La iniciativa que permitiría al Gobierno federal terminar contratos de manera anticipada y sin resarcimiento de daños por "causas de interés público" es contraria a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libre competencia, establece un análisis del despacho jurídico "Mijares Angoitia Cortés y Fuentes".
En un análisis a la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados el pasado 24 de marzo, el despacho considera que de llegar a aprobarse y cobrar vigencia provocaría falta de certeza jurídica para los inversionistas, pero "podría ser combatida a través de un juicio de amparo".
"Existen elementos razonables para sostener que la iniciativa es contraria a diversos derechos fundamentales, como por ejemplo, libre competencia y concurrencia, derecho a libertad del trabajo, derecho a un medio ambiente sano, seguridad jurídica y legalidad.
"De publicarse, podría ser combatida a través de un juicio de amparo. Los plazos para la promoción del juicio de amparo dependerán de cada caso concreto. Dada la magnitud de algunas de las reformas, será relevante analizar en cada caso si se estuviesen violando obligaciones contraídas por el Estado mexicano al amparo de diversos tratados internacionales", indica el reporte de la firma.
La iniciativa de reforma modifica 23 leyes, entre otras la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a consideración del despacho afecta contratos con entidades gubernamentales, permisos y concesiones.
Entre otras cosas, la iniciativa contempla la terminación de contratos de manera anticipada y sin resarcimiento de daños cuando se aleguen "causas de interés público", mediante la incorporación de la llamada "cláusula exorbitante" o de terminación anticipada en todos los contratos de adquisiciones y obra pública.
La iniciativa presentada establece que, en los casos en los que sea obligatorio el pago de indemnizaciones, como resultado de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, se pongan límites a los montos para evitar "reclamaciones fraudulentas" en contra del Estado mexicano, así como "indemnizaciones desproporcionadas".
"La iniciativa busca fortalecer la rectoría de la economía por el Estado y el margen de actuación de dependencias de la Administración Pública Federal, tanto en relación con recursos públicos, como en relación con la participación del sector privado en diferentes sectores de la economía.
"Esto, mediante un modelo con mayor intervención del Estado en la prestación de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura, dotando al Gobierno federal de facultades más amplias y con más discrecionalidad, lo cual podrá afectar proyectos futuros y actuales, y su financiamiento, al generar falta de certeza jurídica y seguridad para los inversionistas en México", establece el análisis del despacho.
La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y, de aprobarse, pasaría al Senado. En ambos casos, se requieren mayorías simples para la aprobación o desechamiento de la Iniciativa.
LA MODIFICACIONES
Un análisis del despacho "Mijares Angoitia Cortés y Fuentes" destaca algunos de los procedimientos y normas jurídicas a reformar con la iniciativa que busca evadir indemnizaciones en caso de cancelar contratos.
JUICIO DE LESIVIDAD
Permite a la autoridad revocar permisos o autorizaciones otorgados al margen de la ley, pero ahora procedería en actos "que causen perjuicio a la Administración Pública Federal o que lesionen el orden público".
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD
Propone que los actos administrativos puedan ser declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada, y que se inicie procedimientos de responsabilidad administrativa, civil y penal.
CLÁUSULA EXORBITANTE
Plantea incluir obligatoriamente la "cláusula exorbitante" en nuevos contratos y que permitiría a la Administración Pública terminar unilateralmente el contrato en cuestión de manera anticipada y por causa de interés público.
INDEMNIZACIONES
Propone limitar las indemnizaciones pagaderas al Estado mexicano estableciendo que no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando la revocación se motive en hechos o actos de interés público.
REVOCACIÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES
Propone establecer como causales para revocar concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, hechos que afecten el interés público o causen algún desequilibrio económico, social o ambiental.