Lo habitual es que las mayorías legislativas de Morena y sus rémoras acaten las órdenes presidenciales de parchar leyes o aprobar las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, aun si violan con cínico descaro la Constitución, como se evidenció en el endoso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa que frenó la Suprema Corte de Justicia.
Esa ominosa regla se confirmó de nuevo el fin de semana con el palomeo exprés (“al vapor”, se decía cuando no había hornos de microondas) de una veintena de reformas a leyes secundarias, incluida la que modifica el nombre y estatiza las funciones, bajo el siniestro modelo norcoreano, del ex Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (marginando del consejo directivo a las instituciones de enseñanza superior públicas y privadas e incorporando a las fuerzas armadas en la toma de decisiones).
Como si trabajaran en una dependencia más del Poder Ejecutivo y no en el Poder Legislativo, las bancadas oficialistas pasaron por encima de las normas parlamentarias para sesionar y aprobar “con dispensa de trámite”, y muy probablemente sin leer, cuanto se les ordenó, excitadas por haber sido recibidas en las horas previas por AMLO en Palacio Nacional, desde donde el Presidente les instruyó qué hacer con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
“No titubeen. Se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan, y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos…”.
La intención es obvia: nada de garantizar “los bienes del pueblo”, sino la creciente opacidad gubernamental.
Sin embargo, la pretensión es irrealizable: el INAI es un organismo autónomo cuya existencia mandata la Constitución y para “desaparecerlo” se requiere modificar el artículo sexto que ampara los derechos de expresión e información. Cualquier cambio es inalcanzable mientras el lopezobradorismo no tenga en el Congreso (como en esta segunda mitad del sexenio) al menos dos tercios de los votos necesarios para remendar la Carta Magna.
El inaicidio fue también una ocurrencia fugaz de Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado quien, secundando a López Obrador en su embestida contra la institución, pergeñó una iniciativa de extinción, pero alguien le hizo ver lo estulto de su propuesta y “la bajó” unas horas después de haber quedado en ridículo.
La razón constitucional del INAI no es un simple enunciado: responde a ocho principios o bases y el alcance de sus operaciones, facultades y servicios abarca 20 párrafos (con una extensión equivalente a casi tres veces El asalto a la razón).
Por extraordinaria capacidad de abyección que tengan los senadores morenistas y morenianos, lo más que pueden hacer es continuar desacatando a la Suprema Corte para no designar a los tres comisionados que faltan y dejar sin posibilidad de sesionar a los cuatro que conserva el INAI...