Circuló la grabación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, diciendo a los senadores de su partido que no se apuren a nombrar a los consejeros que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Faltan tres consejeros de siete. Para sesionar, el INAI debe tener al menos la concurrencia de cinco. El Senado había nombrado a dos, que el Presidente vetó. El INAI está en el limbo de la falta de quórum.

Según la grabación que circuló, el Presidente está a gusto con ese limbo. Preguntó al secretario de Gobernación qué pasaría si dejaba los nombramientos pendientes.

El secretario respondió que habría una petición a la Corte para que ordenara su reposición y la Corte la ordenaría, pero el asunto llevaría tiempo.

El Presidente dijo entonces al secretario que no se nombraran los consejeros, porque la situación de impasse del INAI era “el mundo ideal” para el gobierno.

Y esto es lo que el secretario fue a decirle a los senadores de su partido, contradiciendo lo que el Presidente había dicho durante una de sus mañaneras, a saber: que lo del INAI era urgente arreglarlo.

Cuando el Presidente vio que sus verdaderas intenciones sobre el INAI se habían hecho públicas, declaró en una mañanera lo contrario de lo que había dicho en la otra:

No sólo no era urgente arreglar el INAI, sino que había que desaparecerlo, porque costaba mucho dinero y no servía para nada.

El INAI en efecto no le sirve al gobierno, le sirve a la ciudadanía. Lo que hace el INAI es canalizar al gobierno peticiones de información de la ciudadanía.

Desde su creación en 2003, el INAI ha recibido más de 2 millones de peticiones de información del público. En el último año, 378 mil, más de mil al día.

Para el gobierno, el INAI es una monserga, pero para la ciudadanía es un servicio invaluable, porque abre los archivos y las decisiones gubernamentales al público.

El trato que el gobierno está dando al INAI es un síntoma perfecto de la clase de gobierno que quiere ser: un gobierno cerrado a la inspección pública, al que no se le puede pedir ni siquiera información.