Con el "Plan B" de la reforma electoral aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, los partidos políticos y candidatos tendrán menos sanciones por irregularidades en su gasto, sus documentos básicos serán intocables y el INE no influirá en la repartición de candidaturas.
En la elección de 2021, a 42 aspirantes de Morena a diversos cargos, entre ellos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, se les negó el registro por irregularidades en informes de gastos.
Ahora, en la reforma electoral que se encuentra impugnada en la Corte y que ya tuvo su primer revés con la reinstalación de Secretario Técnico del INE, Edmundo Jacobo, el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales desa-parece ese castigo a partidos.
Incluso, en el artículo 456 se derogó la sanción de perder el derecho a ser registrado como candidato o la cancelación del registro y sólo quedó una amonestación pública y una multa de hasta 5 mil UMAS (Unidades de Medida y Actualización).
"Lo que hacen es incentivar el incumplimiento porque no hay consecuencias graves, dan pie al ocultamiento y simulación. Lo más grave es que podría no conocerse de dónde viene el dinero de apoyo a una candidatura. No rinden cuentas y sólo son amonestados o pagan una sanción económica; esto abre la puerta a los recursos ilícitos", advierte el consejero electoral Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización.
En la "Radiografía del Plan B", elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la investigadora del CIDE, Diana García, afirmó que suavizar las sanciones a los partidos debilita la fiscalización e incrementa las ilegalidades.
"Supongamos que un precandidato rebasa considerablemente el tope de gastos de precampaña y, además, ese dinero era producto de financiamiento ilegal. Con la reforma electoral ese precandidato no podría perder su candidatura", alerta.
Este es un ejemplo de una veintena de reglas en materia de fiscalización que Morena "suavizó" con el "Plan B", por lo que consejeros y expertos electorales aseguran que los más beneficiados serán los partidos políticos.
La reforma está basada en las experiencias de los morenistas, lamentaron.
Por ejemplo, en 2021, los partidos reportaron de manera extemporánea un gasto de 11 mil 983 millones de pesos de prerrogativas. El 82 por ciento era de Morena.
Debido a que esa irregularidad incrementaba cada año, el INE decidió sustituir la amonestación pública por una multa del 1 por ciento del monto involucrado. Los morenistas recibieron una sanción de 98 millones de pesos.
Además, antes del "Plan B", los partidos tenían hasta tres días para reportar en el sistema de fiscalización cualquier ingreso o pago a proveedores, después de ese plazo la autoridad lo registraba como gasto extemporáneo.
Con la reforma electoral, el plazo creció a 20 días en periodo ordinario y 10 días en precampaña o campaña.
Para el INE, esto vulnera la fiscalización, porque permite a los partidos y candidatos tener tiempo para corregir alguna irregularidad.
La reforma también limita al INE a emitir lineamientos que regulen el proceso de postulación de candidaturas, cuando en los últimos tres años, el INE obligó a los partidos a dar el 50 por ciento de sus candidaturas a mujeres.
