El gobierno de Morelos cometió varias violaciones de derechos humanos contra 117 personas cuyos cuerpos fueron inhumados en fosas en el poblado de Tetelcingo, sin una investigación que les permitiera acceso a la justicia, verdad y reparación integral a sus familiares, dijo Roberto Villanueva, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
"Se concluye que el gobierno del estado de Morelos incurrió en numerosas violaciones de derechos humanos de las víctimas de acceso a la justicia, verdad y reparación integral, denegándolos mediante la omisión de investigar o en el ocultamiento de los restos mortales de 117 personas a cuyos familiares no se les buscó ni notificó de lo ocurrido", dijo durante la presentación del informe "Fosas clandestinas de Tetelcingo. Interpretaciones preliminares".
Villanueva dijo que en las fosas halladas en Tetelcingo "existe encubrimiento de delitos y probablemente de lesa humanidad".
"Se depositó en posición inapropiada a un número considerable de cuerpos con el riesgo de desarticulación y posible pérdida de elementos óseos", dijo.
Afirmó que 84 por ciento de los cuerpos corresponden a personas que murieron de forma violenta.
"Hemos encontrado evidencia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes", dijo.
Explicó que cuatro cadáveres tienen balazos en la cabeza, "al estilo de tiro de gracia" y dijo que nuevos estudios "podrán determinar si el Estado tuvo alguna responsabilidad en la ejecución de estas personas, o en su caso, la causa por la cual 75 por ciento de las personas que murieron de bala fueron inhumadas sin abrir carpeta de investigación penal alguna".
Los trataron como basura
Los 117 cuerpos sepultados por la Fiscalía de Morelos en las fosas en el poblado de Tetelcingo, Cuautla, "fueron tratados como basura" porque las autoridades no respetaron protocolos, ni condición de los cadáveres y mucho menos a las familias de estas víctimas.
El Programa de Atención a Víctimas, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, concluyó que las autoridades locales incurrieron en delitos de lesa humanidad al haber permitido la inhumación irregular de hombres, mujeres y niños, que fueron arrojados -literalmente- como desperdicio al fondo de una fosa.
A más de tres meses de la exhumación de 117 cuerpos enterrados por la Fiscalía en el panteón local de Tetelcingo, el Programa de Atención a Víctimas concluyó que las autoridades de Morelos deben ser investigadas y castigadas por el hecho.
José Luis Pescador Huerta, Fernando Mendoza Vergara y Héctor Sánchez Lira, miembros del programa, presentaron dicho informe, donde también incluyen detalles periciales y de investigación a varios de los cadáveres, que la autoridad omitió indagar las causas de la muerte o los autores materiales.
El 22 de mayo, la Fiscalía de Morelos comenzó con la exhumación de cuerpos en dos fosas ubicadas en Tetelcingo, Cuautla. Había 117 cadáveres.
El hallazgo de la fosa ocurrió luego de que familiares del empresario Oliver Wenceslao Navarrete, de 31 años, quien fue hallado muerto tras ser secuestrado en 2013, acusaron a las autoridades de Morelos de llevar a la fosa común el cuerpo cuando ya lo habían reconocido.
A finales de 2014 se permitió exhumar el cuerpo de Oliver y en el proceso fueron encontrados 118 cadáveres, entre ellos estaba el de una maestra, víctima de secuestro y que también fue identificada por sus familiares.
El 24 de mayo de 2016, el fiscal Javier Pérez Durón admitió en entrevista televisiva que personal de la dependencia actuó de manera negligente al enviar el cuerpo de Oliver a una fosa común.
Detalló que de los 117 cadáveres exhumados, 37 por ciento son de hombres y 7 por ciento de mujeres, mientras que el 56 por ciento restante es indeterminado.
Dijo que a varios cuerpos no se les practicó la necropsia de ley y se omitió localizar a familiares antes de inhumarlos.