El 24 de marzo pasado, se recibió en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley presidencial que reforma 19 leyes de la administración pública federal.

Es una reconfiguración administrativa cuya trascendencia es difícil exagerar, porque mediante ella se otorgarían al gobierno poderes discrecionales sobre la sociedad que no ha tenido nunca.

Vistos en conjunto, estos cambios equivalen a borrar muchas de las restricciones sustantivas que el gobierno tiene en el manejo de sus relaciones económicas, legales y contractuales con la sociedad.

Por razones de “interés público”, “interés social”, “interés general”, o “seguridad nacional”, los cambios administrativos propuestos permitirían al Estado, entre otras cosas:

-Revocar discrecionalmente permisos, concesiones, autorizaciones o licencias.

-Declarar nulos actos administrativos.

-Limitar el monto de las indemnizaciones por la terminación anticipada y unilateral de contratos.

-Fijar límites a las indemnizaciones impuestas por arbitrajes internacionales.

-Suspender el pago de daños cuando los contratos se cancelen por razones de “interés público”.

-Otorgar al gobierno el “principio de confianza” para iniciar obras sin los permisos requeridos.

(Recomiendo al respecto la lectura de los artículos de Sergio López Ayllón, en MILENIO, 12/4/24, y de Jesús Reyes Heroles González Garza, en El Universal, 13/4/2023).

La iniciativa es un autorretrato de intenciones y deseos que se resumen en esto: que el gobierno pueda ser árbitro libre de todos los tratos y contratos que lleguen a sus manos o salgan de ellas.

La iniciativa dibuja el perfil de un país administrado sin restricciones desde las ventanillas del gobierno: una tiranía política vestida de una discrecionalidad administrativa en cuyos dominios no se pone el sol.

No se trata de una reforma constitucional. Es una iniciativa de ley que puede aprobar sola la mayoría oficialista del Congreso.

Sobra decir que todas y cada una de estas nuevas facultades que el poder Ejecutivo quiere darse, violan derechos y garantías vigentes en el trato de los particulares con el gobierno.

Su aprobación daría lugar a una incalculable cantidad de amparos desde el ámbito privado y a múltiples querellas constitucionales desde el ámbito público.

Es una pieza más, una pieza inesperada, de la batalla legal por el futuro que se libra en México: la existencia de una ley, resume Paco Calderón, que permite brincarse las demás leyes.