El video con el inicio del incendio en el falaz “albergue” o eufemística “estación migratoria” de Ciudad Juárez es una cárcel donde ineptos y cobardes “custodios”, pudiendo atender la emergencia, mantuvieron cerrada la reja por la que pudieron escapar de la muerte 38 o más personas (vive una treintena de lesionados, muchos de gravedad).

Verosímil, lo que afirmó el presidente López Obrador: que algunos de los inconformes con su inminente repatriación prendieran fuego a las colchonetas pero, de ser así, ¿no había siquiera un extinguidor en esa instalación oficial del gobierno federal?

Lo dijo así:

“… tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego…”.

Pero no es tal: son barrotes metálicos en que remata la gran reja tras la que estaban encerrados los migrantes en un espacio insuficiente.

La tragedia enluta a familias de Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Honduras y Guatemala (nación originaria de la mayoría de difuntos: 28).

El Instituto Nacional de Migración tuiteó que “lamenta” los fallecimientos derivados de “un incendio que se originó poco antes de las 22 horas del lunes en el área de alojamiento de la Estancia Provisional de Cd. Juárez, Chihuahua”.

Vaya tramposo nombre para una prisión.

Y en comunicado de prensa dice que “rechaza enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia”.

Lo que debiera rechazar y resolver son las innegables deficiencias de su personal y sus instalaciones.

El antecedente más próximo de una matazón tumultuaria de migrantes fue la volcadura, el 9 de diciembre de 2021, de un tráiler en Chiapas (sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo), en cuya caja viajaban atestados ¡200! hombres, mujeres, niñas y niños que habían partido de Comitán rumbo a Puebla (casi todos procedentes de Guatemala y Honduras). El accidente provocó la muerte de 55 que, junto con los 145 sobrevivientes, pasaron frente a las narices de las fuerzas estatales y federales de seguridad, incluidas las del INM, incapaces de detectarlos o cómplices de quienes se dedican al tráfico de personas.

Más atrás, el 22 de agosto de 2010, 72 migrantes aparecieron masacrados en un solar de San Fernando, Tamaulipas.

A la estadística letal cabe sumar los más de 400 cadáveres al año que son hallados en el desierto del lado estadunidense.

El incierto destino de quienes huyen del hambre y la violencia (como también decenas de miles de mexicanos) y terminan varados en las fronteras norte y sur preocupa más por la dócil aceptación mexicana de recibir a los migrantes que expulsa Estados Unidos, a quienes escamotea las más elementales garantías humanitarias.

Lo de la saturación saltó al corcholaterío:

Con Joaquín López-Dóriga, Adán Augusto López reconoció que la Segob es la cabeza administrativa del INM, pero enfatizó que la política migratoria la lleva el canciller Ebrard…