Si no le gusta que presente una iniciativa de reforma constitucional. Si no le alcanzan los votos para reformar la Constitución que los consiga en las urnas. Si no los puede conseguir en las urnas que se resigne. Cualquier otro camino conduce a la violencia.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), consignadas en la Carta Magna, se trasladen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los méritos de esta propuesta son irrelevantes. La arbitrariedad en las formas empleadas para conseguir el objetivo les sepultó varios metros bajo tierra. Esta semana nos tocó ser testigos del siguiente tramo en la jornada autoritaria del lopezobradorismo. En vez de presentar una iniciativa de reforma a la Constitución, el mandatario instruyó a su coalición en la Cámara Alta para que dinamite al órgano de la Federación responsable de garantizar los derechos a la información y a la protección de datos personales.

Luego, la obediencia inopinada del oficialismo en la Cámara Alta convirtió en verdugos de la Constitución a quienes debían ser sus custodios. Lo dijo ayer con todas sus letras el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal: “El bloque está muy sólido a favor del presidente”. Le faltó añadir que, ante la incapacidad de celebrar una reforma a la Carta Magna, el bloque está muy sólido para arrancar las páginas de ese texto fundacional.

En 2018 el pueblo de México tomó la decisión de entregar 76 de las 128 senadurías al oficialismo. Si la ciudadanía hubiese querido darle a López Obrador una mayoría capaz de hacer con la Constitución lo que le viniera en gana no habría nada que objetar. Pero no fue así. Con los asientos del oficialismo no alcanza para trasladar las funciones del INAI a la ASF.

Respetar al pueblo es respetar esa imposibilidad. El problema ocurre cuando las pulsiones autoritarias no encuentran resignación y entonces se acude a la rebeldía. Aquí ya no se trata de si el INAI es una institución costosa o de si ha hecho bien o mal su tarea, la cuestión en este momento es otra: a plena luz el presidente ordenó a sus 76 subordinados que clavaran sobre el artículo 6º de la Constitución una estaca envenenada y ellos ejecutaron la orden impidiendo de manera indefinida el funcionamiento del organismo autónomo del Estado encargado de garantizar varios derechos fundamentales.

Esta es la consecuencia más alarmante de la última arbitrariedad presidencial. Con su voz mañanera no solamente mandó a volar la institución sino a una serie de derechos que no pueden exigirse sino a través del INAI. Ordenó cerrar la ventanilla donde, entre otras cosas, se reclama la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información o la explicación de las decisiones públicas. También atrancó la puerta de la oficina en la que se denuncia el tráfico de nuestra identidad, la venta de los registros personales, el comercio de los expedientes médicos o la vulneración de la información relativa a nuestro domicilio, localización o comportamiento privado.

Argumenta el presidente que esta dependencia cuesta mucho y también que nunca ha servido para enfrentar la corrupción. Peor aún, afirma que solo fue creada para legitimar robos y ocultar información.

Hay que disentir. Desde que se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora INAI, el derecho a la información en México es más amplio y robusto. Hay un rosario larguísimo de temas que antes de su existencia podía gravitar alejado del ojo público sin que nadie pudiera hacer nada. Eso cambió con la reforma constitucional que se celebró en 2002.

Aquella iniciativa logró sumar a dos terceras partes de las personas que integraban entonces al Congreso y a la totalidad de las legislaturas locales. Lo mismo ocurrió en 2014, cuando el IFAI transitó de ser un órgano de carácter federal para convertirse en otro de naturaleza nacional.

Quien esté en contra del INAI y de los derechos que esta dependencia protege tendría que seguir la misma ruta para eliminarles. Eso dice la Constitución. Proceder de otra manera aniquila, nuevamente, varias páginas de la Carta Magna.

Evitar que se integre el pleno del órgano de gobierno del INAI es una prueba de debilidad, que no de la fortaleza del lopezobradorismo. Si tuviera mayoría constitucional no actuaría el presidente como lo está haciendo. Es un acto desesperado cuyos motivos son, esos sí, muy transparentes. El oficialismo prefiere lo oscuro a lo luminoso, la desinformación a la información, el espionaje a la protección de datos personales, el ocultamiento en vez de dar la cara, el manejo sin explicaciones de los dineros que son de todos, los contratos entregados a escondidas y la arbitrariedad a la hora de proporcio-

nar información.

Es alrededor de esta convicción autoritaria que la bancada senatorial oficialista cerró filas. Para justificar este comportamiento no hay otro argumento que la disciplina vertical, acrítica y autoritaria en torno a la opacidad.

Mañana les pedirán a estas senadoras y senadores que dinamiten a la Corte y muy probablemente así lo harán, o que destronen a un gobernador, o que dejen sin titular a la Fiscalía General de la República. Abdicaron al papel legislativo para colocarse sobre la cabeza la capucha del verdugo y en las manos los leños del incinerador.

Frente al recinto de la Cámara alta estamos viendo pasar la mortaja donde viaja la letra muerta de la Constitución.

El siguiente capítulo de esta trama es más que obvio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación saldrá de nuevo a corregir la plana y en ese momento el plan concebido desde Palacio Nacional estará completo. El INAI le habrá servido como antorcha para encender la hoguera que realmente importa. Aquella que le permitirá quitarse de encima cualquier control constitucional que aún le limite. No es ocioso preguntarse, desde ahora, qué páginas del texto constitucional sobrevivirán a esta masacre.