EL RECTOR: PROTEGIDO
Ante la sugerencia del presidente del Congreso, Francisco Moreno, el rector Alejandro Vera dijo ayer enfáticamente que no renunciará a su cargo porque “no he cometido ningún delito”. ¿Algún inocente morelense pensaba que su respuesta sería aceptar la recomendación del Congreso? La propuesta que Moreno Merino hizo la tarde del martes a nombre de todos los diputados, luego de que un grupo representativo de los mismos se reunió con el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, busca, según dijo, proteger el buen nombre de la UAEM y de la comunidad universitaria, debido a que el rector está ligado a auditorías forenses donde se habla de manejos irregulares de cientos de millones de pesos. En contraste, el rector Vera señaló que el Congreso lo cuestiona “violando el principio de presunción de inocencia e inmiscuyéndose en asuntos que no le competen”. El asunto es que esta vertiente del actual conflicto político social morelense va subiendo de tono.
Por cierto, Vera fue sacado del conflicto generado la víspera por el autodenominado Frente Amplio Morelense (FAM) en Ciudad de México. Lo protegieron del desgaste implícito y no apareció, aunque ello también se debe a que no toda la Universidad comparte su rebelión. Tras la caravana sobre la autopista Cuernavaca-México, que no superó los mil integrantes (transportados en vehículos de la Federación Auténtica del Transporte y Rutas Unidas de Cuernavaca) y a la cual se sumó la CNTE en la caseta de Tlalpan, los manifestantes llegaron a la Secretaría de Gobernación, donde fueron recibidos por Alejandro Ozuna, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, cuya mediación fue rechazada por “El Jefe Javier” (Sicilia), a quien acompañaban los senadores Fidel Demédicis (PRD) y Rabindranath Salazar (Morena), eternos enemigos de Graco Ramírez y aspirantes a la gubernatura. Aquí es importante comentar que todos los vehículos desplazados fueron estacionados en el entorno de la Caseta de Tlalpan (dícese que por un exhorto del gobierno capitalino).
El poeta, quien ya es identifica con el apodo de “El Chile de Todos los Moles” (anteayer se mezcló con “Las Rastreadoras” de Sinaloa, también en CDMX), dio la orden de bloquear la circulación sobre la autopista en ambos sentidos y exigió que los 30 representantes del FAM fueran atendidos (de perdis) por Luis Miranda, subsecretario de Gobierno de la Segob, lo que sucedió después de la presión y el caos vial generado en la zona de Tlalpan. Finalmente, “El Jefe Javier” y sus compinches salieron de la Segob para anunciar que el martes próximo volverán a reunirse con Miranda para estructurar la agenda que pudiese servir en un todavía no programado encuentro con Miguel Angel Osorio Chong, el secretario de Gobernación que anda más ocupado atendiendo la ingobernabilidad en otras entidades, mientras una pandilla bien identificada en Morelos pretende socavar la vida institucional. La mera verdad, el hidalguense tiene cosas más importantes que resolver.
Cambiemos de tema. La justicia federal admitió un amparo promovido por miembros del Poder Judicial morelense en contra de reformas a la Ley del Instituto de Crédito, pero que no apunta a la cancelación de las modificaciones legales en su conjunto, sino que se circunscribe a la eliminación del derecho de magistrados a acceder a créditos del Instituto. Por ello prevalece el nerviosismo entre los burócratas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que inicialmente habían visto la admisión del citado amparo como un punto a favor de su causa. Los burócratas han comenzado a presentar recursos jurídicos ante la justicia federal, de tal forma que en conjunto estarían siendo promovidos algo así como tres mil amparos, de acuerdo con datos difundidos por el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Jesús Román Salgado. La lucha, dicen los burócratas, será larga pero no están dispuestos a claudicar. A ver.
Se cumplió ya un año de que la Secretaría de Gobernación hiciera la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de la entidad: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. La declaratoria se realizó por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Gobierno del Estado, junto con las administraciones municipales correspondientes, se ha visto obligado a realizar diversas acciones para cumplir con la encomienda de reducir e idealmente eliminar, la violencia contra las féminas. Sin embargo, los resultados no convencen a nadie, menos aún frente a sucesos como el par de feminicidios ocurridos el martes, por lo que además de urgir mejores resultados, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, Norma Alicia Popoca, reclama que la AVG se extienda a los 33 municipios.
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