Definitivamente la Fiscalía General de Justicia violó las reglas establecidas en el proceso para inhumar cadáveres que no son reclamados.
Tal acción pudo ocurrir en otra época pero los errores oficiales siguen sin corregirse, lo que ha llevado a la desconfianza hacia la actual administración de esa importante dependencia.
La estrategia de ganar tiempo hasta que el escándalo se diluya no ha funcionado. Inexplicablemente el proceso para recomponer las cosas sólo se ha pospuesto mientras aquellos ciudadanos con familiares que figuran en la lista de desaparecidos aguardan con angustia que la autoridad inicie el proceso de obtención de material genético, con la esperanza de que alguno de los cuerpos pueda ser identificado.
Al no fijar fechas que se cumplan, hoy los afectados han pasado a la acción y exigen la intervención de las autoridades federales. Pero a todo esto no hay ningún procedimiento iniciado que tenga como finalidad determinar todas las responsabilidades en que se ha incurrido en el penoso caso y no sólo perseguir a funcionarios menores en una cacería de chivos expiatorios que no dejará satisfecho a nadie.
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