REPORTE ÍNDIGO: Reformas electorales de AMLO en manos de la SCJN

Con la publicación del segundo paquete de reformas electorales en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de marzo pasado, la batalla jurídica en contra del denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó.

Como lo advirtió la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya preparan las acciones legales pertinentes para que las modificaciones electorales aprobadas por el Congreso de la Unión sean revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La determinación que tomen los órganos autónomos, los cuales se encuentran bajo ataque del Poder Ejecutivo, marcarán radicalmente tanto la organización como el desarrollo de los comicios más importantes de la historia de México: los de 2024, donde se renovarán los dos cargos políticos más importantes del país, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y la Presidencia de la República.

Comienza la lucha

El 1 de marzo pasado, el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el INE en contra del primer paquete de reformas electorales conformado por: la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicadas en el DOF el 27 de diciembre pasado.

De acuerdo con el árbitro electoral, “las modificaciones legislativas merman su autonomía y la capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, además de que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

El ministro de la Corte dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, presenten sus posturas y sus contestaciones.

Primer golpe

A raíz de la publicación de las reformas electorales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el DOF, en específico el segundo paquete, el INE ya recibió el primer golpe, el cual se tradujo en el cese del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina.

Ante esta situación, el INE informó que presentó un juicio electoral ante el TEPJF.

“Ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la Ley; sin embargo, este Decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución.

Por ello, el INE ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral”, publicó el instituto.

Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que, a lo largo de su breve, pero intensa y fructífera historia, el Instituto “siempre, invariablemente, ha actuado con absoluto apego al Estado de Derecho y esta no será la excepción, incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto”.

Córdova aseguró que el decreto de reforma electoral conocido como Plan B, “tiene como objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país y dinamita al INE de las ciudadanas y los ciudadanos”.

Van contra segundo paquete

El partido Movimiento Ciudadano (MC) ya cumplió con lo prometido y presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las leyes publicadas en el DOF en materia electoral el pasado 2 de marzo.

“En @MovCiudadanoMX respaldamos la independencia de la SCJN, pero también le exigimos que cumpla con su responsabilidad constitucional de cumplir y aplicar la ley. Defendamos la democracia de esta reforma regresiva y antidemocrática”, publicó en su cuenta de Twitter Dante Delgado, Coordinador nacional del partido naranja.

El INE también se unió a la ola de acciones legales.

Tras la publicación en el DOF del segundo paquete, el consejero electoral Ciro Murayama, confirmó desde su cuenta de Twitter el inicio del enfrentamiento legal.

“Hoy se publicó el “plan B” en el Diario Oficial de la Federación. Ya está vigente. Inicia la batalla jurídica y constitucional para salvar nuestra democracia. El @INEMexico acudirá con respeto y convicción ante la @SCJN. Es hora de defender las libertades y derechos de todos”.

De igual manera, los líderes de los partidos que conforman la coalición Va por México: PAN, PRI y PRD, iniciaron los trámites para combatir las modificaciones electorales impulsadas por AMLO y su partido.

Las opciones de la Corte

Sobre las acciones de inconstitucionalidad, Fernando Ojesto Martínez Manzur, abogado especializado en temas electorales, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia y catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, explica que existen dos posibilidades para la SCJN para tirar el Plan B.

“La primera es que le entre al fondo del asunto artículo por artículo para declarar la inconstitucionalidad, la segunda, es por las violaciones al procedimiento legislativo ya que en la Cámara de Diputados se obviaron muchos trámites y con eso la podría echar para atrás sin meterse con detalle al contenido.

“Esa sería la salida fácil y no daría tiempo para que se lleve a cabo todo el proceso legislativo para presentar nuevamente estas reformas”.

Fallan los tiempos

Más allá de los problemas legales que enfrenta el conjunto de reformas electorales impulsadas por el titular de Ejecutivo federal, conocidas como Plan B, el tiempo es insuficiente para que surtan efecto en 2024, explica en entrevista Fernando Ojesto Martínez Manzur, licenciado en Derecho, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia y catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM.

“Los tiempos electorales estuvieron muy mal pensados para implementar reformas que, aunque no son constitucionales, sí tocan la estructura del sistema electoral mexicano.

“Cualquier reforma electoral tiene que quedar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Entonces si este inicia la primera semana de septiembre, en junio tendrían que quedar todas las reformas, las cuales ya están. Sin embargo, se van a presentar muchas acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos.

“No es algo que será inmediato. Por eso digo lo de los tiempos. Por eso por lo general las reformas electorales de gran calado se llevan a cabo después de las elecciones federales, para poder preparar el terreno, a las instituciones y las reglas electorales antes de que lleguen los siguientes comicios”, explica Fernando Ojesto.

Por ahora, las leyes del primer paquete publicadas en el DOF el 27 de diciembre pasado no serán efectivas para las elecciones del Estado de México y Coahuila, las cuales se llevarán a cabo el 4 de junio del próximo año.

Así lo determinó el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, tras admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE en contra de: la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal”, indica el acuerdo del ministro de la SCJN.

Comparten destino

Se espera que el segundo paquete de reformas electorales comparta el mismo destino que el primero y las leyes no apliquen para ningún proceso electoral.

“La SCJN puede suspender la aplicación de las modificaciones solicitadas por el presidente y avaladas por el Congreso hasta que se resuelva la constitucionalidad de las mismas, lo cual seguramente sucederá, pues a escasos meses del inicio del proceso electoral de 2024, que será el más grande de la historia de México, me parece que no hay tiempo para aplicarlas”, dice el experto en la materia.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM estima que en las próximas semanas veremos decenas de acciones y controversias de constitucionalidad en contra del Plan B de AMLO.

“Contra el primer paquete, que entró en vigor desde diciembre del año pasado, ya se emitieron cientos de acciones de inconstitucionalidad. Por eso, ahora, una vez publicadas las reformas faltantes en el DOF, se inició el mismo proceso, antes de que se formalizaran no se podía hacer nada en términos legales.

“Ahora que cualquier persona o institución puede impugnar esta serie de reformas se tendrán aproximadamente 15 días en lo que se preparan las acciones y controversias de inconstitucionalidad y se llevan ante la SCJN para su análisis y determinación”.

Defienden Plan B

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desestimó las advertencias que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo sobre el impacto de su Plan B.

Por su parte, el secretario Adán Augusto López defendió que la reforma electoral dará mayor certeza jurídica a los procesos.

“¿Estas críticas de estos profesores doctorados qué mella pueden hacer si no tienen autoridad moral y se han dedicado a legitimar un régimen corrupto?”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina del viernes 3 de marzo tras ser cuestionado sobre la “radiografía” que el Instituto de Investigaciones Jurídicas realizó a su paquete de reformas electorales.

Reclamando que estos investigadores no se pronunciaron igual sobre fraudes electorales pasados, acusó que “son lo mismo, creo que de ahí salió Lorenzo Córdova y a lo mejor ahora que termine ahí va a trabajar porque pues ahí está. Me da pena lo que han hecho de la UNAM, pero es lo mismo. Son mafias de la academia”.

“¿Cuándo este instituto de estudios jurídicos de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal que modificaron toda la Constitución y la pusieron en correspondencia con el propósito de saquear al país? Quiero que me contesten”.

El respaldo de Adán Augusto

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “lo decimos sin ninguna exageración: el llamado “Plan B” del presidente López Obrador sería la reforma electoral más regresiva en la historia de la democracia mexicana.

“Como en todo cambio normativo, hay aspectos positivos y negativos. Pero, en este caso, los primeros son escasos y, los segundos, excesivos”.

Ante esta radiografía, el secretario de Gobernación replicó que, por el contrario, el Plan B dará mayor certeza jurídica al momento de conocer los resultados de los comicios y salió en su defensa.

“La reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades… Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral”.