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Imposible, revocar el mandato de Graco Ramírez: Figueroa

La revocación de mandato no es una figura reconocida en el estado, por lo que no hay forma de someter al gobernador Graco Ramírez a un proceso de esta naturaleza, dijo la diputada Hortencia Figueroa Peralta, cuya posición fue respaldada por los legisladores de las diversas bancadas.

Luego del debate entre el mandatario estatal y el rector de la UAEM, la presidenta de la Junta Política dijo que el tema de la revocación de mandato no es una figura que se reconozca dentro de los esquemas de participación ciudadana, de acuerdo con la Reforma que el Congreso del Estado aprobó, aunque expuso que van a estar atentos a la resolución que se emita a nivel nacional.

En consecuencia, mencionó que en este momento no se tiene reconocida la figura de revocación de mandato, porque también fue parte de la valoración que se hizo en la aprobación de la reforma que no es una figura reconocida en la constitución General.

Empero, aseguró que existe una controversia constitucional que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el tema de la Ley de Participación Ciudadana, por lo que van a estar atentos a la resolución en la materia.

NECESARIO TRASPARENTAR RECURSOS DE LA UAEM: JAIME ÁLVAREZ

Por el tema del debate, el diputado Jaime Álvarez expuso que ya se hizo una auditoría y no se va a titubear, porque hay irregularidades graves que no se pueden ceñir a una lógica de las fosas de Tetelcingo.

Indicó que del encuentro con el titular de la Auditoría Superior de Fiscalización dio datos reales del 2013 respecto a que se utilizó a la UAEM para hacer "lavado de dinero" y se simularon operaciones financieras, además de que se utilizó a la Universidad para hacer un proceso de licitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tras acreditar que podían prestar todos los servicios, cuando en la realidad los subcontrataron y al final no se acreditó si fue así o no.

Indicó que el auditor presume que hay un lavado de dinero, informó que la auditoría del 2013 ya se cerró y se iniciaron varias denuncias penales, con lo que se fincarían responsabilidades penales y administrativas contra quien resulte responsable.

Se habla, expuso, de un contrato de la Sedesol por 700 millones de pesos para subcontratar a siete empresas distintas y luego todos los recursos llegan a una última empresa, lo que habla de una presunción de tipo penal para tipificar como lavado de dinero.

Por lo que se refiere al 2014, está por cerrarse la auditoría y también se habla de una simulación de actos jurídicos por alrededor de 500 millones de pesos, de acuerdo a lo que ha dicho el auditor de la Federación.

Dijo que los diputados llegarán hasta las últimas consecuencias no sólo con la Universidad, sino también con los Ayuntamientos, a través de las cuentas públicas que se empezarán a votar y no habrá lógica de autocomplacencias o autoperdón.

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