Los hijos del Presidente

Se puede estar de acuerdo o no con la calidad de las dos nuevas investigaciones sobre los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y Andrés López Beltrán, que sugieren favoritismos y conflictos de interés que entran en una zona gris. Lo relevante no son los trabajos per se de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, sino que, en medio de los días de la mayor violencia presidencial contra medios, periodistas y sociedad civil en la memoria, hayan dado un paso hacia delante en uno de los temas que mayor enojo provoca en López Obrador: imputaciones sobre su familia; lo que lleva a preguntarse que si así estamos en el año cinco, ¿qué sucederá en el año siete u ocho? Es decir, ¿qué le vendrá encima a López Obrador cuando deje la Presidencia?

La corrupción siempre le ha pegado a López Obrador debajo de la línea de flotación, y hasta ahora ha salido avante. No le pasó nada –aunque tampoco quisieron actuar las autoridades en su momento– cuando se descubrieron ilegalidades en su fundación Honestidad Valiente, ni le impactaron todas las irregularidades en su declaración patrimonial. La victimización ha sido su blindaje, construido mediante esa estrategia que probablemente funcionará más allá de su sexenio. Pero la protección moral no se traspasa por ósmosis, aunque, como ayer, reitere el argumento moral de que sus hijos no son corruptos.

El Presidente se llena la boca de verdades, medias verdades y falsedades al hablar de la corrupción del pasado y justificar políticamente la presente. Las denuncias que se han hecho contra su entorno familiar y colaboradores, en volúmenes tampoco nunca antes vistos, han sido efímeros por la capacidad de López Obrador para apagar el fuego y desviar el rumbo de la conversación. De esa manera, estos ciclos político-informativos llevan a ver el árbol más cercano, pero nunca el bosque. Pero el bosque existe y lo sabe desde finales de 2021.

En aquel tiempo fue informado de la existencia de un número indeterminado de videos sobre presunta corrupción de sus familiares, que supuestamente tenían a su hijo Andrés como el protagonista de tales actos. Hubo alerta en Palacio Nacional y se buscó encontrar los videos en las redes sociales y atajarlos. Estaban inmersos en esa búsqueda cuando, a mediados de enero, apareció la investigación sobre la famosa casa gris de Houston, donde la imputación al hijo mayor del Presidente, José Ramón, era que había incurrido en un conflicto de interés. Toda la atención política y mediática se centró en esa revelación, que fue tan abrumadora que lo más importante que sucedió esos días pasó desapercibido.

La víspera de la revelación de la casa gris apareció en las redes sociales un video donde el hijo menor del Presidente estaba en un antro, que personas que lo reconocieron dijeron que estaba en Houston. Al día siguiente de la publicación de ese trabajo, apareció otro video, del mismo hijo, bailando junto a una alberca, precisamente, de la casa gris. Ninguno de los dos videos estaba asociado con la investigación sobre la propiedad en Houston, y la fuente de ellos se mantiene todavía como un enigma.

Esos videos están presumiblemente vinculados con aquellos que mencionaban que su hijo Andrés aparecía en actos de corrupción, producto, le confirmaron al Presidente en marzo, de sus adversarios políticos, que no saben quiénes son, que están financiando investigaciones sobre la corrupción en el entorno de López Obrador. Otro video, aparentemente salido de la misma fábrica negra, es donde aparece Alejandro Esquer, el secretario particular del Presidente, depositando un millón y medio de pesos en una cuenta de donde salieron apoyos a varios políticos de Morena. Esa operación nunca brincó en la Secretaría de Hacienda, ni fue reportada por Esquer o su jefe.

La difusión de esos videos ha sido administrada por ese grupo de personas que tienen lo que se conoce como opposition research, que es un equipo que se dedica a buscar la basura de políticos para ser utilizada en su contra. El método usual que se emplea es peinar noticias o artículos en la prensa, revisar documentos judiciales, ir de pesca a las redes sociales para encontrar referencias, videos y blogs con un potencial de daño considerable. No están en un medio de comunicación ni en una institución; son una estructura profesional que trabaja clandestinamente.

La denuncia de corrupción de gobiernos priistas y panistas le dio un fuerte impulso a López Obrador en 2018 entre amplios segmentos de la sociedad que nunca habían votado con él, y es el tema donde, cada vez que ha salido una presunta ilegalidad en su entorno, tiene un efecto negativo sobre su persona. Aunque todavía no se refleja en su aprobación, la percepción de que hay corrupción en el gobierno se mantiene alta, 40% de los mexicanos, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero. Es decir, hay condiciones objetivas para que este tema prenda en la opinión pública.

El tema no va a desaparecer, e incluso existe la posibilidad de que, en la medida en que se acerca el final del sexenio, se agudicen las denuncias. Aumentarán los funcionarios y burócratas que tienen acceso a información delicada que irán filtrando documentación a medios y organizaciones civiles, en la medida que le van perdiendo el miedo a represalias. Los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por Guacamaya, contribuirán a esta sangría. Igualmente, los grupos interesados en desacreditarlo tienen el arsenal para aumentar la presión y descalificación.

No son pocas las personas que, con conocimiento de primera mano, cuentan experiencias y anécdotas de cómo en el entorno presidencial la corrupción ha llegado a niveles nunca antes vistos. La negación del Presidente sobre los señalamientos de corrupción en su entorno y de la existencia de los conflictos de interés sólo tienen como fuerza su palabra, que se irá agotando en la medida que el poder empiece a ser transferido. No falta mucho para esto y, al mismo tiempo, hay de sobra para la mañana siguiente.