(1) ¿Qué carajo es el Centro Militar de Inteligencia?
Es inconstitucional la existencia de un órgano secreto dedicado al espionaje de civiles. Una instancia así solamente puede concebirse en un Estado autoritario gobernado por militares.
Ahora nos enteramos de que en México existe una dependencia, pagada con nuestros impuestos, pero escondida del ojo público, que responde al nombre de Centro Militar de Inteligencia (CMI).
De acuerdo con documentos oficiales, se trata de una estructura que operaría para “obtener información sensible sobre temas que sean de interés del Alto Mando”. Así de vaga, genérica, pueril y peligrosa es su misión.
Se hizo pública la existencia del CMI gracias a información obtenida por el colectivo internacional Guacamaya y también al análisis presentado por la investigación Ejército Espía, divulgada en octubre del año pasado por Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
Al parecer el CMI depende del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y proporciona servicios para el Sistema de Inteligencia Militar responsable de coordinar un conjunto de actividades relacionadas con la estrategia de combate al narcotráfico encabezada por el gobierno de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, el CMI no aparece en el organigrama de la Sedena, al menos no con ese nombre y, a pesar de que investiga actividades de personas civiles, no rinde cuentas ante el Congreso o alguna otra instancia civil.
Existe también evidencia de que el CMI obtiene información a través de programas malignos como Pegasus y que espía a defensores de derechos humanos y periodistas.
La supuesta lucha contra el crimen organizado ha servido no solo para militarizar actividades que antes se hacían desde el gobierno civil, sino también para crear organismos invisibles para el escrutinio público, desde los cuales se designa arbitrariamente como objetivos de espionaje a personas sin ninguna justificación y, peor aún, sin necesitar una orden judicial, tal como establece la Constitución.
Zoom: el CMI espió con Pegasus a Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Lo hizo de la misma manera como se hacía en las peores épocas de la guerra sucia. Es del todo probable que su caso sea uno entre cientos. Tocaría al Congreso investigar y controlar las actividades que están ocurriendo a sus espaldas.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
(2) La inocultable verdad sobre el espionaje militar
Uno de los blancos fue el activista Raymundo Ramos. JESÚS QUINTANAR
Desde que es presidente, es la vez que Andrés Manuel López Obrador peor ha manejado una conferencia mañanera. A partir de una serie de preguntas colocadas con amable inteligencia, ayer viernes la reportera Nayeli Roldán sacó de su zona de confort al mandatario.
Durante más de 40 minutos López Obrador resbaló por un tobogán de mentiras. Cuestionado sobre las últimas aportaciones de la investigación Ejército Espía, publicadas por la revista Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, el Presidente respondió que su gobierno no espiaba, sino que hacía inteligencia, que era legal la intervención a comunicaciones privadas ahí denunciadas, que se realizaron en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que se justificaron por razones de seguridad nacional.
Cuatro mentiras al hilo que se suman a una quinta, la cual, en octubre del año pasado, corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): que esa dependencia no había contratado el programa maligno Pegasus desde el año 2013.
“Nosotros hicimos … el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor… porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer… inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza”, subrayó el Presidente respecto del cuestionamiento de la reportera de Animal Político, Nayeli Roldán.
Con parsimonia la reportera quiso saber cómo distingue el mandatario el espionaje de la inteligencia y el Presidente cayó en su propia trampa al responder que espionaje es lo que se hacía antes y no lo que se hace ahora.
“¿Cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la Defensa?”, lanzó la reportera.
“Esas intervenciones son legales”, afirmó el hombre de la mañanera.
“El Ejército no tiene facultades,” reviró la periodista.
“Sí las tiene”, desesperó el mandatario.
En ese lapso tensísimo se resolvió el problema de la definición entre espionaje e inteligencia: mientras el primero no tiene sustento legal, la segunda está prevista por la ley.
Hay evidencia de que el Ejército, a través de una estructura denominada Centro Militar de Inteligencia (CMI), ha intervenido comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial.
Una tarjeta informativa enviada en 2020 al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a propósito del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, no deja lugar a dudas.
El CMI utilizó el programa Pegasus para extraer de su dispositivo celular una serie de conversaciones escritas que luego utilizó como fuente de la tarjeta informativa mencionada.
Eso “no es legal,” se atrevió con voz educada a calificar Roldan. Y, en efecto, el artículo 177 de Código Penal Federal prevé sanciones que van de los seis a los 12 años de prisión, así como una multa de 58 mil pesos, para quien vulnere comunicaciones privadas sin mandato de un juez.
Sí se cometió un acto ilegal y el gobierno lopezobradorista espió a un supuesto opositor.
La tercera mentira vino cuando el mandatario aseguró que el CMI había actuado en coordinación con el centro civil de inteligencia, el CNI. Sin embargo, en los documentos divulgados por las organizaciones R3D y Artículo 19 –que son la fuente de la investigación denominada Ejército Espía– nada tuvo que ver el CNI en el espionaje contra las personas afectadas.
¿Por qué López Obrador citó al CNI durante la conferencia de ayer? La respuesta tiene que ver con que el CNI posee plena existencia jurídica y, en cambio, el CMI es un fantasma ilegal.
La investigación Ejército Espía confirmó la existencia de un órgano dentro de la Sedena que las fuerzas armadas se habían esmerado en esconder.
En efecto, el Centro Militar de Inteligencia no tiene sustento en las leyes mexicanas. Su existencia no está contemplada en la Constitución, tampoco la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, ni el Reglamento Interior de la Sedena.
Solamente por las sombras de sus acciones es que se tiene información a propósito de esta entidad dedicada al espionaje.
El CMI aparece citado como fuente en el cuarto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. También en uno de los informes de la Comisión para la Verdad y la Justicia, también de Ayotzinapa (Covaj).
Existe igualmente evidencia de la ubicación geográfica del CMI, la cual se encontraría dentro del Campo Militar Número 1. También hay constancia del nombre de al menos 400 personas que, en distintos momentos, han trabajado para esa dependencia. Por último, el CMI aparece citado en los contratos realizados por la Sedena para adquirir el programa Pegasus, los cuales prevén que esta instancia será usuaria de la información colectada.
Hay que añadir un documento oficial que refiere a las amenazas enfrentadas por este Centro. Ahí se advierte como riesgo que: “se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realizan en este centro, (así como) las indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa en las operaciones.”
Última mentira: el Presidente afirmó que este espionaje se justificaría por razones de seguridad nacional. Hablo aquí por mi persona. Soy una de las tres personas que cuenta con evidencia definitiva de haber sido espiado por el Ejército con el programa Pegasus. Puedo afirmar sin ningún margen de error que, contrario a lo que crea el CMI, no represento ninguna amenaza a la seguridad nacional, como tampoco Raymundo Ramos ni el otro periodista cuyo dispositivo fue infectado por ese malware.
Afirma la Sedena que desde 2013 no ha vuelto a adquirir Pegasus. Esto también es falso. Hay contratos firmados entre esa secretaría y la Comercializadora Antusa, en el año 2019, precisamente para la compra de este programa de espionaje.
El actual gobierno federal sí espía, lo hace en contra de la ley y a partir de una dependencia fantasma. Tantas mentiras juntas, en boca del Presidente, no son un tema menor. Gracias a Nayeli Roldán el periodismo ganó puntos ayer viernes a favor de la verdad.
