Por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, la Fiscalía General de la República (FGR) acusará este lunes ante un juez federal a los cuatro elementos del Ejército señalados de disparar, el 26 de febrero pasado, contra un vehículo donde viajaban siete jóvenes en la colonia Cavazos Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los cuales fallecieron cinco, uno resultó lesionado y otro ileso.
La causa penal 46/2023 en poder de EL UNIVERSAL refiere que se tiene por recibido el oficio, a través del cual la FGR solicita que se fije audiencia para formular imputación contra Agustín “N”, Juan Carlos “N”, Bernardo “N” y Jorge Nicolás “N”.
Este lunes inicia la audiencia de formulación de imputación en contra de los cuatro elementos, donde además la defensa de las familias de las víctimas solicitará ampliar la imputación en contra de otros 17 militares, incluido el capitán Elio “N”, por probables delitos de omisión en el caso.
La audiencia está programada a las 10:15 horas (hora de la frontera) en el Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, y se efectuaría en videoconferencia.
Los probables implicados se encuentran recluidos en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, en cuyas instalaciones no se cuenta con el equipo técnico necesario para el desarrollo de la audiencia vía videoconferencia.
“En mérito de lo anterior, gírese oficio al director del citado centro carcelario, a fin de que permita su excarcelación para que sean trasladados a las instalaciones del juzgado militar que corresponda para su respectiva intervención en la audiencia”, detalla la causa penal.
En la notificación a las víctimas directas e indirectas se señala que su incomparecencia a la audiencia no será obstáculo para su celebración.
También se requiere que el titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas designe elementos que desempeñen funciones de policía procesal para el resguardo general de la sala y para el desarrollo de la audiencia.
Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas que fallecieron fueron identificadas como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo (de nacionalidad estadounidense) y Alejandro Trujillo Rocha.
En tanto, Luis Gerardo “N” se encuentra en un hospital privado y se reporta en estado delicado. Alejandro Pérez Berlies resultó ileso, pero con daño sicológico.
Edgar Netro Acuña, uno de los abogados de los familiares de las víctimas e integrante del comité, expresa que están inconformes porque la FGR sólo realizó la imputación de cuatro elementos de los 21 que participaron.
Enfatiza que los cuatro uniformados fueron los que dispararon sus armas y causaron la muerte de los cinco jóvenes: “En el relato de las dos víctimas directas, Luis Gerardo y Alejandro, sabemos que el resto del cuerpo militar que iba en ese convoy también tuvieron participación, encubrieron a sus compañeros… no hicieron nada para salvaguardar la integridad física de los dos sobrevivientes”, detalla el abogado.
Insiste en que los 17 elementos restantes también están relacionados con el caso, probablemente no de manera directa, pero no brindaron ayuda a las víctimas cuando se dieron cuenta de que no portaban armas.
El litigante subraya que van a pedir que sean imputados dentro de esta carpeta: “En menor y mayor grado deben ser juzgados por igual, especialmente el capitán porque llevaba el mando”.
Netro Acuña expresó que se realizará la imputación y solicitarán un término para la investigación complementaria, a la que agregarán más datos de prueba.
“Quiero recalcar que es una labor conjunta por parte del comité que encabeza Raymundo Ramos, así como el licenciado Jorge Ruiz del Ángel que está en la Ciudad de México, el licenciado José Roberto Puente, vamos a ver cómo se desarrolla la audiencia, de entrada es la imputación a cuatro elementos y que se incluya a los otros 17”, expone.
Subraya que la reparación del daño está inmersa en la sentencia, es una obligación del Estado mexicano, no porque las víctimas lo busquen, y afirma que el juez federal está obligado a velar por los intereses de las víctimas.
“Tenemos una perspectiva de que no va a ser un juicio de años por el material probatorio que existe… aproximadamente unos seis meses, no hay de dónde eximirse de alguna responsabilidad”, asevera.
Los cuatro militares, dice, podrían alcanzar una sentencia máxima de 50 años, mientras que la de los otros 17 dependerá de las acciones que realizaron.