La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados propuso, por segunda ocasión consecutiva, la reunión programada para este lunes en la que se analizaría la reforma constitucional a través de la cual se busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Con estos cambios, la Junta de Coordinación Política busca que el máximo órgano electoral no pueda emitir sentencias con acciones afirmativas, en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables.
El proyecto impulsado por diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD prevé reformas y adiciones a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política, con el fin de limitar las resoluciones de los magistrados electorales sobre la vida interna de los partidos políticos.
Sin embargo, apenas 30 minutos antes de la hora del encuentro convocado a las 6 de la tarde de este lunes, el presidente de la comisión, el morenista Juan Ramiro Robledo, notificó de manera oficial el nuevo aplazamiento.
“A nueva solicitud de diversos coordinadores de los grupos parlamentarios, se comunica que la 15a reunión ordinaria se difiere para el próximo martes 11 de abril a las 9:30 horas en el mezzanine sur del edificio A de nuestro recinto legislativo”, informó.
¿Qué implica la reforma para limitar el TEPJF?
La reforma busca, asimismo, “blindar” las normas estatutarias de los partidos, así como las reglas para la designación de dirigentes y el cumplimiento del principio de paridad de género ante eventuales sentencias del TEPJF.
“Los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”, señala.
Acota igualmente la competencia del órgano jurisdiccional en materia de acciones afirmativas para grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT+, indígenas y afromexicanos, entre otros.
“(El Congreso tiene facultad) para establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género”, señala el dictamen.
Se plantea asimismo evitar la competencia del Tribunal Electoral sobre las facultades exclusivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Niegan diferencias
Juan Ramiro Robledo rechazó que existan resistencias al interior de los grupos parlamentarios que buscan impulsar la reforma, aunque pidieron más tiempo para analizar la propuesta debido a que se le agregaron “algunas otras cuestiones”.
Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que es el único que está en contra de la reforma, celebró que se haya pospuesto la reunión.
“Sin duda alguna este es un nuevo triunfo de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de quienes salieron a las calles, pero han seguido vigilantes, informados, críticos en redes sociales y en diversas plataformas de comunicación, y que exigieron que se diera marcha atrás en esta regresiva iniciativa, que fortalece a las dirigencias partidistas y debilita a la militancia”.
Afirmó que esta reforma debilita a los ciudadanos sin partidos que tienen una legítima aspiración a que los partidos se democraticen, a que la ley se haga valer, y a que las contiendas sean equitativas, que exista un árbitro electoral fuerte, vigilante y que garantice la imparcialidad y la certeza en los procesos electorales.
“No es el momento de una reforma electoral. Cientos de miles de personas han salido a las calles para dejarlo claro. En vísperas de un nuevo proceso electoral, del tamaño, de la envergadura que va a tener la elección presidencial de 2024, debemos de llamar a la sensatez.
“No a una reforma electoral al vapor, y mucho menos a contentillo de las dirigencias partidistas y del régimen en el gobierno.