El viernes pasado se cumplieron seis años del asesinato de Armando Chavarría, quien era presidente del Congreso de Guerrero. Fue acribillado por la mañana a la puerta de su casa en Chilpancingo, cuando se preparaba para ir a hacer deporte. Su crimen causó conmoción en la sociedad política. El presidente Felipe Calderón ordenó a la PGR colaborar en el caso y resolverlo, pero hasta ahora, eso no ha sucedido. El crimen de Chavarría no es uno más de la estadística de la violencia en Guerrero ni un ejemplo adicional a la ineficiencia del sistema de procuración de justicia. Es uno de los casos más claros de cómo en México la justicia no vale cuando los intereses políticos se cruzan, y fotografía un país donde la ley es aplastada por las complicidades.

Chavarría, apoyado por la corriente de Los Chuchos, buscó la candidatura al gobierno a mediados de la década pasada, pero en las componendas de ese grupo con el PAN, respaldaron al empresario Zeferino Torreblanca. Cuando derrotaron al PRI, Torreblanca lo nombró secretario general de Gobierno como parte de los acuerdos con el PRD, pero chocó ideológicamente con el gobernador, quien lo presionó hasta obligarlo a renunciar. En las elecciones intermedias de 2009, Chavarría ganó una diputación local y se convirtió en el presidente del Congreso hasta su muerte.

La investigación de su crimen se desvaneció con el tiempo, por lo que la llegada del PRD a la gubernatura, con Ángel Heladio Aguirre, parecía ser la oportunidad de aclarar el caso. Fue todo lo contrario: se guardó como secreto en una casa de seguridad en Cuernavaca. El expediente regresó a Chilpancingo en la última etapa del gobierno de Aguirre, quien pidió licencia en la vorágine de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. No se ha vuelto a abrir en el gobierno priista de Héctor Astudillo.

Es demasiado explosivo el contenido y muy dañino para muchos, de acuerdo con el curso que llevaba la investigación, suspendida desde hace años. El asesinato, según extractos del expediente a los que se ha tenido acceso, aclara quiénes son los autores intelectuales y materiales del crimen. Se señala a los comandantes “Ramiro” y “Beto”, del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), una guerrilla metida en la producción y el tráfico de mariguana y goma de opio para canjear por armas, en un ajuste de cuentas porque Chavarría, según las averiguaciones, incumplió sus compromisos para dar un mayor número de recursos a la guerrilla y ayudar a derrocar a Torreblanca.

En los extractos de las investigaciones a las que se tuvo acceso, aparecen las relaciones de Chavarría con varias de las figuras más importantes del PRD en aquél momento. Aguirre, que era socio político de Los Chuchos, quiso esconder el origen del asesinato del presidente del Congreso porque le perjudicaba a él, a sus aliados, y a otras figuras del PRD, no sólo a sus camaradas de facción, sino también al jefe de Izquierda Democrática, René Bejarano, y su esposa, la senadora Dolores Padierna, quienes aparecen mencionados de manera central en la indagatoria.

Los vínculos de Bejarano en Guerrero son viejos, y respaldaba a varios dirigentes sociales con vinculaciones a la guerrilla, como Arturo Hernández Cardona, quien se enfrentó con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de acuerdo con una investigación en manos de la PGR, lo mandó matar. Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se encuentran presos actualmente y han sido vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le adjudica la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La investigación sobre Chavarría incluye testimonios de involucrados en el crimen que afirman que Bejarano y Padierna estuvieron en una reunión en una casa en Tlapa, Guerrero, el 19 de agosto de 2009, en la que se habló del asesinato del dirigente perredista y del propio gobernador Zeferino.

Ni Bejarano ni Padierna fueron llamados a declarar, porque se consideró que no hubo información adicional que los ubicara ese día en Tlapa. Pero el seguimiento de la investigación del asesinato de Chavarría los iba a colocar en una situación muy delicada cuando aparecieran sus nombres, y el de otros diputados federales y locales del PRD que también fueron mencionados directamente como asistentes a la reunión del 19 de agosto. Varios de ellos también fueron vinculados al ERPI y a organizaciones de masa de la guerrilla, el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, el FRAP, y otros organismos relacionados con la defensa de los derechos humanos.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que heredó el caso, conocía los vasos comunicantes con el asesinato de Chavarría, y de los nexos del PRD con guerrilleros y narcotraficantes. Sin embargo, la facción del PRD que quedaba manchada por actividades delictivas, más allá de que sus líderes no estuvieran directamente involucrados en ellas, eran Los Chuchos, con quienes el gobierno hablaba, negociaba y armaba las votaciones en el Congreso para las reformas económicas de Peña Nieto. La facción de Los Chuchos tenía que ser protegida, porque cualquier acción que la debilitara, afectaba el entramado del Pacto por México. Que Aguirre escondiera el expediente y buscara desviar el origen del asesinato al gobierno de Torreblanca, respondía a esta lógica de encubrimiento político, donde la ley podía obviarse frente al embate reformador de Peña Nieto. Esto es México, 2016.

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