los próximos años, lo que costó el capricho de una persona.