El presidente Joe Biden ha dado este martes un paso adelante en la regulación de armas, uno de los temas que más polarizan a los estadounidenses. El mandatario ha firmado una orden ejecutiva que refuerza los controles de las ventas de armas de fuego. La iniciativa pretende hacer más difícil que las pistolas y rifles terminen en manos de personas con problemas mentales, antecedentes penales o de abuso doméstico. Y también hacer más sencillo para policías y jueces quitar el armamento a quien representa un peligro potencial para su comunidad. Biden ha hecho el anuncio en Monterey Park, un suburbio del este de Los Ángeles que vivió en enero pasado un tiroteo que dejó 11 muertes y 9 personas heridas en un estudio de baile horas antes del año nuevo chino.
Nuevamente la realidad llama a Biden a la acción. “Esta orden ejecutiva acelera e intensifica el esfuerzo para salvar vidas más rápidamente”, ha dicho el presidente en un evento en un club comunitario del Valle de San Gabriel. En el evento, el mandatario dedicó varios minutos a recordar a las víctimas de la matanza, una de las peores en el Estado. En la ceremonia estuvo presente Brandon Tsay, el joven de 26 años que desarmó al mismo atacante, quien pretendía realizar otra matanza en otro local de baile de Alhambra, apenas horas después de la de Monterey Park. Tsay fue invitado por Biden al discurso del Estado de la Unión. “En un instante halló la valentía para actuar y luchar contra alguien con un rifle de alto poder. Brandon salvó vidas y protegió a una comunidad”, le reconoció el presidente.
En su iniciativa, el mandatario solicita al Departamento de Justicia endurecer la vigilancia para que las armerías realicen los registros de antecedentes que requiere la legislación federal. “Específicamente, el presidente está solicitando al fiscal general llevar a Estados Unidos lo más cerca posible de una revisión universal de antecedentes sin que sea necesaria una legislación especial”, ha indicado este martes la Casa Blanca. “Es de sentido común revisar si alguien tiene antecedentes penales o de abuso doméstico antes de que les vendan un arma de fuego”, ha dicho Biden desde Los Ángeles.
La medida también cierra un agujero que había quedado abierto tras una norma que el propio Biden firmó el año pasado. La nueva orden ejecutiva indica que cualquier que venda en un año por lo menos cinco armas de fuego para obtener ganancias será considerado parte de la industria. Este era uno de los principales reclamos de los organismos en favor de mayores controles. De esta forma, los vendedores en las ferias de armas o los anunciantes de armerías en línea pueden ser sujetos a la normativa y ser obligados a la verificación de antecedentes.
Biden considera que el chequeo de antecedentes se traducirá en menos armas de fuego en las calles. El procedimiento también ayuda a revelar el volumen del mercado en el país. En 2021 se hicieron 18,5 millones de operaciones de antecedentes, lo que da una idea de las armas vendidas entonces. En 2022 fueron 16,4 millones, lo que ha llevado a la industria a considerar que se vive una disminución de la demanda tras los máximos históricos provocados por la pandemia y las movilizaciones de Black Lives Matter en todo el país.
La iniciativa anunciada por Biden también se dirige a las “banderas rojas”. Es una referencia a la legislación vigente en 19 Estados, además de Washington D. C. Esta permite a los departamentos de policías, familiares, amistades, compañeros de trabajo, empleadores y maestros solicitar ante un juez una orden que quite temporalmente armas y municiones de manos de personas que son un riesgo para su entorno y para sí mismos. Un estudio de la Universidad de California, uno de los Estados con los controles de armas más estrictos, indica que estas leyes favorecen principalmente a víctimas potenciales de violencia machista. Los problemas intrafamiliares provocan la mayoría de incidentes con armas de fuego en Estados Unidos.
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“Estas leyes son solo efectivas si el público conoce cuando y cómo usar las órdenes de banderas rojas”, indica el poder ejecutivo. Por ello, Biden ha solicitado al Gabinete trabajar con los cuerpos de policía, médicos, maestros y líderes comunitarios para hacer más conocidas las normas en los Estados donde están vigentes: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawái, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y la capital del país.
El Gobierno también pretende incrementar su ofensiva en contra de las armerías. El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas, junto con el Departamento de Justicia publicará un informe de los negocios que han sido castigados por no obedecer los requisitos federales de venta de armas. “Debemos insistir en que ya es suficiente y que no permitiremos que los intereses de los fabricantes de armas triunfen sobre la seguridad de nuestros niños y de la nación”, indica Biden en el texto de su orden ejecutiva.
El año pasado, Biden firmó una ley que tuvo el apoyo de demócratas y republicanos. El tema generalmente divide ideológicamente a ambos bandos políticos, pero una serie de sangrientos tiroteos, entre estos la segunda matanza escolar más grande y un ataque a un supermercado frecuentado por negros, llevó a Washington los aires necesarios para lograr un acuerdo mínimo. El paquete de leyes, la legislación más importante aprobada en tres décadas, hizo más difíciles las compras de armas para los menores de 21 años, quienes deben ser investigados durante tres días y deben acudir ante las fuerzas del orden antes de que finalicen su compra. También fue aprobada la primera ley federal que castiga el tráfico de armas entre Estados. El paquete también destinaba 250 millones de dólares para ser invertidos en campañas de comunitarias enfocadas en la prevención y en la atención de enfermedades mentales.
El propio Biden ha admitido que estos esfuerzos son insuficientes. El jefe del Ejecutivo ha pedido al Legislativo aprobar mayores controles y prohibir la venta de rifles de alto poder, el arma preferida por los perpetradores de los tiroteos masivos para generar el mayor número de muertes posibles. Biden ha recordado esta tarde que, como legislador, estuvo involucrado en el veto a este tipo de armamento, que estuvo vigente desde 1994 hasta 2004. “Las matanzas estuvieron a la baja en esos diez años, pero nuestros amigos republicanos dejaron que expirara y ahora las matanzas se han triplicado. Terminemos con la tarea. Prohibamos nuevamente los rifles de alto poder”, ha dicho el presidente. En lo que va de 2023, el país ya ha registrado 110 episodios que han dejado 8.400 muertes, de acuerdo al conteo que realiza el Archivo de la Violencia Armada. La mayoría de estos fallecimientos, no obstante, son suicidios (4.800).
La medida del mandatario demócrata ha sido aplaudida por las organizaciones que luchan por una mayor regulación del mercado de armas en Estados Unidos. “Las medidas que prioriza Biden han demostrado ser efectivas y son respaldadas por una gran mayoría de estadounidenses y tienen un balance entre nuestros derechos y nuestro compromiso con la responsabilidad”, ha señalado Peter Ambler, el director de la organización Giffords.
