En resumen, eso fue lo que sucedió con la investigación del caso Ayotzinapa: la obstrucción de justicia impuesta por las fuerzas armadas ha logrado que, ocho años después, la verdad sobre la desaparición de los normalistas continúe siendo inescrutable.

El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma las peores sospechas. Desde el alto mando militar se ha intentado ocultar la evidencia que habría permitido dar con el paradero de las víctimas.

Este documento presentado ayer por los dos últimos integrantes del GIEI que continúan trabajando para desentrañar lo ocurrido en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 —Ángela Buitrago y Carlos Beristain— resume, entre otras cosas, el papel jugado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para descarrilar la investigación.

En “las declaraciones de militares del 27 batallón, tanto mandos como miembros de servicios de inteligencia han cambiado de versión según se han desarrollado las investigaciones,” denuncia el documento compartido por el GIEI.

“A pesar de tener la evidencia de disparos y ataque a los jóvenes, señalan que no salieron del cuartel bajo el argumento de que no les correspondía.”

Sin embargo, los mandos militares “tenían evidencia … controlaban las cámaras y se transmitió en tiempo real el ataque de los responsables de inteligencia del 27 Batallón.”

Se suma a lo anterior que inteligencia militar tuvo presencia en más de uno de los lugares donde se agredió a los estudiantes.

De acuerdo con este último informe del GIEI, “responsables del Ejército … estaban coludidos con el narcotráfico”. Tal cosa fue corroborada por las escuchas entregadas por las autoridades de los Estados Unidos que hallaron pagos y comunicaciones vinculando a un comandante y un capitán financiados regularmente por la organización criminal de los Guerreros Unidos.

Todavía peor, existe evidencia corroborada de que varios militares perseguidos por la Fiscalía General de la República, por su presunta vinculación con la tragedia de Ayotzinapa, lograron eludir la justicia gracias a que el alto mando militar presionó para cancelar las órdenes de aprehensión que existían en su contra.

Confirma el hecho de que la obstrucción de justicia provino desde la más alta esfera el que la Sedena haya ocultado información clave durante más de siete años. Afirma el GIEI que si bien esta dependencia tuvo conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo, los archivos de inteligencia de la Sedena fueron sistemáticamente escondidos.

En este contexto destaca la negativa militar a reconocer que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, dependiente del Estado Mayor de la Sedena, contó con evidencia en tiempo real sobre lo ocurrido con los normalistas.

Denuncian Buitrago y Beristain que el GIEI solicitó en varias ocasiones la entrega de información en manos de este CRFI y, sin embargo, cada vez la Sedena respondió que dicha instancia no existía.

La última solicitud llevó la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la esperanza de que, siendo el jefe supremo de las fuerzas armadas, cayera por tierra la negativa.

Sin embargo, la Sedena se mantuvo inflexible y reiteró al Presidente de México la inexistencia de dicha documentación. Peor aún, esa dependencia propuso al mandatario denunciar penalmente a Beristain y Buitrago por confundir con sus informes infundados.

Con todo, hay evidencia contundente que señala al Centro Militar de Inteligencia como la instancia que concentró la información que el Estado Mayor de la Sedena se atrevió a ocultar, incluso del ojo presidencial.

No solamente la Secretaría de la Defensa estaría involucrada en el descarrilamiento de la investigación sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. También la Secretaría de Marina (Semar) tuvo un papel destacado en esta operación de Estado.

La Semar habría desarrollado una serie de acciones secretas que igualmente fueron ocultadas. Por ejemplo, existe evidencia de que esta otra dependencia estuvo presente en el basurero de Cocula varias horas antes de que arribara al lugar el personal de la Procuraduría General de la República.

El lunes 27 de octubre de 2014 la Semar habría intervenido sobre esa supuesta escena del crimen alterando pruebas que más tarde servirían para engañar a la opinión pública con el argumento de que el vertedero de Cocula fue escenario de la incineración de los cuerpos de los normalistas.

Advierten Beristain y Buitrago, por otra parte, que hay información incontrovertible de que integrantes de la Semar, sin atender a los estándares procesales, detuvieron y torturaron a presuntos perpetradores materiales de la desaparición de los estudiantes.

Destaca el quinto informe del GIEI que la tortura sistemática llevada a cabo contra esos detenidos, especialmente a partir de inicios de octubre de 2014, pervirtió la investigación y las declaraciones.

El quinto informe distingue entre los actos militares de ocultamiento y aquellos cometidos material y directamente por integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir que integrantes tanto de la Sedena como de Semar serían responsables no solamente de obstruir justicia, sino de la desaparición y eventual muerte de los jóvenes normalistas.

Hay información documental —dice el reporte— recogida por la Sedena, que refiere, en concreto, a un grupo de muchachos que habría logrado sobrevivir después del 26 de septiembre de 2014 y más tarde fue eliminado.

Esta información coincide con lo denunciado por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien acusó al comandante del Batallón número 27, José Rodríguez Pérez, de haber ordenado la muerte de esos normalistas.

Prácticamente nada de lo expuesto en este quinto informe del GIEI era desconocido para la opinión pública, sin embargo, en esta ocasión el documento hace énfasis en la responsabilidad militar detrás del caso Ayotzinapa. Es inocultable que, detrás de esta tragedia, estuvieron las Fuerzas Armadas. Y también lo es que éstas han hecho todo lo posible por descarrilar las investigaciones del caso. Con ello no solo se confirmaría su responsabilidad, sino la impunidad imbatible que todavía hoy les protege y empodera.