Aunque para sus tesis de licenciatura en la UNAM y doctorado en la Anáhuac haya robado textos ajenos, es impensable que Yasmín Esquivel no tenga nociones, así sea elementales, de Derecho, y aprendido al menos que su primera y ofendida Universidad es una institución federal, no local.

Ha de saber o suponer que la investigación de la UNAM no le favorecerá, pues de otro modo no le interesaría suspender o dilatar el resultado de la investigación.

La nueva suspensión que consiguió en un juzgado civil de Ciudad de México para mantener calladas a las autoridades universitarias respecto de su caso, lejos de ayudarla, la exhibe como una marrullera que no merece los títulos que ostenta y menos continuar formando parte del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Su deplorable sentido de la ética le impide preocuparse por la verdad y, consecuentemente, apurar el cáliz de su bochornoso papelazo, dejando de aferrarse al elevado cargo que jamás debió alcanzar.

Presumiblemente por su mal habido poder supo anticipadamente que la resolución del Tribunal Colegiado desecharía su demanda de amparo, fallo por cierto dictado por mayoría de dos magistrados contra uno, lo que es poco común en esas instancias, donde por lo general se dictan las sentencias por unanimidad, y sobre todo en asuntos como éste: el juzgado de distrito no debió admitir su demanda de amparo de la justicia federal, menos aún ordenar las cuestionables medidas cautelares que suspendieron el procedimiento de investigación y de información de la UNAM.

Es también de suponerse que la señora trafica sus influencias por el hecho de que un juez con jurisdicción capitalina (no federal) dictara inusitadas medidas cautelares con la coartada o pretexto de un juicio ordinario civil (¿por daño moral?) en contra de un ente jurídico de educación superior del orden federal.

Y es que una controversia de esta naturaleza debió plantearse ante un juez federal de distrito, no uno local, indudablemente incompetente para conocer de algo del fuero federal.

Adicionalmente, el Código de Procedimientos Civiles para Ciudad de México no regula ni autoriza medidas cautelares como las dictadas contra el rector Enrique Graue, el Comité de Ética, el Consejo Universitario y el abogado general de la UNAM, Hugo Concha, impidiéndoles informar del estado de la investigación de la tesis de licenciatura plagiada.

La estrategia que sigue es obvia: ganar tiempo a costa de pulverizar lo que le reste de honor.

Sabe bien que en las entidades federativas los jueces suelen complacer u obedecer a los gobernadores y en la capital del país a la jefa de Gobierno.

Apoyada que fue por el presidente López Obrador para que presidiera el Poder Judicial de la Federación (riesgo de que salvó a los mexicanos el académico Guillermo Sheridan con su insólito y trascendental hallazgo del primer plagio), la señora necea con hacerla de tos en tribunales mientras le sea útil a su amigo AMLO y goce del manto protector de su amiga Claudia Sheinbaum…