Desde que se supo que la ministra Yasmín Esquivel se tituló hace 36 años en la Facultad de Estudios Superiores Aragón como licenciada en Derecho presentando una tesis plagiada, la UNAM dejó claro que carecía de normas en su legislación para enfrentar jurídicamente el bochornoso caso de la señora.

El vacío se llenó ya con modificaciones a diversos ordenamientos, pero ninguno se le aplicará debido al civilizatorio principio de que ninguna nueva ley tiene efectos retroactivos.

A partir de la publicación de lo acordado ya por el Consejo Universitario, la UNAM podrá anular certificados, títulos profesionales y grados académicos a quienes violenten la ética universitaria.

El rector Enrique Graue afirma que la inmensa mayoría de los estudiantes y profesores actúa apegada a los principios académicos, y que las modificaciones aprobadas subsanan el vacío legislativo que impedía a la institución actuar frente a asuntos tan bochornosos como el de Yasmín Esquivel.

“No nos debe volver a suceder que no se tengan los mecanismos para conducir circunstancias lamentables”, dijo, aludiendo indudablemente al comportamiento lamentable de la ministra.

El descubrimiento del plagio de más de 90 por ciento de una tesis ajena, revelado el 21 de diciembre pasado, es mérito del reconocido académico Guillermo Sheridan, quien demostró que los contenidos, el estilo, las referencias y las conclusiones de la tesis de Yasmín son idénticas a las de la tesis presentada un año antes por Édgar Ulises Báez Gutiérrez (una de las pocas diferencias es que la original no está dedicada, mientras que la hoy ministra escribió unas líneas para su mamá, su papá, sus hermanas, un sobrino y algunos maestros de la licenciatura).

Dos meses después del hallazgo, El País publicó una investigación demostrativa de que Yasmín recurrió a la misma artimaña para doctorarse en la Universidad Anáhuac, apropiándose del trabajo de 12 autores en 209 de las 456 páginas de su tesis (entre sus plagiados figuran: un ex rector de la UNAM, un ex ministro español de Cultura, un ex presidente del Tribunal Supremo de España, un ex titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juristas mexicanos, italianos y alemanes).

En adelante, antes de iniciar sus trámites de titulación, el alumnado de la UNAM “deberá firmar la protesta universitaria de integridad y honestidad, en la que acepta actuar de manera ética y conforme a los valores universitarios”. De lo contrario, su título podrá ser anulado. Y los profesores “serán responsables por el incumplimiento de integridad y honestidad académica en la supervisión y seguimiento de pruebas, exámenes, tesis, así como trabajos y artículos académicos, de manera especial, los que son necesarios para cualquier forma de titulación u obtención de grado”.

Pues ahora, si no por ética universitaria y aunque conserve su inmerecido título, la impune ministra debiera renunciar por elemental dignidad… 

NOTA. El Asalto… hace un paréntesis de dos semanas.