La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto que ordenó la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Éste se opone al texto del artículo 21 (constitucional) que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la Seguridad Pública”, consideró el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El proyecto fue avalado en el pleno por ocho votos contra tres; éstos últimos de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro Arturo Zaldívar, quienes argumentaron que la transferencia no anulaba el carácter civil de la corporación federal.
Para el ministro Javier Laynez Potisek, las reformas aprobadas para publicar el decreto, del 27 de mayo de 2019, implicaban un fraude a la Carta Magna. La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que se dejó en duda el carácter civil de la GN, al ponerla por completo bajo el control administrativo y operativo de los militares.
El pleno de la Corte también anuló la facultad que se otorgó al titular de la Sedena para proponer al comandante de la Guardia, y se lo devolvió a quien ocupe la titularidad de la SSPC.
Esta modificación no es retroactiva, por lo que queda intacto el nombramiento del general en situación de retiro David Córdova Campos, titular de la corporación federal desde enero de este año.
Quitan a Sedena control de GN
Con el voto de 8 ministros se declaró la invalidez del decreto que transfirió la GN al Ejército.
Con una mayoría calificada de ocho votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del decreto que ordenaba la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En contra del proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Arturo Zaldívar, quienes argumentaron que esta transferencia no anulaba el carácter civil de la corporación federal.
El proyecto aprobado, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, considera que es inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el decreto de transferencia, que fue impugnado por senadores de oposición.
“Éste se opone al texto del artículo 21 que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la Seguridad Pública”, consideró el ministro ponente.
El paso de los activos y operación de la GN a la Sedena estaba detenido, debido a que una Jueza Federal de Guanajuato otorgó una suspensión en contra de decreto, en octubre del año pasado.
FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN
La discusión se centró en lo que establece el Artículo 21 constitucional, relacionado con el carácter civil que deben tener las corporaciones encargadas de la seguridad pública, entre ellas la GN.
Para el ministro Javier Laynez Potisek, las reformas aprobadas para el decreto de transferencia de esta corporación a la Sedena implicaban un fraude a la Carta Magna.
“La transferencia de las funciones ya referidas crea, además, esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto, respecto a la Secretaría de Seguridad Pública (sic).
“Por ello la transferencia que, por vía legal y de manera permanente, se hace de estas facultades, es, de hecho, una readscripción y, técnicamente, un fraude a la Constitución”, expuso el ministro Laynez Potisek.
Para la ministra Ana Margarita Ríos Farjat el Acuerdo de transferencia dejaba en duda el carácter civil de la GN, al dejarla por completo bajo el control administrativo y operativo de los militares.
“Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retenga la dirección de la Guardia Nacional, si no posee el control operativo y administrativo.
“En mi entendimiento, una institución no puede ser dirigida en realidad sin retener control de su operación y su administración. Al ser castrenses estos controles, la dirección también lo es, y el carácter civil queda en entredicho”, afirmó Ríos Farjat.
El 24 de octubre de 2022 la jueza Novena de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva en contra de la transferencia de la corporación federal a la Sedena.
La juzgadora ordenó regresar el control operativo y de administración a la SSPC, al conceder la suspensión a la organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez.
Para la presidenta de la SCJN, ministra Norma Lucía Piña Hernández, el Acuerdo de transferencia estaba reglamentando el Artículo 21 constitucional, dejando a la GN bajo la operación y mando de militares.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena destacó que el control operativo y administrativo de la GN a la SSPC necesitará de ajustes por parte del Poder Legislativo, ante lo que se le debe dar un plazo para su cumplimento.
Los datos
Quita facultad a Sedena
- La Corte también anuló la facultad que se otorgó al titular de la Sedena para proponer al comandante de la GN, y se le devolvió a quien ocupe la titularidad de la SSPC.
- Esta modificación no es retroactiva, por lo que queda intacto el nombramiento del general en situación de retiro David Córdova Campos.
Senadores celebran; piden que no haya simulación
Por Leticia Robles de la Rosa
Senadores de oposición celebraron su triunfo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que les dio la razón al declarar inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En tanto, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, recordó que él “expresó en su momento un voto particular y no puedo agregar más; no quiero ponerle sal a la herida. Respeto la decisión de la Corte, que es la última instancia, ya no hay otro tribunal que enmiende esa decisión.
“Va a ser una decisión difícil, porque ya estaba trabajando la Guardia Nacional bajo el mando operativo de la Sedena”, dijo.
Damián Zepeda, del PAN, expresó que “lo importante es que esto le va a poner el último clavo al ataúd de la militarización en este país, pero, pues no basta con que ellos lo declaren inconstitucional, tenemos que presionar al gobierno para que le haga caso a la Corte, porque ya va a estar declarado inconstitucional.
“La Guardia va a pasar a la Secretaría de Seguridad Pública, pero no podemos regresar a como estábamos hace unos años, en donde, pues, era una simulación. Sí, la ley decía que era civil, pero todos sabíamos que mandaban al Ejército. ¡Basta!”, dijo.
Celebró que “hay ocho ministros valientes que se aguantaron la presión, que no le hicieron caso, que no se prestaron a ser tapetes ni subordinados del Gobierno federal. Tristemente tres... ”.
Miguel Ángel Mancera, del PRD, consideró que “se dio el debate, se nos dijo que no teníamos razón, pero hoy la Corte, con ocho votos a tres, a confirmado que es inconstitucional”, dijo.
Destacó que el fallo “es un reconocimiento de que el bloque de contención está cumpliendo con proteger el bloque constitucional”.
En Morena lamenta fallo; la oposición lo celebra
Por Aurora Zepeda Rojas y Ximena Mejía
El líder nacional de Morena, Mario Delgado lamentó que la Corte haya quitado “el blindaje” que el Presidente había querido poner a la Guardia Nacional para que fuera “incorruptible”.
Se manifestó en desacuerdo con la decisión de los ministros, pero apuntó que acatarán el fallo, aunque el objetivo de que la Guardia Nacional fuera operada por la Secretaria de la Defensa, era evitar que ocurriera lo qué pasó con la Policía Federal.
“Me parece lamentable la decisión de la Corte porque nos quita la posibilidad de tener el blindaje de esa institución hacia el futuro, que no pase lo que pasó con la policía de García Luna con tantos intentos de cuerpos policiacos que terminan infiltrados por la delincuencia, terminan siendo ineficaces por la corrupción”, dijo.
A su vez, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que el Poder Judicial dejó de lado la demanda de seguridad de los ciudadanos en las distintas regiones del país.
En Twitter, los coordinadores del PAN y PRI integrantes de la Alianza Va Por México, respaldaron el fallo de la Corte.
El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, refrendó que las y los diputados de su partido quieren que la seguridad pública sea civil, con policías locales bien equipados y entrenados.
Santiago Creel hizo un reconocimiento a los ministros que rechazaron el decreto inconstitucional.
El diputado y presidente del PRI, Alejandro Moreno, expresó que “es un acierto para garantizar el carácter civil de la GN”. Su partido en su momento promovió la ampliación de la GN en tareas de seguridad.