Tres textos esta semana esbozaron un cuadro sobre qué país de leyes ha construido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: 1) el secuestro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en Puerto Vallarta, resultado de un pleito entre cárteles de la droga, fue realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno federal armó y usó en Michoacán en 2013 y 2014 para aniquilar a Los Caballeros Templarios; 2) las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato en 2015, donde el índice de letalidad fue 28 veces más alto que el tope establecido por los protocolos de uso de la fuerza; y 3) la decisión política de no castigar un crimen en Chilpancingo en 2009, para cuidar a sus aliados en el Pacto por México y sacar adelante sus reformas económicas. Si el pasado pintó mal para México, el futuro pinta peor para el presidente Peña Nieto, a nivel político y personal.

En agosto del año pasado, Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa Novosti que al concebirla, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el gobierno. En el mundo, no sólo es una conversación recurrente, sino hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto, antes o después de que termine su administración, a una corte internacional para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos.

El consenso se está construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías –la estadounidense, por ejemplo, está muy molesta con el gobierno peñista; la alemana y la canadiense, otros botones, están muy preocupadas por el deterioro de la situación de los derechos humanos en México–. Quien frasea con precisión lo que se piensa del gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró: “Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose”.

La política en materia de seguridad está colapsada, pese a lo que insistan las autoridades en sentido contrario, y los índices sobre la inseguridad siguen aumentando. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que lo que se vive es resultado de todo lo que han tenido que recomponer de la anterior administración, pero el argumento no se sostiene. Durante los ocho primeros meses del sexenio, se decidió no actuar contra la delincuencia organizada, lo que permitió que se rearmaran los cárteles, reorganizaran sus estructuras financieras, reacomodaran territorios y se fortaleciera el Cártel Jalisco Nueva Generación, sus aliados en Michoacán, un monstruo al que alimentaron, empoderaron y ya no han podido someter.

El problema para Peña Nieto en el mundo es doble. Por un lado está la construcción de un caso judicial en su contra para ser juzgado en cortes internacionales y, por el otro, está la presión para que admita una comisión como la de Guatemala en 2012, con la participación directa de la ONU, que subordine al Estado Mexicano a las leyes internacionales. Esa comisión comenzó como un apoyo al sistema de procuración de justicia, pero se involucró en investigaciones sobre corrupción, que finalmente produjeron la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar la organización criminal que cometió esos delitos.

Aquello sigue pareciendo muy lejano en México, pero el presidente Peña Nieto ha estado escuchando los escenarios de lo que pudiera sucederle si se inicia, en cambio, un juicio en su contra en una corte internacional. Funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la PGR han discutido las posibilidades de que eso suceda, así como también le han asegurado que, de llegar el caso, se podría contener con el sacrificio de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero no le están diciendo la verdad al Presidente.

No está claro que Zerón pudiera ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, porque el aniquilamiento por decisión del gobierno de un grupo específico, como fue el caso de Los Caballeros Templarios, no fue una decisión ni una acción por parte de la PGR, sino de la Secretaría de Gobernación. Difícil sería también, incluso, juzgarlo internacionalmente por el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, donde se le podrá acusar de negligencia o manipulación en la investigación, y hasta de encubrimiento, pero las omisiones y las decisiones que definieron el crimen, tampoco salieron de la PGR, sino de Los Pinos y Bucareli.

En ambos casos, Peña Nieto es quien se encuentra en el corazón del problema, con documentación que prueban violaciones a las leyes como no se habían tenido contra ninguno de sus antecesores. Ser enjuiciado en la Corte Internacional de La Haya ya no es una hipótesis; es una realidad que están armando como caso grupos de expertos extranjeros.

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