El Supremo mexicano comenzó este lunes la discusión de un proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional la reforma legislativa que transfirió al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN). Aunque el análisis no ha concluido —la sesión se suspendió y continuará el martes—, dos de los 11 integrantes del pleno de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel, hicieron este lunes posicionamientos que demuestran su respaldo a que la Guardia Nacional —que se creó como un cuerpo de seguridad civil diferenciada de las instituciones castrenses— permanezca bajo control del Ejército, como lo estableció la reforma del Legislativo de septiembre de 2022. El proyecto a discusión, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, propone invalidar esa reforma con el argumento de que la Constitución prohíbe expresamente la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz. La propuesta, que se dio a conocer la semana pasada, provocó la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió el traspaso de la GN a la Secretaría de la Defensa y advirtió de que la Corte cometería “un grave error” si aprueba el proyecto.
“Es la primera ocasión en que, de manera directa, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza a la Guardia Nacional”, dijo el ministro González Alcántara al dar lectura a su propuesta de acción de inconstitucionalidad 137/2022. La GN se creó en marzo de 2019 mediante una reforma constitucional para la que el partido en el Gobierno, Morena, logró un amplio consenso con la oposición. La nueva corporación reemplazó a la Policía Federal y quedó bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una precisión —dispuesta en el artículo 21 constitucional— que remarcaba el carácter civil de la nueva agencia.
Pero, en septiembre de 2022, la aplanadora oficialista en el Congreso aprobó una reforma a varias leyes secundarias con la que dio la vuelta a la Constitución y consumó la conversión del cuerpo policiaco en un apéndice militar. La reforma estableció que la GN seguiría estando adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero que la Defensa se haría cargo de su “control operativo y administrativo”. Para la oposición en el Congreso y colectivos ciudadanos, la modificación violó lo que señala la Carta Magna: que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles y que la participación de las Fuerzas Armadas en esa materia debe ser excepcional y regulada, no permanente.
Dos ministros, Luis María Aguilar y Norma Piña, adelantaron su posición a favor del sentido del proyecto de González Alcántara. La ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, dijo que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública puede comportar un riesgo para la ciudadanía, dado que el entrenamiento que reciben los elementos castrenses está relacionado con derrotar al enemigo, mientras que la formación de un policía tiende a la protección y control de civiles. “Es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas”, refirió. El ministro Aguilar sostuvo: “Comparto la propuesta que se hace en este apartado, toda vez que se destaca adecuadamente que la Constitución General establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
En defensa del Ejército
El ministro Zaldívar, que fue presidente del Supremo, desde donde tejió una fuerte relación de colaboración con López Obrador, defendió la reforma legislativa que sus colegas refutaban. El ministro señaló que ni la Constitución ni los convenios internacionales suscritos por México afirman que la sola participación de personal militar en corporaciones policiacas, o el hecho de que estas se rijan bajo principios o valores de disciplina castrense, implique, por sí solo, la desnaturalización de su carácter civil. Expuso que varios países latinoamericanos, como Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Ecuador, cuentan con policías adscritas a instituciones con vocación militar, ejemplos que el presidente López Obrador también ha aducido para defender la reforma.
Zaldívar sostuvo que, para que la Guardia Nacional perdiera su naturaleza civil, sería necesaria una modificación legal que le otorgara objetivos de “seguridad nacional” —propios de las Fuerzas Armadas— y que sus elementos fuesen formados en “derrotar al enemigo” con “tácticas propiamente militares”, y no ya en los fines policiales de protección y control de ciudadanos. “Si la naturaleza civil o militar de una institución se define por sus objetivos y su entrenamiento, cabe concluir que el hecho de que el personal militar o de marina colabore en la Guardia Nacional, e incluso lleve a cabo funciones de control, no desnaturaliza por sí mismo su carácter civil”, dijo.
El ministro fue más allá en su defensa y sostuvo que la participación militar en la GN no solo no está prohibida sino que “resulta, incluso, deseable”. Zaldívar alegó que la ausencia de una disciplina como la castrense en el funcionamiento de la Policía Federal —antecedente de la Guardia Nacional— propició la corrupción de esa institución de seguridad pública a los niveles más altos, en referencia a Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y que en febrero fue declarado culpable en Estados Unidos de los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. “Los cuerpos policiales que mayor éxito han tenido en Derecho comparado son aquellos que precisamente han adoptado este esquema en contrapartida. Aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas, como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país durante las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas, incluso, al nivel del mando más alto”, alegó Zaldívar.
En el mismo tono, la ministra Yasmín Esquivel —que continúa arrastrando procesos judiciales relacionados con los señalamientos de plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado— negó que la labor de seguridad pública del Estado se haya militarizado, pues la Guardia Nacional continúa legalmente bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la encargada de diseñar la estrategia de seguridad y la política pública en esa materia, no así el Ejército, que, dijo, solo ejecuta lo dispuesto en dichos documentos. “Me parece que no podemos deducir que, por el hecho de que la Sedena sea la que tenga a su cargo el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, ello coloque a esa institución como la responsable de la seguridad pública”, arguyó.
La ministra afirmó que el Estado debe atender el reclamo ciudadano de seguridad y usar todos sus recursos, especialmente cuando se trata de las dos instituciones “a las que más confianza tiene la sociedad”, esto es, el Ejercito y la Marina. “Utilizar toda la fuerza disponible del Estado para estos fines no es militarizar el poder público, ni tampoco militarizar el país, sino poner al servicio de la sociedad todas las capacidades de respuesta en contra del crimen organizado, que cada día adquiere formas más sofisticadas en sus conductas. El Estado mexicano debe aprovechar sus fortalezas, su infraestructura operativa y logística, administrativa y de adiestramiento, que debemos utilizar y optimizar, no solo aquellos que se encuentran en una secretaría, sino en toda la Administración Pública”, dijo. Esquivel terminó con una arenga a sus colegas: “¡Hagámoslo por México!”. La discusión de la acción de inconstitucionalidad continuará en el pleno del Supremo este martes.