Diputados locales exigieron la renuncia de Cuauhtémoc Blanco Bravo como presidente municipal de Cuernavaca, al advertir que se "burló" de la ciudadanía por aceptar un contrato de siete millones de pesos para obtener el cargo político.
El Congreso local junto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) podrían iniciar un juicio de procedencia por diversas faltas que llegarían hasta la destitución del cargo.
Así lo dejó ver el diputado Carlos Alaníz Romero, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, quien calificó como lamentable la confirmación del rumor originado desde la campaña política, cuando se aseguraba que Cuauhtémoc Blanco llegó a la ciudad a competir por un cargo de elección popular a través de la firma de un contrato millonario.
Da pena, expuso, porque nuevamente "somos nota a nivel nacional" de algo desagradable y de un "jugueteo" que se hizo con la ciudadanía, en donde son partícipes el partido y el sujeto, de tal suerte que se deben tomar cartas en el asunto en materia jurídica.
Por parte del PAN, anunció, ya se revisan los cauces legales a seguir porque no puede quedar impune este juego, del cual fueron víctimas la sociedad y los votantes de esta persona; ahora se tienen que atener a las consecuencias porque hoy una guerra entre ellos exhibió lo que la gente ya sabía.
"En lo personal creo que por dignidad el señor (Blanco Bravo) tendría que retirarse y dejar el cargo porque es claro que sólo se burló de la ciudadanía y eso no se vale, y si él no lo ve así, entonces como Congreso del Estado iniciaremos el cauce jurídico para llegar hasta sus últimas consecuencias", expuso Alaníz Romero.
Si bien los ediles ya no tienen fuero, Cuauhtémoc Blanco tendrá que acatar jurídicamente la sentencia porque se está a casi un año de la elección y alguno de los esquemas jurídicos que se le pudieran incoar tienen caducidad y no ha prescrito, en ese sentido se analizará lo que procede en consecuencia porque se habla de un delito electoral.
Se tiene que investigar de dónde provienen los siete millones de pesos pagados al futbolista, pues los gastos de campaña no daban para eso y debe haber alguien que haya auspiciado este recurso; es decir, que se violaron los topes de campaña por parte del Partido Social Demócrata (PSD) y el propio futbolista.
En este mismo tenor se pronunció el diputado Alberto Martínez, del Partido de la Revolución Democrática (PRI), quien calificó como lamentable esta noticia y ahora la ciudadanía se ve decepcionada de esta manera.
Indicó que algunos diputados sí sabían de este contrato pero nunca lo vieron de manera directa, de tal suerte que sin elementos probatorios tampoco se podían aventurar a actuar en una situación de este tipo.
El legislador expuso que la gente de Cuernavaca deberá alzar la voz para hacer valer sus derechos y pedir sanciones, al tiempo de sumarse a las voces de sus homólogos para que Cuauhtémoc Blanco renuncie al cargo por la comisión de estos delitos.
En contraparte, Julio Yáñez, diputado del PSD, confirmó que el contrato mostrado a nivel nacional es real, aunque insistió en que fue firmado no por un partido político, sino entre particulares a través de Roberto Yáñez Moreno (su hermano) y el apoderado legal del ex futbolista.
Confirmó que el contrato fue firmado como una prestación de servicios entre particulares y las cláusulas son muy claras, además de asegurar que mucha gente sabía sobre la existencia del acuerdo desde hace un año y no se hizo público por condiciones de confidencialidad.
El legislador negó que el PSD y él estén involucrados en el acuerdo, aunque aceptó haber contactado al futbolista personalmente.
Explicó que se fijaron en Cuauh-témoc Blanco porque es un personaje público conocido, quien dijo tener su domicilio en Cuernavaca cuando en realidad es en Temixco.
Finalmente, la diputada Hortencia Figueroa dijo lamentó la condición en que se dio este acuerdo y para quienes votaron por él y lo vieron como una opción de Gobierno.
Sin embargo, más allá de circunstancias y valoraciones políticas, "es necesario iniciar una revisión para ver cuáles pueden ser las acciones jurídicas que puedan derivar luego de conocer formalmente este acuerdo".
Insistió en verificar la información y de confirmarse se tendrá que valorar al interior del Congreso para determinar las acciones a seguir.
No quiso adelantar una posible consecuencia de lo que pudiera suceder en el caso de la administración municipal, aunque expuso que más allá de las circunstancias políticas debe haber una valoración de la información y confirmar los hechos.