Raymundo Ramos es un hombre de sonrisa pequeña y piel curtida por el sol. Le gusta escribir lo que piensa. Lleva años enfrentándose a la muerte en Tamaulipas, mientras dirige el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y denuncia cuando el Ejército o la Marina asesinan a civiles.
También es uno de los activistas a quienes el Ejército ha espiado con Pegasus, un sistema de monitoreo que se usó con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y ha seguido usándose con Andrés Manuel López Obrador.
En agosto de 2020, Ramos envió datos a tres periodistas sobre unos jóvenes, que estaban secuestrados en Matamoros y terminaron asesinados por el Ejército. Sedena dijo que eran "agresores reducidos", pero un video probó que eso era falso. Poco después, mandos militares convocaron a una reunión con el general secretario y le informaron lo que encontraron en el teléfono de Ramos, tras espiarlo ilegalmente.
Mis colegas de Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y R3D encontraron las pruebas del espionaje entre millones de documentos de la filtración Guacamaya. Lo publicaron esta semana.
Ramos me dijo que, en 2021, confirmó por primera vez que su teléfono estaba intervenido, pero el aparato llevaba tiempo actuando raro. Se ponía lento, se duplicaban los mensajes, había likes en sus redes sociales que él no había puesto, correos que desaparecían de su bandeja de entrada. En sus llamadas, oía ruidos extraños. Los escuché, cuando lo llamé esta semana. También veía gente vigilando su casa, o le tocaban la puerta de madrugada.
Esta semana, Nayeli Roldán, de Animal Político, le preguntó al Presidente si supo de esta intervención ilegal. "No, y les tengo confianza a los mandos. Saben muy bien que está prohibido el espionaje", respondió.
El espionaje, sin embargo, goza de cabal salud.
Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, México contrató Pegasus, que produce la corporación israelí NSO y se vende exclusivamente a gobiernos. La prensa lleva años documentando que Pegasus se usa para espiar a periodistas, activistas y opositores, no solo para investigar a delincuentes.
En México, el representante ha sido Uri Ansbacher. En 2021, el gobierno dijo que una empresa de Ansbacher hizo un fraude con un contrato. Es falso, respondió Ansbacher al diario israelí Haaretz.
Desde dos años antes, el gobierno había contratado a las empresas de Ansbacher para poner cámaras en penales, cambiar las computadoras del Instituto Nacional de Migración, y en varios estados, para servicios de seguridad.
Un día durante la pandemia, tras las primeras revelaciones de mis colegas sobre los contratos, hubo una redada en las oficinas del grupo en Polanco, me contaron exempleados. Policías acordonaron la oficina, impidieron a los trabajadores tocar nada y les preguntaban por las compañías. Poco después, vino un abogado, se arregló el problema y volvimos a trabajar, me dijeron. La solución tras "el problema" fue mudarse 200 metros en la misma cuadra, a un edificio de oficinas virtuales. Allí opera hoy Comercializadora Antsua, la nueva proveedora de Pegasus para el Ejército.
El sistema es similar a como funcionaron los contratos en el caso de Genaro García Luna: un empresario representa una empresa de seguridad en México, y el gobierno firma el contrato con el representante. Así ocurrió con la empresa Nice y su representante, Samuel Weinberg, el socio de García Luna, y así ocurre hoy con Ansbacher y NSO, los proveedores de Pegasus.
Le pregunto a Ramos por qué cree que se volvió un objetivo. "Por lo que denuncio", dice. Comenzó en 2010, cuando el Ejército asesinó a dos niños. Les llamaron víctimas colaterales. Luego, otros casos se suman. Ramos recita unos de memoria, aunque son muchos más: 47 personas desaparecidas por la Marina en 2018; una niña asesinada en un operativo militar, mientras iba al médico con su abuela, en 2021; ese mismo año, una mujer asesinada en su auto y abandonada por la Guardia Nacional; en febrero, cinco jóvenes masacrados por el Ejército en Nuevo Laredo.
Le pregunto cómo se siente. "Impotente", responde. "Soy yo contra el Ejército".
En un país de instituciones gigantes, es este hombre contra el Ejército. Y somos todos, para contar y divulgar su historia.
@penileyramirez
