Lapidaria, la declaración de la Compañía de Jesús en México sobre el cadáver de quien asesinó hace nueve meses a dos sacerdotes, un guía de turistas y un beisbolista en el poblado tarahumara de Cerocahui obliga a los integrantes militares, policiacos y civiles del gabinete federal de seguridad a enfrentar un reto mayor: dar con los homicidas de El Chueco.
Si hasta el 18 de marzo se trataba de aprehender a un solo presunto delincuente, el desafío se multiplica por quién sabe cuántos que descubrieron, acribillaron y remataron a José Noriel Portillo Gil.
Para la orden jesuita, “su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara. La ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”.
Procede corregir: la ausencia de un proceso legal para castigar a criminales implica (no “implicaría”) la derrota de las instituciones que debieran procurar justicia.
Adrián LeBarón acierta cuando dice:
“Sabemos que hay muchos Chuecos en todo el país que todos los días extorsionan, secuestran, matan, roban, tratan (comercio) mujeres y la lista sigue y crece. Espero tengan la capacidad de ir contra ellos, porque la omisión también es delito y pecado…”
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, peca de ingenua cuando afirma que lo ocurrido a El Chueco “es respuesta a los operativos coordinados. No se dio por magia: es parte de la investigación y los operativos que se han realizado…”
De tomarse en serio tan desafortunada aseveración, cabría suponer que quienes mataron al delincuente respondieron, como “parte de la investigación”, a los inútiles esfuerzos de policías y militares, pero no capturando y entregando a quien era buscado, sino asesinándolo.
Con el antecedente de la entrega (con los atentos saludos de una banda criminal) en Matamoros de cinco presuntos asesinos y secuestradores (caso de los cuatro estadunidenses atacados y una “víctima colateral” mexicana), es inaceptable que la autoridad se dé por satisfecha y asuma como resuelto cualquier crimen dizque “esclarecido” por la delincuencia.
Sin que nadie le preguntara, el presidente López Obrador pareció celebrar al confirmar ayer: “Bueno, miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa, una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios. Me acaban de pasar la información”.
Y nada más al respecto.
Tiene aún este viernes la oportunidad de anunciar que ha ordenado a su gabinete de seguridad dar el paso más obvio que se impone: dar con los asesinos de El Chueco.
De lo contrario, el “departamentito” del Departamento de Estado tendrá sólidos elementos, en su próximo “bodrio”, para ahondar en la impunidad prevaleciente en México y que el Presidente niega...