La mayoría de los partidos políticos impulsa un acuerdo de impunidad en la Cámara de Diputados, a través de una iniciativa en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que ha emitido resoluciones que han afectado decisiones del Congreso, de dirigentes, candidatos y legisladores.
Por medio de una reforma constitucional, con tintes similares a los que propuso en su momento el Ejecutivo federal en materia electoral, se promueve acotar las facultades de interpretación del Tribunal Electoral y con ello tener manga ancha en sus decisiones partidistas.
Los efectos de la reforma impedirán que progresen los juicios de derechos políticos promovidos por mujeres, personas con discapacidad, personas transgénero, migrantes e indígenas, porque se limitarán las llamadas acciones afirmativas que los incluían en la reglamentación del INE y fueron ratificados por el Trife.
Con la reforma también se amarrarán las manos a los militantes inconformes con procesos internos sobre la elección de dirigentes.
De acuerdo con la propuesta de reforma, en el artículo 99 se modificarían las facultades del Tribunal Electoral de interpretar la ley y se impediría que emitan sentencias relativas a decisiones de la Cámara de Diputados y vida de los partidos políticos.
"Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva y exclusivamente, las controversias que se susciten por normas generales, actos y omisiones y resoluciones regulados por las leyes electorales, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley.
"El Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución, y los principios expresamente establecidos en ésta. Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de Gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores, quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal", señala la reforma.
Dicha propuesta de reforma estaba lista para discutirse y aprobarse antes de la Semana Santa, pero la protesta de colectivos de mujeres, reclamos en redes sociales e inconformidades al interior de los grupos parlamentarios, congelaron, por unos días, la discusión.
La Comisión de Puntos Constitucionales suspendió el 29 de marzo la reunión donde se discutiría el dictamen y citó de nuevo para hoy.
Pese a estar en constante confrontación, la reforma fue impulsada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, con el apoyo del PAN, PRI y PRD. De la Oposición, MC la rechaza.
En el artículo 41 de la Constitución se propone agregar que en materia electoral las determinaciones que se adopten con relación a acciones afirmativas tendrán el carácter de modificaciones legales fundamentales, y "se sujetarán al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución", por lo que ni el INE ni el Tribunal podrán ordenar candidaturas de acciones afirmativas fuera de lo que los partidos decidan.
Se agrega que los partidos, en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización, establecerán en sus estatutos reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.
